La figura de senador vitalicio viola los derechos humanos, seg¨²n la OEA

La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos hizo p¨²blico ayer un informe contra la figura de los senadores designados y vitalicios en Chile, por considerar que viola los derechos humanos, y recomienda al Estado chileno su derogaci¨®n. La resoluci¨®n sostiene que el nombramiento de los senadores designados y vitalicios, a que se refiere el art¨ªculo 45 de la Constituci¨®n de 1980, vigente en Chile desde la dictadura de Pinochet, "establece claras discriminaciones, al permitir el acceso al Senado, que es una C¨¢mara colegisladora, a personas al margen de la voluntad popular". La comisi¨®n depende de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA)."?sta es una discriminaci¨®n arbitraria", a?ade la comisi¨®n, en referencia a una disposici¨®n contemplada en la Constituci¨®n de 1980, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. En consecuencia, la comisi¨®n que depende la OEA, recomienda al Estado chileno "adoptar las medidas necesaria para adecuar su ordenamiento jur¨ªdico interno a las disposiciones de la Convenci¨®n Americana, a fin de que se garantice plenamente a todos los ciudadanos chilenos, incluidas las v¨ªctimas en el presente caso, el ejercicio de su derecho a votar y a ser elegidos en condiciones generales de igualdad".

Los nueve senadores designados dan la mayor¨ªa a la derecha en la C¨¢mara alta, lo que le confiere en la pr¨¢ctica un poder de veto a las reformas democr¨¢ticas del aparato de Estado heredado de la dictadura.

El presidente electo, Ricardo Lagos, ha expresado su voluntad de buscar consenso para dichas reformas, pero la oposici¨®n de derecha ya ha adelantado que los asuntos pol¨ªticos no son una prioridad en Chile.

Con un mandato de ocho a?os, estos nueve parlamentarios no elegidos son cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas designados por el Consejo de Defensa Nacional (Cosena); dos exmiembros de la Corte Suprema, a los que nombra esta misma instituci¨®n; un excontralor general de la Rep¨²blica; un exministro de un Gobierno anterior; y un exrector de la universidad, ¨¦stos, designados por el presidente de la Rep¨²blica.

El fallo de la Comisi¨®n Interamericana es la respuesta a la denuncia presentada en enero de 1998 por 11 destacados abogados chilenos, entre los que se encuentran antiguos parlamentarios, ministros, embajadores y miembros del Tribunal Constitucional. El Estado chileno, a trav¨¦s de la canciller¨ªa, opuso como defensa que la denuncia no aborda un tema espec¨ªfico de derechos humanos, sino cuestiones jur¨ªdicas y pol¨ªticas que escapan al mandato de la comisi¨®n, y que, finalmente, la materia debatida es propia del ¨¢mbito interno chileno.

Car¨¢cter corporativo

Tras dos a?os de debates y r¨¦plicas, se ha difundido el informe definitivo de la comisi¨®n, que subraya, adem¨¢s, el car¨¢cter corporativo de los senadores designados, y que compara la citada figura con los "supuestos te¨®ricos" de sociedades como "el Portugal de Oliveira Salazar, la Italia de Mussolini o la Espa?a de Franco".

El abogado Roberto Garret¨®n, uno de los 11 firmantes de la denuncia, dijo ayer a este diario que "es la resoluci¨®n m¨¢s importante adoptada por la comisi¨®n desde su fundaci¨®n, en 1959, porque consagra la vinculaci¨®n indisoluble entre democracia y derechos humanos, elevando el concepto de democracia a categor¨ªa de derechos humanos".

La recomendaci¨®n tiene eminentemente un valor simb¨®lico, por cuanto aborda una de las herencias de la dictadura m¨¢s criticadas en Chile, aunque podr¨ªa tener consecuencias si, ante una negativa del Estado chileno, la comisi¨®n elevara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.