El PSOE y UGT califican de "electoralista" que el Gobierno abone ahora a los funcionarios una paga extra

El PSOE y UGT denunciaron ayer el "electoralismo" del que ha hecho gala el Gobierno al cerrar ahora un acuerdo para la distribuci¨®n inmediata, a finales de este mes de febrero, cuando ya se haya iniciado la campa?a de los comicios generales del pr¨®ximo 12 de marzo, del fondo de compensaci¨®n destinado a los funcionarios.El Ministerio de Administraciones P¨²blicas y los sindicatos CCOO y CSIF resolvieron el pasado martes que dicho fondo, pactado el 24 de septiembre pasado, se reparta entre los 480.300 trabajadores de la Administraci¨®n General del Estado mediante una paga extraordinaria de entre 18.000 y 24.000 pesetas, seg¨²n sus categor¨ªas profesionales.

Para ello tambi¨¦n ha dado su visto bueno el Ministerio de Econom¨ªa pese a que el aumento salarial que supone (el 0,6% de media) sumado a la subida pactada de las retribuciones para el a?o 2000 (el 2%) supera sus propias recomendaciones para la negociaci¨®n colectiva, cifradas precisamente en el 2%.

El responsable del PSOE para la funci¨®n p¨²blica, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, manifest¨® ayer que esta medida "tiene un marcado car¨¢cter electoralista". "Incluso", a?adi¨®, "podr¨ªamos hablar de una bufanda electoralista".

Para el grupo socialista, esa paga extra es adem¨¢s "claramente insuficiente", ya que no compensa el poder adquisitivo perdido por los empleados p¨²blicos durante 1999, del 1,1%, y menos a¨²n durante la legislatura presidida por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, del 2%.

El momento elegido por el Ejecutivo para cerrar este pacto es el aspecto m¨¢s criticado por el PSOE. Rodr¨ªguez Zapatero destac¨® que esa paga se empezar¨¢ a abonar el 28 de este mes "como un gesto electoral m¨¢s, propio de un Gobierno falto de credibilidad".

Similares cr¨ªticas lanz¨® UGT, que se manifest¨® contra el acuerdo de septiembre y tampoco apoya la distribuci¨®n del fondo por considerar que el incremento salarial es insuficiente y, sobre todo, porque no se aplica a los restantes empleados p¨²blicos, es decir, a los de las comunidades aut¨®nomas y las Administraciones locales.

Retraso de la jubilaci¨®n

Por otra parte, la oposici¨®n y los sindicatos se oponen tajantemente a los incentivos al retraso de la jubilaci¨®n propuestos por el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. El argumento com¨²n esgrimido por IU, Iniciativa per Catalunya, las Juventudes Socialistas, y las centrales sindicales CCOO y UGT es que esa medida es inoportuna en un pa¨ªs con 2,5 millones de parados (el 15,45% de la poblaci¨®n activa).

La exoneraci¨®n de cuotas a la Seguridad Social para los trabajadores que voluntariamente quieran jubilarse despu¨¦s de los 65 a?os coincide con la d¨¦cima recomendaci¨®n del Pacto de Toledo, pero no se recogi¨® en la ley que lo desarroll¨® por las discrepancias de algunas formaciones. Ahora tambi¨¦n est¨¢ en contra de esa medida IU, cuya responsable de pol¨ªtica social, Susana L¨®pez, calific¨® de "broma" la propuesta de Aznar cuando "se est¨¢ llevando a cabo una limpieza del mercado laboral con las prejubilaciones".

El secretario general de UGT, C¨¢ndido M¨¦ndez, afirm¨® que Aznar "no sabe de lo que est¨¢ hablando", ya que "eso significa disminuir las expectativas de encontrar empleo para los j¨®venes en un pa¨ªs en el que el 33% de este coletivo ya se encuentra en desempleo".