Alzira abre una oficina paralela para los afectados de Tous

El Ayuntamiento de Alzira ha ignorado el convenio suscrito el pasado jueves entre el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carlos Gonz¨¢lez Cepeda, y las asociaciones de damnificados por la rotura de la presa de Tous, al decidir la apertura, prevista para el lunes, de una oficina paralela a la montada por las directivas de Afiva y Apemeda, para atender los m¨¢s de 13.000 expedientes que permitir¨¢n equiparar el colectivo de afectados por la pantanada del a?o 1982 que acept¨® las compensaciones econ¨®micas contempladas en el decreto de 1993 con las del promulgado en el a?o 1995.El alcalde de Alzira, Pedro Grande (PSPV-PSOE) ha tachado de "injusta" la ley aprobada en julio por el Congreso de los Diputados porque "discrimina" a los damnificados que optaron por la v¨ªa administrativa y censur¨® duramente la actitud de los dirigentes de las asociaciones por "enga?ar" a los damnificados y por "plegarse al Gobierno del Partido Popular".

Grande reivindic¨® el derecho de los ayuntamientos a gestionar la documentaci¨®n pertinente para que los afectados por la ¨²ltima ley perciban las nuevas indemnizaciones y se quej¨® de desconocer el contenido del convenio acordado entre el Gobierno y Afiva y Apemeda mediante el cual estas asociaciones percibir¨¢n la correspondiente compensaci¨®n econ¨®mica.

El primer edil de Alzira considera que las directivas de las asociaciones "han traicionado" la confianza que despositaron en ellas los afectados de toda la comarca de La Ribera, a cambio de "percibir los costes de su personaci¨®n en el juicio de Tous" que seg¨²n las organizaciones superan los 300 millones de pesetas.

Caso cerrado

El presidente de Afiva, Xavier Sierra, declar¨® que da "pol¨ªticamente por cerrado el caso Tous" porque estima que el Gobierno ha cumplido los acuerdos negociados a principios de esta legislatura". Si bien record¨® que la v¨ªa judicial sigue abierta porque unos 2.700 afectados, la mayor¨ªa afiliados a las asociaciones, recurrieron la sentencia del Tribunal Supremo por ser "discriminatoria" ya que la actualizaci¨®n del ¨ªndice de precios al consumo (IPC), los da?os morales y el lucro cesante -en el caso de empresas y negocios- s¨®lo los han percibido las personas incluidas en el colectivo de 5.200 damnificados que optaron por la v¨ªa judicial tras rechazar las ofertas econ¨®micas de la Administraci¨®n.

El alcalde de Alzira denunci¨®, por otra parte, que en el Congreso de los Diputados se anunci¨® una partida de 4.500 millones de pesetas para cumplimentar la ley, mientras que el delegado del Gobierno dej¨® en tan s¨®lo 2.000 millones de pesetas el total de la indemnizaci¨®n a repartir.