Propietarios de Matalasca?as ganan un recurso sobre el valor catastral

El Tribunal Econ¨®mico Administrativo Regional de Andaluc¨ªa (TEARA) ha dado la raz¨®n a la Asociaci¨®n de Propietarios de Matalasca?as (Huelva), que consider¨® indebidas las valoraciones catastrales elaboradas en 1995 por el Gobierno central para seis municipios onubenses. La resoluci¨®n responde a una serie de recursos presentados hace cinco a?os y tiene efectos retroactivos. Pero el Ejecutivo central entiende ahora que ¨²nicamente hay que devolver el dinero a los 197 propietarios que recurrieron.

Sin embargo, frente a los dos centenares de recurrentes, hay 83.000 vecinos afectados por el cobro irregular del catastro. El Gobierno, al eludir el pago de todos los valores indebidamente aplicados se ahorra unos 2.000 millones de pesetas, seg¨²n el presidente de los propietarios de Matalasca?as, Juan Hurtado.Los propietarios reclaman al Gobierno central una salida negociada al conflicto y que se trate a todos por igual. Hay personas que en estos cinco a?os han pagado a Hacienda entre 20.000 y 100.000 pesetas anuales m¨¢s de lo que legalmente les corresponde, seg¨²n Juan Hurtado.

Los municipios en los que se ha cobrado mal el catastro son los siguientes: Cartaya, Isla Cristina, Punta Umbr¨ªa, Lepe, Ayamonte y Almonte -al que pertenece la playa de Matalasca?as-. En estas localidades se distribuyen al a?o un total de 82.833 recibos. La diferencia en pesetas entre los dos recibos, el err¨®neo y el correcto, seg¨²n los a?os en los que se han aplicado mal los valores asciende a 1.957.206.000 pesetas, seg¨²n el c¨¢lculo realizado por la Asociaci¨®n de Propietarios de Matalasca?as.

Este colectivo ha mantenido durante estos a?os un pulso directo con el Gobierno: "Nos parece asombroso, discriminatorio y anticonstitucional que el Gobierno pretenda cobrar a unos vecinos m¨¢s que a otros. La medida, estamos convencidos, debe extenderse a todos los municipios en los que se han aplicado irregularmente los valores".

Juan Hurtado a?adi¨®: "El Gobierno discrimina a aquellos ciudadanos que no han recurrido, dando un valor discrecional a la aplicaci¨®n de la ley y demostrando que este Ejecutivo s¨®lo sirve para aquellas personas que recurren o protestan, pero el resto de ciudadanos, que por motivos de imposibilidad econ¨®mica o de desconocimiento de la ley no realizan este tipo de actuaciones, se quedan al margen de la justicia. As¨ª se demuestra que la justicia no es igual para todos".

El Gobierno ha planteado que la aplicaci¨®n de la resoluci¨®n ser¨ªa lesiva para los intereses de Espa?a. El presidente de los propietarios de Matalasca?as no piensa as¨ª: "Se demuestra que el Gobierno intenta no decir la verdad en cuanto a la realidad de esta mala aplicaci¨®n del catastro y sus consecuencias e intentan apropiarse indebidamente de unas elevadas cantidades de dinero de los ciudadanos de la provincia de Huelva", concluy¨®.