La financiaci¨®n, en el campo de batalla

La financiaci¨®n auton¨®mica ha sido el escenario m¨¢s recurrente de los duros intercambios dial¨¦cticos que han mantenido socialistas y populares en estos cuatro a?os; las arcas auton¨®micas (y la capacidad de actuaci¨®n de la Junta) dependen en gran medida de los fondos del Estado y los criterios de reparto que acordaron el PP y CiU para el periodo 1997-2001, con la cesi¨®n a los Gobiernos auton¨®micos del 30% del impuesto sobre la renta recaudado en su comunidad, contaron desde el principio con la oposici¨®n del Ejecutivo andaluz. La reciente propuesta de la candidata del PP a la Junta, Te¨®fila Mart¨ªnez, de plantear la cesi¨®n del 50% del IRPF a las comunidades para el pr¨®ximo modelo de financiaci¨®n (2002-2006), apenas ha contado con el respaldo de otros dirigentes populares (el programa nacional del PP no habla de porcentajes). Su propuesta adolece, adem¨¢s, de no haber hecho p¨²blico ning¨²n c¨¢lculo para mostrar cu¨¢l ser¨ªa el impacto de esa medida en las arcas auton¨®micas. Por contra, las simulaciones de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa se?alan que, con el 50% del IRPF, Andaluc¨ªa perder¨ªa autonom¨ªa financiera (la base de 644.800 millones que se usa en el actual modelo se ver¨ªa reducida en 328.000 millones) y comunidades con m¨¢s ingresos, como Catalu?a, ganar¨ªan recursos (121.400 millones m¨¢s sobre la base actual).

La iniciativa de Mart¨ªnez, sin embargo, tiene la virtud de acercar la lupa a un clamoroso fallo de funcionamiento institucional en el dise?o del Estado de las Autonom¨ªas, condicionado por el color pol¨ªtico que impere en las Administraciones, como demuestra un breve repaso a las propuestas de financiaci¨®n auton¨®mica: los socialistas, tras recoger una exigencia de CiU, fueron los primeros en plantear la cesi¨®n de un tramo del IRPF (el 15%), que Andaluc¨ªa no aprob¨® en 1995 por la oposici¨®n de PP e IU (entonces con mayor¨ªa en la C¨¢mara auton¨®mica). Luego, los populares, ya en el Gobierno de Madrid, tambi¨¦n asumieron las tesis de los nacionalistas catalanes y elevaron la cesi¨®n al 30%.

Andaluc¨ªa no entr¨® en el procesos de cesi¨®n del impuesto sobre la renta, por considerarlo insolidario para las comunidades con menos ingresos, lo que ha provocado serias distorsiones en el sistema de reparto. Adem¨¢s, el principal instrumento financiero de Andaluc¨ªa es la Participaci¨®n en los Ingresos del Estado, que se basa, en gran medida en la poblaci¨®n de cada comunidad (tiene una ponderaci¨®n del 94%). El no reconocimiento del crecimiento demogr¨¢fico de la regi¨®n (383.719 andaluces m¨¢s en 1996 respecto al padr¨®n usado por el Gobierno central) y los distintos indicadores escogidos para calcular en cuanto se incrementa cada a?o la base (1996) de la Participaci¨®n en los Ingresos del Estado y del IRPF recaudado en cada comunidad (excepto las tres socialistas) explican las diferencias: as¨ª , en 1999, el Gobierno central mantuvo que Andaluc¨ªa perdi¨® 51.000 millones por no estar acogida al nuevo sistema, mientras que la Junta afirm¨® que hubiese recibido 86.000 millones m¨¢s si se hubiese actualizado el censo en el modelo antiguo.

El nuevo sistema de financiaci¨®n se empezar¨¢ a acordar a finales de a?o; s¨®lo los resultados de las elecciones auton¨®micas y nacionales permitir¨¢n establecer un pron¨®stico sobre la dureza de las negociaciones.