El juez anula un cambio urban¨ªstico porque responde s¨®lo a criterios econ¨®micos

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) anula una modificaci¨®n del Plan General Metropolitano (PGM) de una zona de Ripollet. El TSJC considera que los motivos que impulsaron al Ayuntamiento de Ripollet a modificar el Plan General no responden a planteamientos urban¨ªsticos, sino econ¨®micos.Entre 1991 y 1992, el Ayuntamiento de Ripollet plante¨® un cambio concreto del PGM y la aprobaci¨®n del Plan Parcial del sector noreste (Pinetons) de Ripollet. En aquel momento, el consistorio renunci¨® al 10% de terreno edificable que le corresponde al municipio para servicios y equipamientos y lo cedi¨® a empresas inmobiliarias. Seg¨²n la sentencia, el Ayuntamiento accedi¨® a aumentar el suelo destinado a viviendas en m¨¢s de 23.000 metros cuadrados, reduciendo el espacio de zona verde. A cambio, Ripollet obten¨ªa la cesi¨®n de 27 hect¨¢reas de zona verde y los recursos para poder urbanizarlas.

El actual alcalde de Ripollet, el socialista Carles Farr¨¦, opina que la resoluci¨®n judicial afronta un problema de procedimiento porque, opina, el TSJC no puede admitir que un ayuntamiento haga negocio y "pueda adquirir una zona verde a cambio del 10% de la edificabilidad". Seg¨²n Farr¨¦, lo ¨²nico que ha hecho el consistorio es "pagar un espacio verde con el dinero de las inmobiliarias y no con el del municipio". El Ayuntamiento de Ripollet presentar¨¢ recurso de casaci¨®n contra la sentencia.

El principal grupo de la oposici¨®n, la agrupaci¨®n independiente COP, no comparte estos criterios. El COP lleva siete a?os batallando para que sea anulado el plan urban¨ªstico de los Pinetons porque, se?alan, supone "obsequiar con centenares de millones de pesetas a las inmobiliarias". De acuerdo con su tesis, el "negocio" que ha hecho el Ayuntamiento con las inmobiliarias es "ruinoso porque el valor catastral del terreno del parque no supera los ocho millones de pesetas y la urbanizaci¨®n del mismo ronda los 200 millones; a cambio, las inmobiliarias aumentaban el volumen de edificaci¨®n en 47.000 metros cuadrados".

La agrupaci¨®n independiente, que fue la que interpuso la demanda ante el TSJC, ha criticado duramente el procedimiento utilizado por el consistorio: "La l¨®gica del Ayuntamiento podr¨ªa llevarnos a la situaci¨®n extrema de que cada vez que un consistorio tenga problemas econ¨®micos, en vez de gestionar mejor, pedir subvenciones o expropiar, podr¨ªa aumentar la edificabilidad y as¨ª obtener recursos de la especulaci¨®n inmobiliaria".