Matutes desaf¨ªa al juez Garz¨®n a plantear ante el Supremo un conflicto de competencias

El Gobierno de Espa?a no va a modificar su compromiso de no recurrir la anunciada decisi¨®n del ministro del Interior brit¨¢nico, Jack Straw, de poner en libertad al general Augusto Pinochet por motivos de salud, ni cuestionar¨¢ ante los tribunales brit¨¢nicos si ¨¦ste puede mantener en secreto los ex¨¢menes m¨¦dicos del militar chileno en los que basa su decisi¨®n, como han decidido el Gobierno belga y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. As¨ª lo reiter¨® ayer el ministro de Exteriores, Abel Matutes, quien a?adi¨® que si el juez Baltasar Garz¨®n considera que el Gobierno espa?ol obstaculiza su actuaci¨®n como juez instructor de la causa, puede plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo.

En una carta fechada ayer y dirigida al magistrado de la Audiencia Nacional, Matutes respondi¨® y deneg¨® la petici¨®n de Garz¨®n del d¨ªa 8 en la que solicitaba que se cursaran instrucciones a la fiscal¨ªa brit¨¢nica para que se interpusieran "los recursos pertinentes contra la decisi¨®n del Home Office [Ministerio del Interior brit¨¢nico]". "Le comunico que, por escrito del embajador de Espa?a en Londres al Crown Prosecution Service [Fiscal¨ªa de la Corona brit¨¢nica], de fecha 17 de enero de 2000, se notific¨® el pleno respeto espa?ol a la decisi¨®n que pueda tomar el Ministerio del Interior, al entender que la decisi¨®n apuntada compete exclusivamente al ministro en el marco de sus competencias discrecionales y exclusivas conforme a las leyes brit¨¢nicas aplicables. En este sentido, le confirmo que Espa?a no se propone presentar recurso alguno a la decisi¨®n que tome en su d¨ªa el ministro del Interior".Matutes asegura en su carta que desde su ministerio "se ha venido colaborando en todo momento con ese juzgado de la Audiencia Nacional para una m¨¢s eficaz y completa instrucci¨®n de la causa". Como argumento recuerda que Exteriores ha remitido las nuevas alegaciones formuladas por Garz¨®n en escritos fechados el 14 y el 25 de enero, despu¨¦s de que el 11 de enero Straw anunciara su intenci¨®n de liberar a Pinochet por motivos de salud.

"El Gobierno entiende que la decisi¨®n apuntada por el ministro del Interior brit¨¢nico ha venido a situar la solicitud de extradici¨®n del senador Pinochet presentada por Espa?a fuera del ¨¢mbito judicial brit¨¢nico y la ha trasladado al ¨¢rea de competencias discrecionales y exclusivas de que dispone el ministro del Interior de dicho pa¨ªs, conforme a sus propias leyes, para poner fin en cualquier momento al procedimiento de extradici¨®n que se halle en curso en el Reino Unido. La posibilidad que ofrece el ordenamiento jur¨ªdico brit¨¢nico para instar un recurso de revisi¨®n judicial de la mencionada decisi¨®n del ministro del Interior brit¨¢nico no altera en modo alguno la naturaleza de dicha decisi¨®n", a?ade.

Decisiones cuasi judiciales

Para avalar ese criterio, Matutes recuerda en su carta a Garz¨®n el auto dictado por el Tribunal Supremo el 1 de febrero por el que no admiti¨® a tr¨¢mite una querella presentada por un particular contra ¨¦l mismo por supuesta obstrucci¨®n a la justicia. "Los magistrados se?alan en sus razonamientos jur¨ªdicos que la responsabilidad de agotar o no agotar los tr¨¢mites administrativos o eventualmente judiciales posteriores a la decisi¨®n del ministro del Interior brit¨¢nico recae sobre las autoridades pol¨ªtico-administrativas espa?olas, y en ese ¨¢mbito quedan residenciadas". El ministro insiste, adem¨¢s, en que el Supremo despej¨® las dudas sobre el car¨¢cter pol¨ªtico de la decisi¨®n de Straw. Y cita el auto del Supremo donde afirma que, "a pesar de que se diga que es una resoluci¨®n cuasi judicial, es innegable que los ¨®rganos administrativos carecen de potestad jurisdiccional, por lo que no pueden generar ni producir resoluciones judiciales, sino actos administrativos de diverso sentido".

Adem¨¢s, le recuerda al magistrado de la Audiencia Nacional que, de acuerdo con la Constituci¨®n Espa?ola, "el Gobierno dirige la pol¨ªtica exterior, debiendo velar consecuentemente por las consecuencias de sus actos en las relaciones hispano-chilenas y en las relaciones hispano-brit¨¢nicas".

Y por si el magistrado tuviera dudas respecto a la legalidad de la actuaci¨®n del Gobierno, le invita a presentar un conflicto de competencias. "En el caso de que su se?or¨ªa no compartiera estos argumentos, no cabe desconocer que el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol contempla los procedimientos pertinentes para la resoluci¨®n de eventuales conflictos de competencia que pudieran plantearse entre el Gobierno y un ¨®rgano judicial".

[El secretario de Cultura del Ejecutivo del PSOE, Joaqu¨ªn Leguina, record¨® ayer que el Gobierno espa?ol se hab¨ªa negado a "tramitar los recursos de la Audiencia Nacional diciendo que no quer¨ªan hacer el rid¨ªculo. En efecto, han hecho el m¨¢s absoluto de los rid¨ªculos", ya que como ha quedado demostrado, el Gobierno belga y las ONG, con "argumentos menos creativos", han ganado la partida y la "judicatura brit¨¢nica les ha dado la raz¨®n", informa Europa Press].