Dos millones de casos judiciales pendientes

Casi dos millones de asuntos pendientes al iniciarse 1999, un n¨²mero de jueces que no llegar¨¢ a 4.000 a finales de 2000 para menos de 40 millones de espa?oles (en Alemania hay 25.000 jueces para 80 millones de habitantes), un funcionamiento anticuado y una lentitud irritante, unida a la esquizofrenia de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades aut¨®nomas, sit¨²an a la Administraci¨®n de justicia en "estado comatoso".As¨ª la ha descrito Ricardo Bodas, uno de los portavoces del Foro por la Justicia como Servicio P¨²blico, integrado por jueces y otros profesionales de la justicia, unidos a sindicatos, asociaciones de vecinos y de consumidores y usuarios que, junto con el vicepresidente de la Fundaci¨®n Alternativas, Nicol¨¢s Sartorius, comprometieron esta semana a los representantes de los principales partidos parlamentarios en un pacto de Estado para la justicia, a realizar en la pr¨®xima legislatura.

La respuesta fue desigual. Mientras que, por el PP, Andr¨¦s Ollero fundament¨® el futuro pacto en la Constituci¨®n y el programa de su partido, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, por PSOE-Progresistas, plante¨® las reformas "en funci¨®n de los ciudadanos" y pidi¨® "un compromiso financiero y presupuestario". Desde CiU, Manuel Silva propuso integrar en el pacto no s¨®lo al Parlamento, sino tambi¨¦n "al CGPJ y a los operadores jur¨ªdicos", y s¨®lo Pablo Castellano, por IU, vio "muy dif¨ªcil ese pacto de Estado, porque exigir¨ªa que los dos grandes partidos renunciaran a este campo para dirimir sus diferencias".

Los promotores de este pacto, desde la sociedad, tras los fracasos sucesivos de las reformas de la justicia propugnadas por los grandes partidos y los diagn¨®sticos certeros, pero no operativos, como el del Libro Blanco de la justicia elaborado por el CGPJ en 1997, parten de que "una sola opci¨®n partidaria no puede hacer esa reforma", en palabras de Bodas. En beneficio de "unas resoluciones judiciales en tiempo h¨¢bil" para los 12 millones de espa?oles que cada a?o piden justicia a los tribunales, Sartorius record¨® que "cosas m¨¢s dif¨ªciles se han hecho, como la Constituci¨®n y los estatutos de autonom¨ªa", por lo que tom¨® la palabra a los pol¨ªticos sobre la necesidad, al menos, de ese pacto de Estado, y, en nombre de sus promotores profesionales y sociales, declar¨® el mi¨¦rcoles, al t¨¦rmino del acto celebrado en la sede del Consejo General de la Abogac¨ªa: "Tras el 12-M, ?a la labor!".

El escollo de la elecci¨®n de los 12 vocales del CGPJ de extracci¨®n judicial (la derecha quiere que los elijan los propios jueces; la izquierda, el Parlamento) no se ve como obst¨¢culo para el pacto de Estado. La relaci¨®n de fuerzas configurar¨¢ uno u otro ¨®rgano de gobierno del Poder Judicial, y en todo caso habr¨¢ que distribuir y coordinar sus poderes con los de los Ejecutivos central y aut¨®nomos.

Los presupuestos de justicia, que no superan el 1% de los gastos del Estado, han de adecuarse a las necesidades reales, empezando por el incremento sustantivo del n¨²mero de jueces, una vez calculada la carga de trabajo que debe corresponder a cada juzgado, incluida la atenci¨®n personal del juez al ciudadano, cuyo conflicto no puede resolverse mediante una declaraci¨®n ante el oficial como ocurre con frecuencia.

La oficina judicial requiere t¨¦cnicas modernas de organizaci¨®n, potenciaci¨®n de los servicios comunes y una informatizaci¨®n ¨ªntegra e interconectada. A la cabeza de ese equipo de trabajo debe situarse al secretario judicial, que deber¨¢ pasar a depender no de Justicia, sino del CGPJ.

A la reforma de los estatutos de jueces, fiscales y resto de personal hay que unir el de abogados y otros profesionales de quienes los ciudadanos se quejan. Y hay que incrementar las responsabilidades de todos ellos, especialmente de los que m¨¢s deciden: los jueces.

Otro punto esencial del futuro pacto de Estado es la reforma de la pol¨¦mica Ley de Enjuiciamiento Civil y el abordaje urgente de la reforma procesal penal. El comprobado buen funcionamiento del proceso social, basado en la oralidad, inmediatez y concentraci¨®n, que permite sentencias en tres meses, hace aconsejable, seg¨²n los expertos, traspasar el modelo a las otras jurisdicciones.

La propuesta de pacto de Estado para la justicia se cierra con la iniciativa de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administraci¨®n de Justicia.