El rector de la Universidad Rovira i Virgili ser¨¢ juzgado por presunta prevaricaci¨®n

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Tarragona ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el rector de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Llu¨ªs Arola, por un presunto delito de prevaricaci¨®n al haber apartado de forma injusta de las pruebas de correcci¨®n de la selectividad a una profesora que facilit¨® copias de los ex¨¢menes en castellano. El auto judicial se expresa en t¨¦rminos muy duros y descalifica la normativa interna de la universidad de Tarragona que regula el uso de las lenguas en el recinto acad¨¦mico.

El auto de apertura de juicio oral fue dictado el 11 de febrero, pero su contenido no trascendi¨® hasta ayer. En este tr¨¢mite el juez tambi¨¦n insta a la acusaci¨®n y la defensa a que presenten sus escritos de conclusiones provisionales. En la resoluci¨®n el juez emite contundentes afirmaciones que ponen en cuesti¨®n la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de la universidad y recuerda que "cualquier norma que implique limitaci¨®n de usar el idioma castellano es inconstitucional" y que cualquier alumno tiene "el leg¨ªtimo derecho" a utilizar el idioma castellano. El juez Pedro Antonio Casas considera que la actuaci¨®n del rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV) se enmarca en el art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal, que castiga con penas de entre 7 y 10 a?os de inhabilitaci¨®n a "la autoridad o funcionario p¨²blico que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resoluci¨®n arbitraria en un asunto administrativo". Fuentes judiciales explicaron ayer que la petici¨®n de la fiscal¨ªa contra el rector ser¨¢ de ocho a?os de inhabilitaci¨®n. El caso llegar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas a la Audiencia de Tarragona, que se?alar¨¢ la fecha del juicio y celebrar¨¢ la vista.

El auto de apertura de juicio oral no s¨®lo supone un mazazo, al Reglamento de Usos Ling¨¹¨ªsticos del Catal¨¢n de la URV, sino tambi¨¦n al conjunto de las normas ling¨¹¨ªsticas de la Generalitat. En este sentido, el juez explica que los alumnos tienen "leg¨ªtimo derecho" a utilizar el idioma castellano, por lo que la profesora no incurri¨® en falta alguna, y como consecuencia la sanci¨®n a la docente, que fue apartada el pasado a?o de las pruebas de correcci¨®n, no tendr¨ªa base.

A ra¨ªz de lo expuesto, el juez asegura que "es obvio que cualquier norma que implique limitaci¨®n de usar el idioma castellano es inconstitucional" y que, por tanto, tampoco tendr¨ªa base actuar contra quienes denunciaran la situaci¨®n de preeminencia del catal¨¢n en las pruebas.

El juez llega a la conclusi¨®n de que la resoluci¨®n dictada por el rector Llu¨ªs Arola y el coordinador de las pruebas de selectividad (PAAU), Joan Igual, estaba "encaminada a la marginaci¨®n de profesores disidentes o inc¨®modos", aun sabiendo los ya acusados que dicha resoluci¨®n era injusta. ?sta es la justificaci¨®n del juez para calificar la actuaci¨®n de los dos cargos de la URV como prevaricadora.

Recurso rechazado

Si el auto de apertura de juicio oral contra el rector Llu¨ªs Arola es terminante y duro, no lo es menos otra resoluci¨®n dictada el pasado 23 de marzo por el mismo juez instructor a prop¨®sito del recurso que presentaron los abogados defensores contra esa decisi¨®n, que ha sido desestimado.

Seg¨²n el juez, el rector y el vicerrector Estanislao Pastor -que fue exculpado al no mediar en el conflicto- utilizaron "con fines bastardos" el nombramiento de los profesores que integran los tribunales calificadores y que ni siquiera escucharon las razones de los dos profesores apartados de las pruebas -de los cuales s¨®lo una denunci¨® el hecho-, lo que vulneraba el principio de defensa. Adem¨¢s, el juez asegura que "estas ilegalidades, groseras por afectar a principios del m¨¢s elemental conocimiento", se ven acrecentadas con "el olvido de m¨²ltiples normas" del procedimiento administrativo.

Fuentes cercanas a la defensa de los integrantes del equipo rector explicaron por su parte su extra?eza ante el auto del juez, que tacha de inconstitucional una cuesti¨®n sobre la que no se ha pronunciado, precisamente, el Tribunal Constitucional. La defensa de Arola continuar¨¢ sosteniendo que ¨¦ste cumpli¨® las normas administrativas que rigen el funcionamiento de la Universidad Rovira i Virgili.