Los defensores de los derechos humanos en Chile, aliviados con la derrota de Lav¨ªn

Los activistas a favor de los derechos humanos respiraban con alivio anoche al saber que Ricardo Lagos ser¨¢ el nuevo presidente de Chile. Tem¨ªan la posibilidad de que, en caso de ganar, el candidato de la derecha, Joaqu¨ªn Lav¨ªn, pusiera fin a los avances recientes para hacer justicia por los cr¨ªmenes cometidos durante la dictadura. Los m¨¢s optimistas estimaban que el pragmatismo del candidato derechista permit¨ªa augurar esperanzas de que, al menos, continuar¨ªan los procesos ya en marcha. La victoria, finalmente, ha sido para Lagos, "m¨¢s comprometido con la independencia del poder judicial", seg¨²n los analistas.

"Detr¨¢s de Lav¨ªn est¨¢n los mismos que nos oprimieron", afirmaba la presidenta de la Asociaci¨®n de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana D¨ªaz, militante del Partido Comunista. D¨ªaz llam¨® ayer a votar por el candidato socialista, Ricardo Lagos, aunque tambi¨¦n tiene dudas de que ¨¦ste d¨¦ satisfacci¨®n a los deseos de justicia de las v¨ªctimas de la dictadura.El presidente de la Comisi¨®n de Derechos Humanos chilena, Jaime Castillo, viejo militante de esta causa y miembro de la Democracia Cristiana, cree que "un Gobierno de Lagos ayudar¨¢ m¨¢s a los derechos humanos, no porque Lav¨ªn no pueda hacerlo, sino porque lo que hay detr¨¢s de cada uno va a pesar de forma muy importante a la hora de afrontar estas causas, sobre todo cuando est¨¢n referidas al pasado".

Jaime Castillo tem¨ªa que Joaqu¨ªn Lav¨ªn hubiese intentado una soluci¨®n de punto final en el esclarecimiento de los delitos cometidos durante el r¨¦gimen militar, aunque cree que no le hubiera sido f¨¢cil cerrar los procesos que ya est¨¢n en marcha y son objeto de una avanzada investigaci¨®n contra algunos altos oficiales del Ej¨¦rcito vinculados a Pinochet.

El abogado Hugo Guti¨¦rrez, que tiene presentadas 12 querellas contra Pinochet ante el juez Juan Guzm¨¢n por medio centenar de asesinatos cometidos durante la dictadura, estaba convencido de que la victoria de Lav¨ªn habr¨ªa puesto fin a los procesos instruidos por ese magistrado. "El poder judicial en Chile siempre ha tenido un o¨ªdo puesto en La Moneda [sede presidencial], de donde dependen sus ascensos y su carrera, por lo que un Gobierno de Lav¨ªn acabar¨ªa con los esfuerzos hechos hasta ahora", aseguraba el abogado.

Guti¨¦rrez afirmaba, sin embargo, que Lagos "est¨¢ claramente comprometido con la independencia del poder judicial y eso permite mantener esperanzas de que se termine haciendo justicia". Hugo Guti¨¦rrez y Viviana D¨ªaz coincid¨ªan en que la propuesta de Lav¨ªn de mirar hacia el futuro olvidando el pasado hubiera supuesto la eliminaci¨®n del debate pol¨ªtico chileno del asunto de las responsabilidades por la represi¨®n militar, mientras que Jaime Castillo consideraba que la presi¨®n de la opini¨®n p¨²blica va a obligar en cualquier caso a respetar el trabajo del juez Guzm¨¢n. Este magistrado instruye actualmente m¨¢s de medio centenar de querellas por asesinatos y desaparecidos durante el Gobierno militar. Entre los planes del juez est¨¢ el de someter a Pinochet a un examen m¨¦dico a su regreso a Chile y, a menos que esa prueba revele que el exdictador sufre locura o demencia, interrogarle posteriormente.

En sus ¨²ltimas declaraciones de la campa?a electoral, tanto Lagos como Lav¨ªn se comprometieron a garantizar la independencia de los jueces, y ambos admitieron la posibilidad de que Pinochet sea procesado en Chile. "Si los jueces lo requieren, tendr¨¢ que responder ante los tribunales como cualquier chileno", declar¨® Lav¨ªn en relaci¨®n a esa posibilidad.

Muchos analistas apuntan, no obstante, que son tantos y tan estrechos los lazos que unen a Lav¨ªn y sus colaboradores con las Fuerzas Armadas, que las palabras del candidato de la derecha s¨®lo pod¨ªan ser interpretadas como una mera estrategia de campa?a. El Ej¨¦rcito est¨¢ preocupado con el peligro de que las investigaciones en marcha, adem¨¢s de implicar a Pinochet, obliguen al desfile de decenas de altos oficiales por los tribunales para responder, como testigos o como imputados, a las preguntas de los jueces.

En estos momentos, el marco en el que se debate esa pol¨¦mica es el de la Mesa de Di¨¢logo, en la que participan los militares, el Gobierno y los grupos de derechos humanos.