El caso de la B-30 FRANCESC DE CARRERAS

Los que circulamos casi a diario por la autopista que discurre por el Vall¨¨s, desde el tramo que comienza despu¨¦s de Martorell hasta pasado Mollet, experimentamos el lunes de esta semana una extra?a, relajante, agradabil¨ªsima sensaci¨®n: exactamente pasamos a disfrutar los efectos de la supresi¨®n de un injustificable y disfuncional peaje.La B-30, que es la denominaci¨®n de este tramo, era un caso especial y ¨²nico entre las autopistas catalanas: supon¨ªa pagar un peaje para poder circular por la calle Mayor de una nueva ciudad en construcci¨®n formada por el antiguo municipio de Barcelona y por la nueva zona metropolitana que, a partir de lo que eran peque?os n¨²cleos urbanos hace 50 a?os, se est¨¢ construyendo tras la sierra de Collserola. Este nuevo Eixample tiene su eje vertebrador, su paseo de Gr¨¤cia, en la hasta ahora autopista de peaje B-30.

?Por qu¨¦ los habituales transe¨²ntes experimentamos esta extra?a, relajante y agradable sensaci¨®n? Porque sab¨ªamos lo que era, diariamente, el acceso y el paso por esta autopista, sab¨ªamos de sus agobiantes colas, de la congesti¨®n que provocaba en los accesos, de la tensi¨®n que ello provocaba en las horas punta. Tambi¨¦n sab¨ªamos de la rabia que provocaba que las administraciones no se preocuparan del problema y de la irritaci¨®n que produc¨ªa el ver c¨®mo el tramo central de peaje era utilizado por unos pocos, discurriendo lenta y apretadamente la mayor¨ªa por unos laterales atestados de coches. Y tambi¨¦n, en las muchas horas que hemos pasado parados, dentro del coche, a veces con m¨²sica agradable o un buen programa de radio, hemos podido meditar sobre la disfuncionalidad puramente econ¨®mica que ello produc¨ªa: el gasto de gasolina in¨²til, el tiempo y la salud perdidos por los conductores.

Sin embargo, desde los tiempos del ministro Gonzalo Fern¨¢ndez de la Mora, un franquista ide¨®logo de las dictaduras tecnocr¨¢ticas, lo que era una petici¨®n popular clamorosa y una irracionalidad econ¨®mica obvia no era atendida por unos poderes p¨²blicos que deben procurar el inter¨¦s general por encima de los particulares. No debe olvidarse que tras ese peaje hab¨ªa -y sigue habiendo- un buen negocio: ACESA, la concesionaria de la autopista, ha cifrado en 4.000 millones de pesetas sus ganancias anuales que, a partir de ahora, le seguir¨¢ pagando el Ministerio de Fomento. Los responsables pol¨ªticos de haber prorrogado la concesi¨®n deber¨ªan explicar las razones de esta pr¨®rroga y su justificaci¨®n desde el punto de vista de los intereses p¨²blicos. En caso de no convencer, deber¨ªamos pensar que, o bien la pol¨ªtica de autopistas ha sido err¨®nea o bien se han favorecido intereses privados, lo cual es todav¨ªa m¨¢s injustificable, y estos 4.000 millones anuales se pagar¨¢n a partir de ahora por la irresponsabilidad de los que adoptaron la decisi¨®n de prorrogar la concesi¨®n.

No olvidemos, por otra parte, que el principal accionista de ACESA es La Caixa, la entidad financiera m¨¢s importante de Catalu?a que, ayer precisamente, declar¨® unos beneficios en el a?o 1999 de 120.800 millones de pesetas por sus participaciones empresariales, el 9,6% m¨¢s que el a?o anterior. Est¨¢ bien, en una econom¨ªa de mercado, hacer beneficios. No lo est¨¢ que ¨¦stos se hagan en perjuicio del derecho de circular de los ciudadanos por la v¨ªa p¨²blica y, como hemos visto, en detrimento de la econom¨ªa general del pa¨ªs. En todo caso, los responsables de velar por los intereses p¨²blicos no son las empresas privadas sino los poderes p¨²blicos.

De este complejo y significativo caso de la B-30 deben sacarse tres conclusiones. Primera, la iniciativa de poner en cuesti¨®n la pol¨ªtica de autopistas en Catalu?a no ha partido de los poderes p¨²blicos competentes ni de los partidos pol¨ªticos sino de la sociedad civil: los ciudadanos y empresas afectadas que han alertado a la opini¨®n p¨²blica sobre la irracionalidad de tal pol¨ªtica. En este aspecto, el trabajo t¨¦cnico del Consorcio Xarxa Vi¨¤ria -formado por algunos de los ayuntamientos afectados- ha sido decisivo y ejemplar. Conclusi¨®n: en una democracia, el ciudadano raso, el ciudadano de a pie, tiene importantes poderes si sabe actuar con seriedad, constancia e inteligencia.

Segunda, las Administraciones P¨²blicas, en un sistema federal como el nuestro, deben actuar coordinadamente. Si sobre las v¨ªas de comunicaci¨®n tienen competencia el Estado, la Generalitat y los municipios, los tres poderes -sin reticencias ni recelos- deben planificar sus actuaciones conjuntamente y s¨®lo de esta manera actuar¨¢n de forma adecuada a los intereses generales. Esta necesidad de coordinaci¨®n deriva de la naturaleza federal de nuestro Estado de las autonom¨ªas, y el no tener en cuenta, por razones ideol¨®gicas, dicha naturaleza causa serios perjuicios al ciudadano. Hacer verdadera pol¨ªtica es suprimir el peaje de la B-30, no centrar esfuerzos en tener selecciones deportivas nacionales, por supuesto de la nacionalidad que sean.

Tercera, este paseo de Gr¨¤cia de la nueva Barcelona no conseguir¨¢ plenamente su objetivo vertebrador sin una planificaci¨®n conjunta de la red urbana que deben llevar a cabo los poderes p¨²blicos afectados, especialmente los municipios colindantes y la Generalitat. La supresi¨®n de la Corporaci¨®n Metropolitana hace quince a?os fue un grave error que se est¨¢ pagando caro. El cese de Solans como director general de Urbanismo de la Generalitat parece indicar que las cosas, en lugar de mejorar, empeoran.