Cooperativa PSV, acto final Hoy comienza el juicio por el fracaso del mayor proyecto de vivienda social en Espa?a

Naci¨® en 1988, apoyado en la solidez del principal sindicato del pa¨ªs, la Uni¨®n General de Trabajadores (UGT), y se convirti¨® cinco a?os despu¨¦s en un esc¨¢ndalo de proporciones gigantescas. El proyecto IGS-PSV, de promoci¨®n social de viviendas, se hundi¨® irremisiblemente en 1993 y llev¨® la desesperaci¨®n a 20.000 familias que aspiraban a un piso digno a un precio asequible. Hoy se inicia en la Audiencia Nacional el macrojuicio para determinar qui¨¦n fue el responsable del desastre. Un desastre que precipit¨® el final de la carrera del entonces secretario general de la UGT, Nicol¨¢s Redondo, que abandon¨® su cargo en abril de 1994, en pleno esc¨¢ndalo, y que oblig¨® a la centenaria organizaci¨®n a olvidar el sue?o de convertirse en un sindicato a la alemana e hipotecar todo su prestigio y su patrimonio para reflotar el proyecto.La Fiscal¨ªa de la Audiencia solicita para los presuntos responsables de aquel fracaso ocho a?os y dos meses de prisi¨®n. Adem¨¢s, la UGT se enfrenta a la amenaza de una responsabilidad civil estimada en 18.587 millones de pesetas. Justamente la cantidad de dinero que, seg¨²n el fiscal, se distrajo en las operaciones cruzadas entre la cooperativa PSV y su gestora, la IGS. Los siete imputados son Carlos Sotos Pulido, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y director de la PSV; Sebasti¨¢n Reyna y Paulino Barrab¨¦s, ex responsables de finanzas de la UGT, y Ferm¨ªn Bret¨®n, Francisco Hern¨¢ndez, Jes¨²s A¨ªna y Primitivo ?lvaro, los administradores del proyecto.

Dos de los imputados, Sotos y Barrab¨¦s, ya conocieron los pasillos de la prisi¨®n por el caso. Sotos estuvo en la c¨¢rcel entre junio de 1994 y julio de 1995 y Barrab¨¦s, un hist¨®rico de la UGT y del PSOE, permaneci¨® en ella durante dos semanas en julio de 1994.

Hasta finales de a?o

En el juicio, que previsiblemente se prolongar¨¢ hasta finales de a?o, declarar¨¢n varias personas que formaron parte de la ejecutiva de la UGT. As¨ª, entre otros, lo har¨¢n como testigos Nicol¨¢s Redondo, Jos¨¦ Antonio Sarac¨ªbar, Apolinar Rodr¨ªguez, Jos¨¦ Mar¨ªa Zufiaur, Jos¨¦ Luis Daza, Manuel Fern¨¢ndez L¨®pez y Miguel ?ngel Ord¨®?ez.

El clima en el que se desarrollar¨¢ el juicio ser¨¢, no obstante, muy distinto al que se registraba en 1994, cuando un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n, los cooperativistas de la PSV expresaban su frustraci¨®n por las calles de Madrid, encabezados por el combativo grupo de la promoci¨®n de Valdebernardo, e inundaban las redacciones de los medios de comunicaci¨®n de cartas y llamadas desesperadas por la evaporaci¨®n de sus ahorros.

El ambiente ser¨¢ ahora diferente porque, seis a?os despu¨¦s, una gesti¨®n correcta ha logrado que 12.385 cooperativistas dispongan de su vivienda, aunque hayan tenido que soportar una derrama (incremento sobre el precio previsto) del 7%. Quienes se borraron de la lista de la cooperativa, unas 7.000 personas, recibieron del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) tres cuartas partes del dinero que hab¨ªan entregado, hasta un total de 9.283 millones de pesetas.

Quedan pendientes, sin embargo, las reclamaciones por los da?os y los perjuicios sufridos por los cooperativistas durante los meses en que vieron peligrar su futuro y su dinero. En el sumario del caso PSV figuran como reclamantes 6.503 personas. El grupo m¨¢s numeroso lo forman mil cooperativistas de la promoci¨®n de Valdebernardo, que en el juicio estar¨¢n representados por el abogado Joaqu¨ªn Ruiz Jim¨¦nez. Aunque la mayor parte de los afectados, unos 5.800, han recibido su piso o su dinero, sus denuncias, por la v¨ªa penal, han seguido adelante.

Un c¨®ctel peligroso

Perjudicados, testigos y responsables de la IGS explicar¨¢n sus respectivas versiones de lo que sucedi¨® con el ambicioso proyecto entre 1988 y 1993. Pese a la espectacularidad del caso, pr¨¢cticamente todas las partes aceptan una verdad com¨²n: nadie de IGS-PSV o de la UGT, aparentemente, meti¨® la mano en la caja.

Lo dijo de manera gr¨¢fica, a finales de 1998, quien fuera responsable de finanzas del sindicato, Reyna: En el tema PSV, afirm¨®, "no hay cuentas en para¨ªsos fiscales", algo en lo que, tambi¨¦n aparentemente, coincidieron los administradores nombrados por la Administraci¨®n, encabezados por Valeriano G¨®mez, abogado del Estado, tras la intervenci¨®n de febrero de 1994.

?Qu¨¦ sucedi¨®, entonces, en la PSV y en su gestora, la IGS? ?Por qu¨¦ suspendi¨® pagos? La respuesta no es simple. Fall¨® la gesti¨®n, fallaron los controles del principal accionista del proyecto -la UGT ten¨ªa el 47% de las acciones de la IGS-, se deterior¨® el contexto -la UGT y el Gobierno socialista se hallaban enfrentados- y se deterior¨® la confianza de las bases. Adem¨¢s, los gestores de la IGS mezclaron el proyecto social con el negocio puro y duro y, de paso, intentaron hacer favores al sindicato impulsor del mismo.

As¨ª, la gestora IGS, dirigida por Sotos, compraba el suelo por toda Espa?a para construir viviendas de la PSV, pero al mismo tiempo adquir¨ªa terrenos para orquestar grandes operaciones inmobiliarias que, en pleno boom, podr¨ªan arrojar jugosos beneficios. De esta forma, la IGS alentaba la construcci¨®n de pisos baratos a la vez que promov¨ªa viviendas de lujo en Madrid, como la urbanizaci¨®n Bressel; dise?aba complejos urban¨ªsticos en Mallorca, como Marina Calvi¨¢, o emprend¨ªa aventuras de imagen como la de la Esfera Armilar, en la capital de Espa?a.

En esos proyectos no estrictamente adscritos al proyecto cooperativo, la IGS comprometi¨® cerca de 9.000 millones. A esas inversiones, discutibles, se unieron dos asuntos relacionados con el sindicato: la compra, en 1991, de varias sociedades ciento por ciento propiedad de la central y que no ten¨ªan sino p¨¦rdidas y un contrato por el que el sindicato percib¨ªa 80.000 pesetas por piso vendido en la PSV. As¨ª, la IGS asumi¨® la aseguradora Unial, la agencia de viajes Libertur y la empresa Tipograf¨ªa Torreblanca. El coste del favor a la UGT, unos 4.000 millones.

El contrato firmado entre IGS-PSV y la UGT en julio de 1990, formalizado en un documento privado suscrito por Sotos y Barrab¨¦s, proporcion¨® a las arcas de la organizaci¨®n sindical, siempre necesitada de efectivo, m¨¢s de 1.000 millones.

La mezcla de gesti¨®n discutible, huida hacia adelante y ausencia de control suficiente explica el colapso del proyecto en 1993 y el esc¨¢ndalo consiguiente hasta que el Gobierno decidi¨® intervenir la cooperativa, en febrero de 1994.

El golpe de tim¨®n, la segregaci¨®n de promociones para financiarlas de forma separada y el apoyo gubernamental dieron sus frutos en cuesti¨®n de meses. El ICO; las comunidades aut¨®nomas afectadas, especialmente Madrid y Andaluc¨ªa, y las entidades financieras buscaron f¨®rmulas de apoyo en forma de avales y cr¨¦ditos y los compromisos de la PSV, con derramas y quitas, han acabado por salir adelante.

S¨®lo el ICO y la Comunidad de Madrid hab¨ªan aportado para apuntalar el proyecto, hasta febrero de 1999, 24.000 millones en avales y cr¨¦ditos. De esa cantidad, a final de a?o, la IGS y la PSV habr¨¢n devuelto, seg¨²n fuentes de la actual administraci¨®n, 17.000 millones.

Finalmente, seg¨²n los actuales administradores, el fiasco PSV no costar¨¢ ni un duro al Estado. Muy al contrario, los 204.672 millones de pesetas de negocio generado por el valor de todos los pisos construidos le ha proporcionado, como ingresos inducidos (tributos y otros impuestos) 29.814 millones, seg¨²n un c¨¢lculo que los administradores de IGS-PSV califican de "conservador".