La cara m¨¢s amarga JOS? MONTILLA

Hace unos d¨ªas, Josep Ramoneda escrib¨ªa un art¨ªculo en estas mismas p¨¢ginas en el que dec¨ªa que "la peripecia parlamentaria de la Ley de Extranjer¨ªa confirma que el Gobierno, al llegar la hora de la verdad, abandona sus veleidades centristas y ense?a su cara m¨¢s amarga". Creo que tiene toda la raz¨®n, pero la amargura tambi¨¦n se refleja en la actitud que ha mantenido CiU, no s¨®lo en el tr¨¢mite de esta ley, sino en toda la legislatura.Lo que m¨¢s llama la atenci¨®n es por qu¨¦ la coalici¨®n nacionalista adopta el papel de salvador en los desaguisados que hace el partido del Gobierno, llegando incluso a situaciones extremas como se ha demostrado en la Ley de Extranjer¨ªa. Solamente cuando la soledad gubernamental era evidente y la derrota parlamentaria palpable, CiU abandona al Gobierno a su suerte. Hasta ese momento CiU intenta, por encima de sus propias convicciones, salvar la cara al PP.

La pol¨ªtica hace extra?os compa?eros de viaje, y por eso nadie se va a rasgar las vestiduras, pero el papel que protagoniza CiU en la pol¨ªtica espa?ola va m¨¢s all¨¢ de la corresponsabilidad en la estabilidad del pa¨ªs, argumento muy recurrido tanto por populares como por la derecha nacionalista. No es nuevo en esta legislatura que ante fiascos monumentales CiU adopte un papel que no le corresponde.

Hace cuatro a?os asistimos a una intensa negociaci¨®n sobre financiaci¨®n auton¨®mica. El Pacto del Majestic es hoy sin¨®nimo de tomadura de pelo y ha supuesto una reducci¨®n de los ingresos de la Generalitat. Tampoco parece que el pacto CiU-PP haya propiciado un aumento de las inversiones p¨²blicas, y aunque se esfuercen en cifrarlas en un 16%, lo cierto es que suben apenas unas d¨¦cimas por encima del 11%. Pues aun as¨ª, CiU se esfuerza en defender la labor del Gobierno cuya gesti¨®n poco o nada ha beneficiado a Catalu?a y a los catalanes.

La ley del aborto provoc¨® un amplio debate social y CiU, bajo la f¨®rmula de libertad de voto, impidi¨® que las mujeres pudieran decidir sobre cuestiones que les ata?en directamente. Un diputado de CiU -tambi¨¦n alcalde de Tarragona que acaba de estrenar un pacto con el PP- que en numerosas ocasiones se hab¨ªa pronunciado a favor de ampliar la ley, vot¨® en contra en el Congreso. La ley no sali¨® adelante y CiU fue su garante.

Tampoco ha sido suficiente la ca¨®tica gesti¨®n del ministro de Fomento ni la escasa ¨¦tica del ministro de Industria para que CiU les pidiera explicaciones. Es m¨¢s, los diputados nacionalistas han justificado su comportamiento y, por tanto, se responsabilizaron de la gesti¨®n de Arias-Salgado y ampararon la conducta de Piqu¨¦. Esta actitud, sin parang¨®n en ning¨²n pa¨ªs europeo, se ha extendido a actuaciones que ofenden la dignidad de los ciudadanos, como las opciones sobre acciones de Telef¨®nica, una empresa privatizada que ha permitido a unos pocos obtener ping¨¹es beneficios.

En las tribulaciones de CiU encontramos otros ejemplos. La privatizaci¨®n del sector el¨¦ctrico ten¨ªa que concretarse en una el¨¦ctrica catalana fuerte, con su gesti¨®n en Catalu?a, con influencia en las decisiones del sector y con respuesta a las necesidades de los usuarios. CiU no s¨®lo no lo ha logrado, sino que adem¨¢s la p¨¦rdida de influencia de las el¨¦ctricas catalanas se ha traducido en una menor inversi¨®n en la modernizaci¨®n de la red. Lo lamentable es que CiU no puede invertir esta situaci¨®n y s¨®lo acierta a rasgarse las vestiduras ante los continuos cortes de suministro, eso s¨ª, culpando de falta de previsi¨®n a los ayuntamientos.

Este sumiso papel de CiU ha anulado su capacidad de juicio cr¨ªtico. El PP ha incumplido de forma flagrante propuestas electorales que fueron armas arrojadizas contra el PSOE, como la reducci¨®n de cargos de confianza, que no ha sido tal sino que al contrario ha aumentado, y no hemos visto por ello el menor atisbo de cr¨ªtica. Y tampoco ha existido cr¨ªtica en aspectos b¨¢sicos de la vida cotidiana como la privatizaci¨®n de la sanidad o el medicamentazo. A pesar de la oposici¨®n inicial, el voto de CiU ha permitido que los ciudadanos tengan que asumir el coste de los medicamentos y que la asistencia sanitaria, en otras comunidades, se realice en funci¨®n de criterios