Absueltos siete directivos de la quiebra de dos firmas madereras

La juez de la sala penal de Tortosa Roc¨ªo Nieto ha absuelto de todos los delitos imputados a los siete directivos acusados por la quiebra fraudulenta de las empresas madereras tortosinas Imssa y Tamsa. Esta sentencia ha puesto fin a un largo juicio que ha despertado gran expectaci¨®n en las comarcas del Ebro debido a la popularidad de los procesados, especialmente uno de ellos, Adolfo Barreno, ex presidente del Consejo Comarcal del Baix Ebre por Converg¨¨ncia i Uni¨®, y al elevado n¨²mero de trabajadores afectados por la desaparici¨®n de las citadas sociedades, 130, que se personaban como acusaci¨®n particular en el caso.La magistrada considera que los hermanos Juan y Alberto Sabat¨¦, propietarios de las empresas; Adolfo Barreno, asesor administrativo; los testaferros Eduardo Duran y Juan Puchol y los asesores Miguel ?ngel Ord¨®?ez y Lorenzo Mu?oz deben quedar absueltos de los delitos de alzamiento de bienes, falsedad, contra los derechos de los trabajadores y contra la Hacienda P¨²blica. Para los siete directivos, el ministerio fiscal ped¨ªa penas m¨¢ximas de hasta cuatro a?os de prisi¨®n m¨¢s multas de dos millones de pesetas; la acusaci¨®n particular, por su parte, solicitaba seis a?os de c¨¢rcel para cada uno de los juzgados.

Adem¨¢s, la acusaci¨®n particular, representada por el abogado Nibaldo Mena, exig¨ªa el pago a los trabajadores de un total de 705 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones salariales, as¨ª como de otros 76 millones de pesetas por los perjuicios causados a los empleados por la desaparici¨®n de las empresas.

Intencionalidad

En su pronunciamiento sobre el supuesto delito de alzamiento de bienes, la juez considera que no ha lugar porque, argumenta, "a¨²n ha de probarse la intenci¨®n por parte del deudor de defraudar los derechos de los trabajadores". Tampoco existi¨®, contin¨²a la sentencia, "maniobra maliciosa alguna" en lo que se refiere a la acusaci¨®n de delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, a juicio de la magistrada, "no es posible deducir que existiera intenci¨®n alguna de perjudicar los derechos econ¨®micos de los asalariados". La juez Nieto s¨®lo reconoce en este caso la existencia de infracciones administrativas, pero no de conducta delictiva, y se?ala: "En modo alguno se puede presumir que se quisiera afectar los derechos salariales de los empleados".

Asimismo, la magistrada se limita a tachar de infracci¨®n administrativa la actuaci¨®n de los responsables de las empresas respecto a sus obligaciones con Hacienda: "No puede hablarse de la existencia de delito fiscal ante un caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias de dicha sociedad", tal como se?ala la sentencia. Finalmente, la resoluci¨®n de la juez tampoco acepta que los directivos cometieran falsedad, tal como estim¨® la acusaci¨®n particular.