Josefina Albert FRANCESC DE CARRERAS

Los hechos, muy sucintamente, son los siguientes. Durante las pruebas de selectividad (PAAU) de junio de 1998 para acceder a la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, un alumno, durante el examen de Geolog¨ªa, pidi¨® a la doctora Josefina Albert, profesora del Departamento de Filolog¨ªa Rom¨¢nica y vocal del tribunal examinador, la versi¨®n en castellano de las preguntas que se le formulaban. Dicha profesora consult¨® con el presidente del tribunal, en presencia del coordinador general de dichas pruebas, quien le entreg¨® dicha versi¨®n escrita en castellano con la advertencia de que no la diera al estudiante, sino que s¨®lo verbalmente aclarara sus dudas. Ante la insistencia del alumno, la profesora Albert accedi¨® a entregarle la versi¨®n escrita y, adem¨¢s, hizo una fotocopia para otra alumna sentada en la fila de enfrente que tambi¨¦n le hab¨ªa hecho id¨¦ntica petici¨®n.D¨ªas despu¨¦s, la profesora Albert formul¨® por escrito una queja al Defensor del Pueblo para consultarle si su comportamiento era constitucionalmente adecuado. Por las mismas razones de fondo, tambi¨¦n formul¨® una queja al Defensor el profesor de la misma universidad doctor Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez. Siguiendo el procedimiento establecido, el Defensor pidi¨® la informaci¨®n correspondiente al rector de la Rovira i Virgili, doctor Arola. Considerando que esta petici¨®n al Defensor del Pueblo era legalmente inadecuada, se decidi¨® excluir a ambos profesores de los tribunales del curso siguiente. Motivo formal: haber presentado una queja ante el Defensor de Pueblo.

El rector hizo unas declaraciones a la prensa en las que dec¨ªa que ambos profesores hab¨ªan conculcado la legislaci¨®n vigente. Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez convoc¨® una conferencia de prensa denunciando los hechos y Josefina Albert, tras diversos intentos de conciliaci¨®n, present¨® una denuncia en el juzgado correspondiente alegando que la decisi¨®n de excluirla de los tribunales de selectividad era arbitraria e injusta y, por tanto, pod¨ªa constituir un delito de prevaricaci¨®n. Entretanto, el Defensor del Pueblo hab¨ªa considerado que el proceder de ambos profesores durante las pruebas era conforme a derecho y ped¨ªa explicaciones al rector por considerar arbitraria la exclusi¨®n. La semana pasada, el juez instructor, de acuerdo con el fiscal del caso, decidi¨® procesar por presunto delito de prevaricaci¨®n al rector, Llu¨ªs Arola, y al coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual.

De estos desgraciados hechos hay que sacar algunas consecuencias.

Una primera conclusi¨®n es que la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de la Generalitat es equivocada cuando impone coacciones y prohibiciones. En la sociedad catalana no hay problema ling¨¹¨ªstico alguno porque los ciudadanos, en su inmensa mayor¨ªa, encuentran natural la coexistencia de dos lenguas y respetan el libre uso que cada uno quiera hacer de ellas. Lo fundamental es entenderse y, desde luego, nos entendemos. Los problemas comienzan cuando son los poderes p¨²blicos los que se interfieren. M¨¢s all¨¢ de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica -que no por casualidad es muy ambigua- est¨¢ vigente una tortuosa reglamentaci¨®n que la desarrolla que, con frecuencia, es profundamente sectaria, contraria a los principios constitucionales y estatutarios y, sobre todo, producto del fanatismo y alejada del sentido com¨²n.

Para el supuesto concreto que nos ocupa, la normativa de las pruebas de selectividad establece que los textos en que se formulan las preguntas se entregar¨¢n siempre en catal¨¢n y que "en el caso de que alg¨²n alumno manifieste dificultad de comprensi¨®n de los enunciados por raz¨®n de la lengua usada, se dirigir¨¢ a los miembros del tribunal para aclarar cualquier duda. Si esta acci¨®n no es suficiente, se le facilitar¨¢ el texto en castellano en sustituci¨®n de la versi¨®n catalana". ?Son razonables tantas dificultades y cautelas en un momento en el que los j¨®venes pisan por primera vez la Universidad, est¨¢n l¨®gicamente nerviosos y asustados porque de tal prueba depende buena parte de su futuro y, en consecuencia, les resulta dif¨ªcil pedir con insistencia a los que vigilan el examen las preguntas en castellano? ?Qu¨¦ sentido tiene todo ello cuando lo que realmente interesa no es comprobar sus conocimientos de lengua -para ello ya existen pruebas espec¨ªficas-, sino del resto de materias? ?No es todo ello discriminatorio para una buena parte de la poblaci¨®n? Frente a Hollywood se cede, al ciudadano corriente se le asusta para que se calle.

Y esto ¨²ltimo nos conduce precisamente a la segunda conclusi¨®n: en materia de lengua en este pa¨ªs hay miedo, lo cual se pone de manifiesto en la diferencia existente entre lo que se comenta en privado y lo que se expresa en p¨²blico. En este caso, al rector Arola lo han apoyado p¨²blicamente el alcalde de su ciudad, los dem¨¢s rectores, el comisionado para universidades y ma?ana se entrevistar¨¢ con Jordi Pujol. Josefina Albert ha sido objeto de presiones acad¨¦micas y de una repugnante campa?a de calumnias e insultos por toda Tarragona mediante pintadas, carteles y continuas amenazas telef¨®nicas, incluida la de muerte. Excepto Convivencia C¨ªvica y el Foro Babel de Tarragona nadie ha salido en su defensa: ni partidos, ni sindicatos, ni sus compa?eros profesores, ni sus alumnos. Esta sociedad todav¨ªa vive, en materias que afectan a aquello que unos han determinado que es sagrado, entre un macartismo encubierto y una kale borroka psicol¨®gica que consigue como resultado el miedo. ?Se asombran todav¨ªa los partidos de izquierdas de que muchos se abstengan de votarles?

Afortunadamente, existen todav¨ªa personas valientes como Josefina Albert que, antes que nada, creen que es su obligaci¨®n ayudar a dos alumnos en apuros y hacer respetar su propia dignidad. Algunos nos enorgullecemos de ser sus amigos.