M¨¢s estrategia y menos t¨¢ctica FRANCISCO P?REZ
La inversi¨®n p¨²blica en infraestructuras hace tiempo que dej¨® de contemplarse como un instrumento para regular la demanda y el ciclo econ¨®mico, pasando a ser considerada una pieza clave de las pol¨ªticas de oferta que debe contribuir a promover el crecimiento a medio y largo plazo. Con las infraestructuras se acumula capital p¨²blico, gracias al cual se ampl¨ªan y modifican las condiciones en las que se ofrecen m¨²ltiples servicios de transporte, de suministro de agua, energ¨ªa o comunicaciones, de educaci¨®n o sanidad... Como sucede con la inversi¨®n privada, sin una adecuada dotaci¨®n de capital, ni la econom¨ªa ni los servicios p¨²blicos pueden funcionar con las caracter¨ªsticas que hoy se requieren en los pa¨ªses desarrollados.Durante las ¨²ltimas dos d¨¦cadas, Espa?a ha realizado un notable esfuerzo por mejorar su dotaci¨®n de infraestructuras, pero en algunas de ellas todav¨ªa no ha alcanzado los niveles adecuados para un pa¨ªs avanzado. Si las infraestructuras han de ser una palanca del crecimiento, es necesario que el esfuerzo inversor prosiga y, sobre todo, que sea productivo. S¨®lo as¨ª la convergencia en las dotaciones de infraestructuras contribuir¨¢ a la convergencia en renta real.
El primer obst¨¢culo que dificulta el pleno aprovechamiento de las inversiones realizadas es la irregularidad del ritmo inversor: la gesti¨®n p¨²blica de asuntos que afectan al largo plazo depende todav¨ªa en Espa?a del ciclo pol¨ªtico y no es capaz de contribuir a estabilizar el ciclo econ¨®mico. Al contrario, m¨¢s bien lo acent¨²a, utilizando la inversi¨®n como variable de ajuste del presupuesto. Este comportamiento tiene inconvenientes para el sector de la construcci¨®n, que ve sometido el volumen de contrataci¨®n a un r¨¦gimen de ducha escocesa; pero, sobre todo, produce efectos nocivos sobre la programaci¨®n y la coherencia de las prioridades y, en consecuencia, sobre la ejecuci¨®n ordenada de los proyectos m¨¢s necesarios.
En un pa¨ªs que crece regularmente, como Espa?a, los estrangulamientos que se observan peri¨®dicamente en determinados servicios de infraestructuras son el claro reflejo de una inadecuada previsi¨®n o de incapacidad de gesti¨®n. De ambas cosas son responsables los Gobiernos, por m¨¢s que sea ciertamente complicado anticipar la evoluci¨®n de las necesidades de los distintos servicios en horizontes temporales muy largos. Los cuellos de botella, que en los ochenta fueron visibles en las carreteras y en los noventa detectamos en los aeropuertos o el ferrocarril, son manifestaciones concretas de estas deficiencias. Tambi¨¦n es responsabilidad de las pol¨ªticas que las demandas r¨¢pidamente crecientes de los nuevos servicios de telem¨¢tica y telecomunicaciones sufran estrangulamientos derivados de unas infraestructuras insuficientes o de una regulaci¨®n perniciosa para el acceso f¨¢cil, r¨¢pido y barato de toda la poblaci¨®n a esas tecnolog¨ªas en cuyo dominio nos jugamos el porvenir.
La pregunta que ha de plantearse de cara al futuro es c¨®mo puede garantizar el Gobierno de un pa¨ªs desarrollado un ritmo de crecimiento de los servicios de infraestructuras, adecuado a una demanda fuerte y cambiante de los mismos. El aumento del nivel de renta y el progreso t¨¦cnico producen saltos y desplazamientos de nuestras demandas de servicios p¨²blicos, lo que exige respuestas flexibles que encajan mal con una oferta encorsetada por la rigidez presupuestaria y la presi¨®n -a veces paralizante- de la t¨¢ctica pol¨ªtica del momento. Por eso, en periodo electoral, es oportuno llamar la atenci¨®n sobre la importancia de que los aspirantes a gobernar se manifiesten sobre el qu¨¦ y el c¨®mo de su estrategia de infraestructuras. Para que resulten cre¨ªbles los compromisos con los objetivos de convergencia real con el resto del mundo desarrollado habr¨¢n de decir si consideran necesario, o no, promover cambios profundos en este ¨¢mbito de la gesti¨®n p¨²blica, crucial para el crecimiento.
Francisco P¨¦rez es catedr¨¢tico de la Universidad de Valencia y director de Investigaci¨®n del Instituto Valenciano de Investigaciones Econ¨®micas (IVIE).
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