'Caso Lasa y Zabala', el juicio de las mil mentiras
El juicio por el caso Lasa y Zabala, que qued¨® visto para sentencia el pasado jueves, pasar¨¢ a la historia judicial espa?ola como el de las retractaciones. En ning¨²n otro caso reciente han llegado a desdecirse de sus declaraciones incriminatorias uno de los acusados y cuatro testigos, sobre aspectos importantes. Este hecho va a provocar que la sentencia que se dicte se convierta, y esta vez m¨¢s que nunca, en un ejercicio de libre valoraci¨®n de las pruebas existentes por parte del tribunal. Los magistrados, tanto si se pronuncian en favor de la absoluci¨®n como si lo hacen por la condena, deber¨¢n explicar por qu¨¦ creen m¨¢s unas versiones que otras, en muchos casos radicalmente contradictorias.El proceso reci¨¦n concluido investigaba el secuestro, torturas y asesinato de los etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala, que desaparecieron en Bayona (Francia) el 15 de octubre de 1983. El fiscal elev¨® durante el juicio las penas para todos los procesados y reclam¨® 110 a?os de c¨¢rcel para el general Enrique Rodr¨ªguez Galindo y el ex gobernador civil de Guip¨²zcoa Julen Elgorriaga, y 108 a?os para el teniente coronel ?ngel Vaquero y los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo por pertenencia a banda armada, detenci¨®n ilegal, lesiones y asesinato. El fiscal pidi¨® tambi¨¦n cuatro a?os de c¨¢rcel por encubrimiento para los otros dos procesados, el ex secretario de Estado Rafael Vera y el abogado vinculado al Ministerio del Interior Jorge Argote.
Ninguno de los testimonios del centenar de testigos que han declarado en la vista oral ha sido definitivo. El polic¨ªa ?ngel L¨®pez Carrillo y el contrabandista Pedro Luis Migu¨¦liz, Txofo, fueron las principales bazas de la acusaci¨®n.
L¨®pez Carrillo relat¨® la conocida versi¨®n de que a la vuelta de una visita al lugar de un atentado en O?ate (Guip¨²zcoa) en el coche del ex gobernador, Galindo recibi¨® un aviso para que llamase urgentemente al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, y que tras telefonear dijo que hab¨ªan ca¨ªdo dos peces medianos en Francia. Tambi¨¦n dijo que Elgorriaga le cont¨® que hab¨ªa ido con Galindo a presenciar los interrogatorios de Lasa y Zabala en el Palacio de la Cumbre, en San Sebasti¨¢n, y que los etarras cre¨ªan que eran del Mosad.
Obviamente, Elgorriaga y Galindo han rechazado esa versi¨®n y han aportado numerosos testimonios para desacreditar a L¨®pez Carrillo y su relato. El principal testigo de descargo es el coronel retirado C¨¢ndido Acedo, que asegur¨® que era ¨¦l quien viajaba en el coche con Galindo y el gobernador, y no L¨®pez Carrillo. Lo cierto es que Acedo esper¨® ocho meses para desmentir a ¨¦ste y en su declaraci¨®n incurri¨® en errores de bulto que pusieron en entredicho su versi¨®n. Acedo describi¨® el lugar del atentado en O?ate como un cruce, cuando en realidad era una recta, y asegur¨® que pudo apreciar los da?os sufridos por el veh¨ªculo alcanzado por la explosi¨®n en el mismo lugar de los hechos; si bien, a la vista del atestado elaborado por la Guardia Civil, tuvo que rectificar, ya que uno de los guardias se?al¨® que, debido a la gravedad de su compa?ero, se trasladaron al Hospital de Mondrag¨®n en el mismo veh¨ªculo.
La versi¨®n de L¨®pez Carrillo estaba corroborada inicialmente por los testimonios de otros polic¨ªas, sus compa?eros Julio V¨¢zquez Aira y Rafael Barranco. Ambos se han retractado, y el tribunal deber¨¢ valorar sus motivos y su credibilidad. V¨¢zquez Aira hab¨ªa dicho inicialmente que acompa?¨® a Carrillo a O?ate y confirm¨® su versi¨®n de "los dos peces" que hab¨ªan ca¨ªdo en Francia. En el juicio, sin embargo, asegur¨® que s¨®lo repiti¨® la lecci¨®n que le hizo aprender Carrillo. Pero se da la circunstancia de que V¨¢zquez Aira aport¨® en su d¨ªa datos nuevos, in¨¦ditos y diferentes a los que Carrillo hab¨ªa dicho y ¨¦ste tuvo que rectificar. De modo que la retractaci¨®n de V¨¢zquez es, cuando menos, pol¨¦mica.
Barranco, por su parte, hab¨ªa manifestado que en 1987 Carrillo le cont¨® el viaje con Galindo y Elgorriaga y que Lasa y Zabala estaban muertos y enterrados en La Cumbre, extremo que Carrillo nunca ha declarado. En el juicio se desdijo y aleg¨® sentirse amenazado. Barranco recibe tratamiento psiqui¨¢trico desde que declar¨® por este asunto en mayo de 1996.
Los otros dos retractados son los ex guardias de Intxaurrondo Jos¨¦ Mar¨ªa Vel¨¢zquez Soriano y Francisco Javier Olivar. Vel¨¢zquez, testigo protegido, se quej¨® de que la protecci¨®n no le ha servido para nada y est¨¢ amenazado de muerte. Neg¨® sus anteriores acusaciones.
Olivar, que guardaba una bolsa que le proporcion¨® Bayo con supuestos trofeos de guerra incriminatorios para los procesados, tambi¨¦n modific¨® su testimonio inculpatorio. No pudo explicar por qu¨¦ se retractaba y neg¨® que hubiera sido amenazado. Sin embargo, una cinta que se escuch¨® en la sala, producto de un pinchazo a su tel¨¦fono, revel¨® que estaba aterrorizado porque cuatro de sus compa?eros le hab¨ªan hecho una visita en su casa de El Espinar (Segovia).
Por su parte, la declaraci¨®n de Migu¨¦liz es de referencia. Seg¨²n el contrabandista, Dorado le cont¨®, mientras esperaban un alijo de droga, que hab¨ªan secuestrado a los dos etarras y que tras interrogarles les hab¨ªan trasladado a Alicante, donde les asesinaron.
Dorado ha negado que contase nada a Migu¨¦liz, pero en un v¨ªdeo grabado por su abogado, Jorge Argote, sin el conocimiento de Migu¨¦liz, ¨¦ste afirmaba que era verdad que el guardia le hab¨ªa contado lo ocurrido con Lasa y Zabala, aunque estaba dispuesto a negarlo a cambio de 100 millones de pesetas.
Tambi¨¦n el ex coronel Juan Alberto Perote, que fue n¨²mero dos del Cesid, los servicios secretos espa?oles, afirm¨® en el juicio que en la primavera de 1997, Vera, Galindo, Elgorriaga y Argote le propusieron en el despacho de este ¨²ltimo que se retractase de las acusaciones que hab¨ªa formulado en ¨¦ste y otros procesos. En pago saldr¨ªa bien librado de la causa militar en la que estaba inmerso y respecto a la que, dos meses antes del juicio, le auguraron una pena de siete a?os de c¨¢rcel, como as¨ª ocurri¨®.
Adem¨¢s, Perote aport¨® dos documentos originales altamente incriminatorios: la nota de despacho de 28 de septiembre de 1983 -dos semanas antes del secuestro de Lasa y Zabala- en la que se anunciaba el inicio inmediato de acciones de guerra sucia en Francia por parte de guardias civiles, y la transcripci¨®n de unas supuestas conversaciones entre el entonces sargento Pedro G¨®mez Nieto, hombre de Perote en Intxaurrondo, y Galindo, en el despacho de ¨¦ste, en las que se hablaba de preparativos de acciones contra etarras. Sorprendentemente, y a pesar de esas grav¨ªsimas acusaciones, las defensas de Vera, Galindo, Elgorriaga y Argote no interrogaron a Perote.
El caso de Bayo merece menci¨®n aparte. Constituye la retractaci¨®n por excelencia en la causa. Sus cuatro declaraciones ante el juez Javier G¨®mez de Lia?o en agosto de 1997 han marcado la pauta del proceso. En ellas, el ex guardia civil aseguraba que hab¨ªa callado hasta entonces por una lealtad mal entendida hacia Galindo, pero que como el sumario se iba a cerrar y hab¨ªa muchas evidencias contra Dorado y contra ¨¦l, hab¨ªa decidido empezar de cero y eliminar la estrategia de su abogado hasta ese momento, Argote.
Bayo negaba haber secuestrado a Lasa y Zabala, pero reconoc¨ªa que tanto Dorado como ¨¦l hab¨ªan participado en sus interrogatorios en La Cumbre. Y aseguraba que el teniente Fidel del Hoyo les hab¨ªa llevado all¨ª, donde se encontraban los detenidos con Elgorriaga, Galindo y Vaquero. A?adi¨® que les dijeron que se trataba de dos refugiados de Francia, que les ten¨ªan que interrogar sin saber qui¨¦nes eran ni que se hallaban en Espa?a y que les hicieran pensar que ellos eran del Mosad. Supo que se trataba de Lasa y Zabala porque all¨ª estaban sus documentaciones y efectos personales.
Bayo agreg¨® que recibieron instrucciones de Galindo para interrogarlos y que en ning¨²n momento les torturaron. Les interrogaron por separado para ver si hab¨ªa contradicciones y les mostraron un ¨¢lbum de fotos con gente de Tolosa por si reconoc¨ªan a alguien. De ah¨ª partieron, afirm¨®, las operaciones Tolosa 1 y 2.
Seg¨²n Bayo, Galindo, Elgorriaga y Del Hoyo s¨®lo estuvieron en La Cumbre la primera noche, mientras que Vaquero estaba casi permanentemente all¨ª. ?l y Dorado se marcharon a los tres d¨ªas. Nunca m¨¢s volvi¨® a ver a los detenidos y tampoco pregunt¨® por su paradero. No se hizo atestado porque era una operaci¨®n irregular. Bayo a?adi¨® que "era consciente de que estaban detenidos ilegalmente".
En el juicio, Bayo hizo una retractaci¨®n gen¨¦rica, pidi¨® perd¨®n a sus compa?eros y se?al¨® que todo fue un enga?o del juez G¨®mez de Lia?o. Sin embargo, el acusado no quiso que le interrogasen ni el fiscal, ni las acusaciones, ni siquiera todas las defensas. S¨®lo las que ¨¦l eligi¨®, alegando encontrarse deprimido. El tribunal propuso que la retractaci¨®n se hiciera en forma de pregunta y respuesta para darle forma de declaraci¨®n, pero ¨¦l, acogi¨¦ndose a su derecho, prefiri¨® guardar silencio mientras el fiscal y las acusaciones formulaban preguntas que quedaban sin respuesta. El tribunal tendr¨¢ que valorar los datos que proporcion¨® para apoyar su testimonio, la cinta grabada en prisi¨®n por ¨¦l y Dorado y su transcripci¨®n mecanogr¨¢fica.
El juicio ha tenido tambi¨¦n momentos terribles, como la muerte del comisario Jes¨²s Garc¨ªa a causa de un infarto masivo mientras declaraba, y extra?os, como el primer d¨ªa de la vista, que tuvo que ser aplazada al comparecer Bayo fuertemente sedado y en calzoncillos.
La sentencia se conocer¨¢ con toda probabilidad antes del 20 de mayo, cuando Dorado y Bayo cumplen cuatro a?os de prisi¨®n preventiva
Un abanico de posibilidades
El tribunal del caso Lasa y Zabala tiene un abanico de posibilidades entre la absoluci¨®n y la condena de los acusados. Una de ellas, que ha tomado cuerpo como hip¨®tesis estos d¨ªas en medios jur¨ªdicos, consiste en la condena por detenci¨®n ilegal sin dar cuenta del paradero, un delito del que nadie ha acusado.Estas fuentes se?alan que las pruebas para condenar por asesinato son endebles y que incluso el abogado de la acusaci¨®n I?igo Iruin tuvo que inferir el asesinato a partir de la detenci¨®n ilegal, pero sin datos concretos que identifiquen al autor material de los disparos.
Por ello, y considerando que hay prueba directa e indiciaria m¨¢s que suficiente para acreditar la implicaci¨®n de los acusados en el secuestro de los etarras, estas fuentes se inclinan por el tipo previsto en el art¨ªculo 166 del actual C¨®digo Penal, que se corresponde con el art¨ªculo 483 del C¨®digo vigente en el momento de los hechos. La redacci¨®n de este ¨²ltimo precepto se?ala: "El reo de detenci¨®n ilegal que no diere raz¨®n de la persona detenida o no acreditare haberla dejado en libertad, ser¨¢ castigado con la pena de reclusi¨®n mayor" (entre 20 a?os y un d¨ªa y 30 a?os de c¨¢rcel) .
La mayor¨ªa de las fuentes jur¨ªdicas consultadas, sin embargo, precisan que el precepto vulnerar¨ªa el principio acusatorio y no es aplicable al caso al haber aparecido los restos de los dos etarras.
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