Mariscal no abord¨® la reforma de la Justicia penal ni de la fiscal¨ªa

Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia, no cumpli¨® los compromisos m¨¢s importantes con los ciudadanos del programa electoral del PP: no promovi¨® una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni abord¨® una "redefinici¨®n m¨¢s estricta de las competencias de la Audiencia Nacional", ni remodel¨® la Polic¨ªa Judicial, ni reform¨® el Estatuto del Ministerio Fiscal para garantizar "la autonom¨ªa de la Fiscal¨ªa General".En cambio, logr¨® la aprobaci¨®n de 38 iniciativas legislativas -con la discutida Ley de Enjuiciamiento Civil a la cabeza-, pero sin suprimir el atasco de los tribunales ni atajar "la desertizaci¨®n judicial", denunciada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Delgado.

Mariscal de Gante propuso como fiscal general a Juan Ortiz ?rculo, presidente de la asociaci¨®n mayoritaria y conservadora, que intent¨® nombrar fiscal jefe de la Audiencia Nacional al ultraconsevador Luis Poyatos, que al fin renunci¨®. La ministra elev¨® tambi¨¦n a la c¨²pula de la fiscal¨ªa a Jes¨²s Cardenal, un numerario del Opus Dei con antecedentes antidemocr¨¢ticos, que afront¨® la oposici¨®n un¨¢nime del Consejo Fiscal para proponer a Eduardo Fungairi?o -uno de los caudillos de los fiscales indomables-, como fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

El orden de prioridades de Justicia qued¨® de manifiesto cuando se reform¨® la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para regular el viaje de ida y vuelta de los jueces a la pol¨ªtica, mientras se incumpli¨® el compromiso electoral del PP de "reformar el sistema de responsabilidad de los jueces y magistrados, que ampl¨ªe los supuestos de indemnizaci¨®n a los particulares".

Entre las leyes aprobadas, destaca la Org¨¢nica de Responsabilidad Penal de los Menores, para cuya entrada en vigor, en 2001, ser¨¢ precisa una ingente dotaci¨®n de medios, y la Reguladora de la Jurisdicci¨®n Contencioso-Administrativa, complementada con la creaci¨®n de 154 ¨®rganos judiciales unipersonales de esta jurisdicci¨®n.

La inversi¨®n en obras, para nuevos edificios o mejoras, ha sido de 21.073 millones de pesetas durante la legislatura, incluyendo lo presupuestado para 2000. En todo caso, el presupuesto de Justicia no super¨® ning¨²n a?o el 1% del total de gastos del Estado.