El testimonio de Vera reabre el juicio por la muerte de Lasa y Zabala

El juicio por el asesinato de los etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala en 1983 se reanuda este martes con el interrogatorio del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, para el que el fiscal pide dos a?os de c¨¢rcel y 16 de inhabilitaci¨®n por delito de encubrimiento. Vera, al igual que el abogado vinculado al Ministerio del Interior Jorge Argote, est¨¢ acusado de ocultar, entre 1991 y 1994, los hechos y a los autores del secuestro, torturas y asesinato de los citados etarras.

Seg¨²n el fiscal, el Ministerio del Interior, ante las quejas de los polic¨ªas y guardias civiles de que no ten¨ªan una efectiva defensa jur¨ªdica cuando eran juzgados en el Pa¨ªs Vasco por delitos de torturas, decidi¨® en 1983 poner a Argote al frente del Departamento de Servicios Jur¨ªdicos. El equipo de Argote se hac¨ªa cargo de la defensa de los agentes no s¨®lo en los casos de torturas, sino tambi¨¦n en otros procedimientos, y as¨ª asisti¨® como abogado defensor a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo -los acusados como autores materiales del crimen- en varios procesos penales por delitos de robo, torturas, cohecho y amenazas, en los que luego resultaron condenados.Argote supo tambi¨¦n que como consecuencia de esas condenas Dorado y Bayo iban a ser expulsados de la Guardia Civil, por lo que ten¨ªan previsto denunciar la actuaci¨®n de sus superiores en el caso Lasa-Zabala, si ¨¦stos no les ayudaban. El abogado, seg¨²n el fiscal, comunic¨® la situaci¨®n a Rafael Vera, quien, a cambio del silencio de ambos, adopt¨® varias medidas que les beneficiaron entre 1991 y 1994.

Bayo fue enviado a Estados Unidos, donde sigui¨® un curso de piloto que cost¨® seis millones de pesetas, abonado con fondos de Interior. A su regreso, y debido a la depresi¨®n que padec¨ªa, estuvo en tratamiento psiqui¨¢trico en la cl¨ªnica L¨®pez Ibor, terapia financiada de igual forma.

Inestabilidad

No obstante, y dada la inestabilidad emocional de Bayo, ante el temor de que pudiera relatar lo ocurrido a los facultativos que le atend¨ªan, Argote solicit¨® al entonces director general de la Guardia Civil, Luis Rold¨¢n, que gestionase su ingreso en el Hospital Psiqui¨¢trico Militar, a pesar de que Bayo ya hab¨ªa sido expulsado del instituto armado. Rold¨¢n, por orden de Vera, entreg¨® a los padres de Bayo dos millones de pesetas procedentes del presupuesto de Acci¨®n Social de la Guardia Civil, que se nutr¨ªa de fondos de la imprenta de la Asociaci¨®n de Hu¨¦rfanos del cuerpo.

Respecto a Dorado, Argote utiliz¨® sus relaciones con el Ministerio de Defensa para lograr que tanto a ¨¦l como a Bayo, a pesar de haber sido expulsados de la Guardia Civil, se les asignara una pensi¨®n que, seg¨²n el fiscal, "resultaba, a todas luces, desorbitada". Ambos contin¨²an en la actualidad cobrando pensiones del 200% del sueldo que percib¨ªan cuando estaban en activo.

Tanto Vera como Argote han negado los hechos.

A partir del d¨ªa 13 comienzan a declarar los testigos: los primeros, tres personas que hab¨ªan quedado citados con Lasa y Zabala en Bayona el d¨ªa de su desaparici¨®n. Despu¨¦s, los hermanos de los dos etarras; la locutora de la Cadena SER en Alicante que el 21 de enero de 1984 recibi¨® la llamada telef¨®nica por la que los GAL reivindicaron las muertes de Lasa y Zabala, y el cazador que encontr¨® los restos mortales en la Foya Coves de Busot (Alicante).