El juez embarga las cuentas de la empresa que gestiona la televisi¨®n de Marbella

El titular del Juzgado de lo social n¨²mero 4 de M¨¢laga, Ernesto Utrera, ha ordenado el embargo de tres cuentas de la sociedad municipal Comunicaci¨®n y Difusi¨®n 2000, que gestiona el diario La Tribuna y RTV Marbella, a instancias de un trabajador que fue despedido por la citada radio televisi¨®n local. En el auto, el magistrado advierte que contra su resoluci¨®n no cabe recurso. La decisi¨®n judicial se produce despu¨¦s de que el trabajador Pablo Ossa, que interpuso una demanda por despido improcedente, solicitase la adopci¨®n de esta medida, ante la negativa de la sociedad municipal a hacer frente a la indemnizaci¨®n decretada anteriormente por el juez.

Ossa, que ingres¨® 1995 en RTV Marbella, denunci¨® a este medio local, financiado ¨ªntegramente con fondos municipales, a ra¨ªz de su despido, en octubre de 1999. Para el trabajador, que ocup¨® los puestos de locutor y presentador, la rescisi¨®n de su contrato se debi¨® a una carta firmada con otros tres compa?eros en la que se quejaba del trato vejatorio hacia los subordinados por parte de la entonces directora de la radio municipal, Carmen Revilla, ahora concejal del GIL. Precisamente achac¨® la medida a una "represalia" de la edil contra ¨¦l despu¨¦s de ocupar su nuevo cargo tras las elecciones.

El juzgado consider¨® improcedente el despido y decret¨® la indemnizaci¨®n al trabajador. Durante el juicio, que se celebr¨® en enero en M¨¢laga, el ex edil del GIL Carlos Fern¨¢ndez, ahora concejal del PA, declar¨® a favor del trabajador despedido. Pablo Ossa explic¨® que una vez transcurrido el plazo para el cumplimiento de la sentencia en la que se ordenaba a Difusi¨®n y Comunicaci¨®n 2000 el pago de 1.860.000 pesetas, decidi¨® solicitar el embargo de las cuentas bancarias de la sociedad, creada por el grupo GIL, ante el impago de dicha cantidad.

El juzgado ha decidido ahora el embargo de las tres cuentas que la empresa tiene en la sucursal del Banco de Andaluc¨ªa, por importe de 2.105.570 pesetas, y condena a la empresa al pago de las costas procesales que ascienden a 400.000 pesetas. La orden de paralizaci¨®n de las cuentas se hizo efectiva ayer. En el caso de que los fondos con los que cuenta Difusi¨®n y Comunicaci¨®n 2000 en la citada entidad bancaria no sean suficientes para afrontar los costes del juicio y la indemnizaci¨®n, Ossa no descarta pedir al juzgado la adopci¨®n de otras medidas.