El fiscal pide 200 millones de fianza para Jes¨²s Gil y 100 para su hijo y Cerezo

El fiscal del caso Atl¨¦tico pidi¨® ayer al juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n que imponga una fianza para eludir prisi¨®n de 200 millones a Jes¨²s Gil, 100 a su hijo Miguel ?ngel y otros 100 para el ex vicepresidente Enrique Cerezo. El juez, previsiblemente, decidir¨¢ hoy. El caso tambi¨¦n sufri¨® ayer otro revuelo al alegar la defensa de Gil que el real decreto de 1969 que autoriza la administraci¨®n judicial del club est¨¢ derogado expresamente por la Ley de Enjuiciamiento Civil promulgada en el BOE del pasado 8 de enero, aunque no entrar¨¢ en vigor hasta dentro de un a?o, en enero de 2001.

La continuidad de la administraci¨®n judicial fue r¨¢pidamente puesta en entredicho por la defensa de Jes¨²s Gil, en tanto que el fiscal Carlos Castresana dijo que no tiene consecuencias y que "en el 2001 hablaremos".A la vista de la situaci¨®n, el juez aplaz¨® su pronunciamiento sobre las medidas cautelares reclamadas por el fiscal: 200 millones de fianza para que Jes¨²s Gil pueda eludir la prisi¨®n y 100 millones en los casos de su hijo Miguel ?ngel Gil Mar¨ªn, director general del Atl¨¦tico, y del ex vicepresidente del club, Enrique Cerezo. El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n se pronunciar¨¢ previsiblemente hoy sobre las medidas solicitadas por Castresana, y estudiar¨¢ el alcance de la derogaci¨®n alegada por la defensa.

La disposici¨®n derogatoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) pas¨® aparentemente desapercibida a todas las partes, hasta que ayer, la defensa de Gil present¨® un escrito en el juzgado reclamando su aplicaci¨®n. Dicha disposici¨®n deroga expresamente, en su apartado 17, el decreto-ley 18/1969 de 20 de octubre, el llamado decreto Matesa sobre administraci¨®n judicial en caso de embargo de empresas, aplicado en el caso del Atl¨¦tico.

Pero al no entrar en vigor la ley hasta el 7 de enero de 2001, dicho decreto parece estar vigente al tratarse de una medida cautelar acordada antes de la entrada en vigor de la LEC. Sin embargo, la disposici¨®n transitoria s¨¦ptima contempla que "se podr¨¢ pedir y obtener su revisi¨®n y modificaci¨®n con arreglo a la presente ley".

Aunque todo es interpretable, la disposici¨®n transitoria parece dejar al criterio del juez la revisi¨®n de la administraci¨®n judicial de Luis Manuel Rub¨ª, y su sustituci¨®n por el nuevo sistema establecido en la LEC. A decir del defensor de Gil, el catedr¨¢tico Horacio Oliva, un sistema "en el que se ponen de acuerdo acreedores y deudores, y todo se hace de mutuo acuerdo". No obstante, expertos juristas consultados por este peri¨®dico indicaron que la transitoriedad no es aplicable hasta el a?o 2001.

A su salida del juzgado, donde compareci¨® en la vistilla en la que el fiscal pidi¨® para ¨¦l 200 millones de fianza, Gil, con aspecto mucho m¨¢s satisfecho que el del d¨ªa que compareci¨® a declarar, se aferr¨® a la parte del decreto que m¨¢s le interesaba: "Me han quitado el club por un decreto ley de Matesa que est¨¢ expresamente derogado el 8 de enero. Es muy duro ?eh? Aqu¨ª est¨¢ el escrito diciendo lo que hay, que es una ley derogada. Aunque para Gil valga todo, ?co?o!, ya derogado y todo no..."

Gil sostuvo que "cualquier cosa que se acepte aqu¨ª tendr¨¢ que adaptarse a esta nueva ley, pero como lo m¨ªo es tan especial..." Agreg¨® despu¨¦s que se enter¨® de la derogaci¨®n del real decreto el domingo por la noche y brome¨®: "Yo no lo he descubierto, me lo han descubierto. Esto es para m¨ª el d¨¦cimo de loter¨ªa, el del Ni?o..."

El ex presidente del Atl¨¦tico carg¨® contra la gesti¨®n del administrador judicial designado por Garc¨ªa-Castell¨®n, Luis Manuel Rub¨ª, "que cumple ¨®rdenes espec¨ªficas": "Ha cogido ahora 5.000 millones, porque la idea es gastarse el dinero, pagar a Hacienda, y dentro de 15 d¨ªas decir que no hay dinero, que este proyecto es inviable, y a liquidar..."

El fiscal Carlos Castresana fundament¨® su petici¨®n de medidas cautelares para Gil, su hijo y el ex vicepresidente del Atl¨¦tico en el "riesgo de reincidencia en el delito" ya que, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, el fiscal aleg¨® que Gil puede seguir realizando contratos con dinero negro, puesto que ha reconocido que lo hizo en el pasado.

Acusaciones particulares

Por el contrario, y contra lo que es habitual, las acusaciones particulares no secundaron la petici¨®n de prisi¨®n del fiscal.

El abogado de la asociaci¨®n Neptuno, Juan Carlos Riera, que representa a varios accionistas del club, consider¨® "todav¨ªa muy precipitado" pedir medias cautelares contra Gil, ya que antes hubiera preferido aclarar algunas actas de las juntas, los contratos con la sociedad holandesa Van Doorn o pedir la declaraci¨®n del notario que autoriz¨® la escritura de transformaci¨®n del Atl¨¦tico en sociedad an¨®nima deportiva.

Pese a ejercer la acusaci¨®n popular, Riera insisti¨® en que "no ten¨ªa sentido" la vistilla contra Gil "en este momento", y respecto a Cerezo y Gil Mar¨ªn no crey¨® que fuera necesaria "medida cautelar de ning¨²n tipo".

Al igual que el fiscal, este abogado opin¨® que la derogaci¨®n de la administraci¨®n judicial no tendr¨¢ lugar hasta el a?o 2001, pero expres¨® su preocupaci¨®n por la situaci¨®n del club y pidi¨® que, de seguir la administraci¨®n judicial, se nombren al menos los interventores previstos en el decreto Matesa.