Straw, obligado a dar el informe m¨¦dico Espa?a, Francia, Suiza y B¨¦lgica tienen siete d¨ªas para presentar alegaciones sobre el estado de Augusto Pinochet

ENVIADO ESPECIALLos tres jueces del tribunal divisional (Divisional Court) del Reino Unido resolvieron ayer por unanimidad que el ministro brit¨¢nico del Interior, Jack Straw, actu¨® de manera ilegal al denegar la entrega del informe m¨¦dico con el que piensa liberar al general Augusto Pinochet a los cuatro pa¨ªses que piden la extradici¨®n del ex dictador. Los jueces ordenaron la entrega del informe, bajo confidencialidad, a Espa?a, B¨¦lgica, Francia y Suiza, para que puedan alegar sobre su contenido en un plazo de siete d¨ªas, que vence el martes 22 de febrero, a las cinco de la tarde. Jonathan Sumption, abogado del Ministerio brit¨¢nico del Interior, dijo al tribunal que las autoridades espa?olas deben entregar el informe al juez Baltasar Garz¨®n.

Los abogados de todas las partes (B¨¦lgica, Amnist¨ªa Internacional, Ministerio brit¨¢nico del Interior y de Augusto Pinochet) entraron a la sala n¨²mero 3, en la primera planta del edificio g¨®tico del Alto Tribunal de Justicia, poco antes de la una de la tarde (14.00 horas en Madrid), junto con sus clientes o representantes de los mismos. En los estrados de la izquierda de la sala, frente al tribunal, tomaron asiento los letrados de los recurrentes y a la derecha los abogados del Ministerio del Interior y del general Pinochet.Desde el vest¨ªbulo, donde se agolpaban p¨²blico y periodistas, s¨®lo se pod¨ªa ver a trav¨¦s de una ventana situada a la derecha. Por tanto, la vista llegaba tan lejos como para ver a los letrados y representantes de Pinochet. Tras unos minutos, Hern¨¢n Felipe Err¨¢zuriz, abogado y representante de Pinochet, agach¨® la cabeza sobre la sentencia (tres veredictos que suman 52 folios).

Sus colegas brit¨¢nicos, los barristers (abogados de nivel que exponen los casos) Clive Nicholls y Julian Knowles, con peluca, y Michael Caplan, abogado de a pie, se pusieron a leer. En cierto momento, Err¨¢zuriz, con rostro muy serio, se puso de pie y consult¨® con Knowles, cuyo rostro se ve¨ªa tan enrojecido como r¨ªgido. Errazuriz se acerc¨® luego a Nicholls. Algo parec¨ªa no ir bien.

Antes de dar las dos de la tarde, el ujier abri¨® la puerta para dejar entrar a los medios de comunicaci¨®n y al p¨²blico. Una vez en la sala, todo se hizo evidente. Los letrados de B¨¦lgica y Amnist¨ªa Internacional, luc¨ªan una sonrisa de oreja a oreja. Jonathan Sumption, abogado contratado por el Ministerio del Interior, ten¨ªa la peluca entre las manos, a la espera de los jueces. Entre las sonrisas de los abogados rivales y el rostro l¨¢nguido de Sumption, se recortaba, detr¨¢s, la crispaci¨®n de Err¨¢zuriz, quien m¨¢s reflejaba la derrota.

A las dos, cuando todo el mundo ya estaba en su sitio, hizo su entrada un barrister con su toga y peluca. Llevaba unas gruesas carpetas. Era el hombre, Alun Jones, que hab¨ªa logrado para Espa?a la sentencia de extradici¨®n de Pinochet el 8 de octubre de 1999, aquel que, a petici¨®n del Gobierno espa?ol, recomend¨® el 20 de enero pasado, en un informe urgente, recurrir la decisi¨®n de Jack Straw. Estaba all¨ª para participar, una vez que terminase la lectura, de una vista sobre el recurso de habeas corpus que la defensa de Pinochet propon¨ªa aplazar. Los mismos tres jueces del tribunal abordar¨ªan el asunto tras la sentencia.

El juez Brown, presidente del tribunal, entr¨® junto con los jueces Latham y Dyson. Explic¨® que a su juicio, despu¨¦s de escuchar los "argumentos s¨®lidos" de ambas partes, el ministro Straw "no est¨¢ meramente habilitado para entregar el informe m¨¦dico; est¨¢ obligado a hacerlo". Seg¨²n dijo, "la justicia exige que el informe sea entregado a los cuatro Estados que solicitaron la extradici¨®n para que tengan una peque?a oportunidad de comentarlo". Brown a?adi¨® que se les debe dar siete d¨ªas para alegar sobre el contenido del informe.

El presidente record¨® que el juez Baltasar Garz¨®n, en sus alegaciones, hab¨ªa descrito la situaci¨®n creada por la petici¨®n de opini¨®n como "algo absurdo", y cit¨® todo el p¨¢rrafo de su escrito. Y atac¨® el punto m¨¢s utilizado por el abogado del Ministerio del Interior: "Veo el recurso planteado ni m¨¢s d¨¦bil ni m¨¢s s¨®lido que cualquier recurso que hubiese presentado Espa?a". Brown record¨® la necesidad de que este caso tenga la m¨¢xima transparencia. "La consecuencia es que el senador Pinochet, acusado de los m¨¢s terribles cr¨ªmenes, no podr¨¢ ser juzgado en ninguna parte del mundo... No es, simplemente, satisfactorio que el informe solo pueda ser visto por cuatro altos cargos de un solo Estado". Los jueces Latham y Dyson leyeron sus propios veredictos, en acuerdo con Brown, tan duros o m¨¢s con Straw que el del presidente del tribunal. Se acord¨® que las costas del juicio de B¨¦lgica y Amnist¨ªa Internacional (y del anterior, ante el juez Maurice Kay) las pagar¨¢ el Ministerio brit¨¢nico del Interior ( unos 25 millones de pesetas). A continuaci¨®n, el abogado Sumption dijo que el ministro Straw iba a enviar durante la tarde (por ayer) el informe a los cuatro pa¨ªses y que no quer¨ªa utilizar la confidencialidad para entorpecer las alegaciones que pudieran hacer. Agreg¨® que las "autoridades administrativas de Espa?a deben entregar el informe al juez Garz¨®n".

Jurisprudencia

La sentencia contra Straw se apoya en la jurisprudencia y no implica, por tanto, "revolucionar" la ley, como les hab¨ªa advertido el abogado del Ministerio del Interior a los jueces la semana pasada. El poder del ministro en el proceso de extradici¨®n ha sido, seg¨²n la sentencia, utilizado incorrectamente, a favor de Pinochet, y sin tener en cuenta la justicia hacia la otra parte: los Estados que piden la extradici¨®n.

El juez Garz¨®n, tras recibir el informe m¨¦dico, declar¨® ayer el secreto del sumario. El informe tendr¨¢ que ser traducido rapidamente para poder solicitar un peritaje a m¨¦dicos forenses. Luego, el juez, sobre la base del peritaje, tendr¨¢ que enviar sus alegaciones a Jack Straw. Si el informe m¨¦dico brit¨¢nico es considerado "inequ¨ªvoco", como asegura Straw, el juez tendr¨¢ que aceptar que Pinochet est¨¢ incapacitado para someterse a juicio. Pero si los expertos espa?oles tienen diferencias, Garz¨®n exigir¨¢ que sea la justicia espa?ola quien decida, en Madrid, el asunto.

Los argumentos de Brown

Resumen de la argumentaci¨®n del juez Simon Brown:

"No es ¨¦ste un caso f¨¢cil. Hay argumentos potentes en ambos lados. En ¨²ltima instancia, hay una ¨²nica cuesti¨®n que tenemos que decidir: ?requiere el inter¨¦s de la justicia entregar este informe a los pa¨ªses que piden la extradici¨®n del senador Pinochet? A pesar de los argumentos del abogado Sumption, en representaci¨®n del Ministerio [brit¨¢nico] del Interior, me inclino a concluir que este informe debe (...) ser entregado a los citados pa¨ªses. La decisi¨®n que el ministro del Interior 'tiene pensado' adoptar es, no es necesario enfatizarlo, de una gran importancia. Su consecuencia ser¨¢ que el senador Pinochet, acusado de los m¨¢s terribles cr¨ªmenes, no ser¨¢ sometido a juicio en ninguna parte del mundo. No ser¨¢ extraditado a Espa?a. Ni a los otros tres pa¨ªses.

Aunque te¨®ricamente el abogado del Estado en el Reino Unido y el director de la Fiscal¨ªa necesitar¨¢n alcanzar una decisi¨®n independiente sobre si es posible acusarle seg¨²n la Convenci¨®n contra la Tortura, art¨ªculo 7, la l¨®gica (...) del ministro es que ambos encontrar¨¢n (...) al senador Pinochet incapacitado para ser sometido a juicio. Aunque, por supuesto, las autoridades de Chile no est¨¢n obligadas por la conclusi¨®n del ministro del Interior, es previsible que el senador Pinochet la utilice en su ayuda con un efecto convincente en cualquiera de los procedimientos que se planteen contra ¨¦l all¨ª. Si ha habido alguna vez un caso en el se necesita demostrar la integridad del sistema internacional de justicia, en el que se requiera de los m¨¢s elevados niveles de justicia, imparcialidad y transparencia, ¨¦ste lo es. (...) no es satisfactorio que este importante informe m¨¦dico sea visto solamente por cuatro altos cargos de un mismo Estado.

Mucho se ganar¨ªa por la limitada entrega del informe que se est¨¢ pidiendo; comparativamente, se perder¨ªa poco. Las ventajas ser¨ªan primero, y m¨¢s importante, que los cuatro Estados que piden la extradici¨®n tengan la oportunidad de comentar -y puede que tengan algo constructivo que decir- sobre las conclusiones del informe m¨¦dico. Segundo, se ver¨¢ que se est¨¢ haciendo justicia. Tercero, las mentes de la gente podr¨¢n descansar. Si como el ministro claramente supone aquellos que vean el informe seguramente apoyar¨¢n su conclusi¨®n, se puede esperar que esta validaci¨®n supondr¨¢ seguridades para todos. Se lograr¨¢ m¨¢s que mera cortes¨ªa (o 'buenas relaciones p¨²blicas', como dec¨ªa Sumption): un caso de controversias ¨²nico ser¨¢ resuelto con los procedimientos m¨¢s justos. ?Y qu¨¦ se perder¨¢? Poco en materia de retraso, a¨²n en esta fase final. Como hemos indicado, el ministro necesitar¨¢ dar a los cuatro Estados no m¨¢s de siete d¨ªas despu¨¦s de entregarles el informe para hacer sus comentarios finales sobre el mismo.

En el aspecto central que se plantea en esta revisi¨®n judicial, rechazo los argumentos del ministro en el sentido de que dar a los cuatro Estados la oportunidad de comentar el informe carece de sentido, y rechazo tambi¨¦n su argumento, y el de Pinochet, de que la p¨¦rdida de confidencialidad (...) implicada es desproporcionada respecto de las ventajas que tendr¨¢. Como resultado, el ministro no est¨¢ s¨®lo habilitado para entregar el informe; est¨¢ obligado a hacerlo. El inter¨¦s que aqu¨ª gobierno es p¨²blico en el sentido de operar un procedimiento que ser¨¢ percibido por una gran mayor¨ªa como justo. Esto es lo imperativo y a mi juicio sobrepasa cualquier inter¨¦s privado. Esta es, por tanto, la orden que yo doy. Veo el recurso planteado ni m¨¢s d¨¦bil ni m¨¢s s¨®lido que el que podr¨ªa haber planteado Espa?a. No m¨¢s d¨¦bil, porque una vez que se ha aceptado su capacidad para recurrir, el tribunal debe decidir sobre el fondo de la cuesti¨®n planteada -la justicia e imparcialidad y por tanto la legalidad del procedimiento impugnado-, lo que no ser¨ªa menos en el caso de que Espa?a hubiese recurrido.

Es verdad que nuestra ley est¨¢ repleta de dictados explicando como la extradici¨®n est¨¢ fundada en conceptos de compromiso y reciprocidad. Pero es importante reconocer la naturaleza de las reglas en el derecho p¨²blico internacional. 'Haga usted como esperar¨ªa que lo hagan otros".