Pena de ocho a?os de inhabilitaci¨®n para un ex edil de Castellbisbal

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 8 a?os de inhabilitaci¨®n al concejal de Urbanismo de Castellbisbal de entre 1989 y 1992, Joan Sard¨¤ Margarit, por un delito de prevaricaci¨®n al intervenir en la adjudicaci¨®n de unas obras a la empresa fundada por su padre en 1984, SICSA, junto con otros dos socios.

Sard¨¤ Margarit (CiU), que lleva desde 1995 desvinculado de la pol¨ªtica, fue acusado de prevaricaci¨®n junto con el alcalde Joan Play¨¤ y otro concejal, Juan Uceda, ambos independientes, aunque tras el jucio se retir¨® la acusaci¨®n contra los otros dos pol¨ªticos porque qued¨® probado que desconoc¨ªan que la empresa SICSA fuese propiedad de la familia de Sard¨¤ cuando se adjudic¨® la obra municipal. El alcalde de Castellbisbal, Joan Play¨¤, afirm¨® ayer: "La sentencia demuestra que tanto el concejal Uceda como yo no ten¨ªamos nada que ver con estos hechos y es una confirmaci¨®n que nos permitir¨¢ cerrar un cap¨ªtulo despu¨¦s de muchos a?os en que planeaba sobre nosotros una duda porque parec¨ªa que hubi¨¦semos hecho algo incorrecto cuando no era as¨ª".

Play¨¤, que no quiso entrar en valoraciones sobre la actuaci¨®n del ex concejal de CiU, afirm¨® que "cualquier persona que se dedica a la pol¨ªtica municipal tiene que tener muy claras sus vinculaciones con empresas o cualquier otro tipo de entidades".

Tanto el concejal Uceda como el acusado Sard¨¤ Margarit no ocupan ya cargos municipales, pero el alcalde s¨ª. Tras conocer la sentencia, declar¨®: "Ha sido como liberarme de una carga formalmente para poder cerrar una etapa".

La sentencia tambi¨¦n impone a Sard¨¤ la perdida de todos los honores que le confer¨ªa el cargo de edil. Adem¨¢s el tribunal ha instado la apertura de un expedieinte para que Sard¨¤ reciba tambi¨¦n una sanci¨®n administrativa por incumplir la ley de incompatibilidades al simultanear durante a?os su cargo p¨²blico con otro en la empresa familiar.

Sin sanci¨®n penal

El concejal se ha librado de una sanci¨®n penal porque la Audiencia de Barcelona entiende que la incompatibilidad de cargos no es de suficiente gravedad como para considerarla delictiva.

Los hechos juzgados sucedieron en julio de 1992 cuando la comisi¨®n de gobierno de Castellbisbal, de la que Sard¨¤ formaba parte como miembro del equipo de gobierno, adjudic¨® la construcci¨®n de unas obras en el alcantarillado del municipio a la empresa SICSA, propiedad del padre del edil condenado, por un importe de 6,4 millones de pesetas. Esta misma empresa hab¨ªa concursado con anterioridad para adjudicarse otras obras, pero sin ¨¦xito.

El caso fue denunciado por el partido socialista en 1993 y la vista oral se realiz¨® en diciembre de 1999. En ese momento el fiscal ya retir¨® los cargos contra el alcalde, Joan Play¨¤, y el otro concejal.