El primer caso de intervenci¨®n judicial en un club espa?ol
El 22 de diciembre de 1999, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, juez de la Audiencia Nacional, decret¨® la destituci¨®n de Jes¨²s Gil como presidente del Atl¨¦tico de Madrid, y de Enrique Cerezo como vicepresidente, as¨ª como de todo el consejo de administraci¨®n del club.El auto del juez estaba fundamentado casi en su totalidad en una petici¨®n del fiscal Carlos Castresana, basada en el hecho de que ambos se hicieron con el 94,5% del capital social del club, valorado en m¨¢s de 1.950 millones de pesetas, sin desembolsar cantidad alguna por sus acciones, en tanto que el resto de socios pagaron 112 millones de pesetas, cantidad que "se qued¨® tambi¨¦n Jes¨²s Gil". Tambi¨¦n se acusaba a Gil y Cerezo de diversas operaciones fraudulentas para conseguir la conversi¨®n del club en sociedad an¨®nima. Gil es acusado de haber saldado una deuda con el club de 2.700 millones compens¨¢ndola con los derechos ficticios sobre cuatro jugadores -los africanos Abbas Lawal, Limamou Mbengue y Mat¨ªas Djana, y el brasile?o Maximiliano Oliveira-, ninguno de ellos conocido.
Garc¨ªa-Castell¨®n nombr¨® a Luis Manuel Rub¨ª como administrador judicial con plenos poderes para llevar la administraci¨®n del club hasta el 31 de marzo de 2000, mientras se investigaban los presuntos delitos de estafa, apropiaci¨®n indebida, falsedad en documento p¨²blico y mercantil y delitos societarios, cifrados en 9.427 millones de pesetas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El 27 de diciembre de 1999, el Juzgado de Garc¨ªa-Castell¨®n decret¨® el bloqueo de seis cuentas bancarias del Atl¨¦tico de Madrid.
El 3 de enero de 2000, la plantilla del Atl¨¦tico de Madrid, tras un entrenamiento, emiti¨® un comunicado de apoyo a Jes¨²s Gil y su familia, y mostr¨® su divorcio del administrador Rub¨ª.
El 13 de enero de 2000, Rub¨ª envi¨® al juez un escrito poniendo en duda diversos documentos contables del club. Cuatro d¨ªas despu¨¦s, el fiscal Castresana pidi¨® 200 millones de pesetas de fianza para Jes¨²s Gil y otros 100 m¨¢s para su hijo Miguel ?ngel y para Cerezo. Al d¨ªa siguiente, el juez Garc¨ªa-Castell¨®n confirm¨® el auto por el que decret¨® la intervenci¨®n y administraci¨®n judicial del Atl¨¦tico. Un d¨ªa m¨¢s tarde, impuso una fianza de 125 millones a Gil y 50 a su hijo y a Cerezo para eludir la prisi¨®n.
El 1 de febrero pasado, el club Figueres pidi¨® personarse en el juicio como perjudicado. M¨¢s tarde, el 22 de febrero, hizo otro tanto el Burgos. Ambos clubes militan en Segunda B.
El 14 de marzo pasado, Rub¨ª ofreci¨® a la Agencia Tributaria hipotecar los terrenos del estadio Vicente Calder¨®n para regularizar una deuda fiscal de 1.300 millones. El martes pasado, la familia Gil solicit¨® al juez que se impusiera una fianza a Rub¨ª para garantizar que su gesti¨®n al frente de la entidad fuera la adecuada.
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