La incapacidad del Gobierno para atajar la pobreza extrema hace estallar la crisis

El clima de convulsi¨®n social que reina estos d¨ªas en Bolivia, y que ha obligado al presidente Hugo B¨¢nzer a declarar el estado de sitio durante 90 d¨ªas, no es nuevo. ?ste es uno de los pa¨ªses m¨¢s pobres del continente, azotado por una pobreza cr¨®nica que afecta a la mayor parte de la poblaci¨®n. La corrupci¨®n y los continuos golpes de Estado en los a?os setenta y ochenta han dejado otra secuela: la desesperaci¨®n por la incapacidad de las distintas autoridades civiles o uniformadas para corregir la situaci¨®n. La chispa ha sido un alza del 300% del servicio del agua potable, pero la crisis es mucho m¨¢s extensa.

La medida de fuerza adoptada por el Gobierno (el estado de sitio) no ha logrado, por el momento, quebrar la huelga general de siete d¨ªas en la ciudad de Cochabamba -m¨¢s de medio mill¨®n de habitantes-, ni lograr el levantamiento del bloqueo de caminos y carreteras en todo el pa¨ªs. Y no lo ha conseguido porque el problema m¨¢s grave es de fondo.Un informe de la ONU, que se presentar¨¢ la pr¨®xima semana en La Paz, ratifica la extrema pobreza de los habitantes del ¨¢rea rural boliviana, hasta el punto de considerar al campesino de este pa¨ªs como uno de los m¨¢s pobres del planeta, despu¨¦s de los del ?frica subsahariana. Los bolivianos soportan una permanente recesi¨®n econ¨®mica, agravada en los ¨²ltimos meses por el alza del precio de los carburantes y de las tarifas de los servicios b¨¢sicos (agua potable, energ¨ªa el¨¦ctrica y alcantarillado) frente al virtual congelamiento de los salarios, ya de por s¨ª escasos, que no recuperan siquiera el ¨ªndice de la inflaci¨®n.

A esto se suma el creciente desempleo y el subempleo de la mano de obra m¨¢s joven, que en esta naci¨®n andina se incorpora al mercado laboral a los 10 a?os.

Los mayores esfuerzos de la coalici¨®n partidaria en torno al presidente B¨¢nzer, que asumi¨® el Gobierno en agosto de 1997 por un periodo de cinco a?os, se han dedicado a la lucha intestina por alcanzar mayores cuotas de poder. Esta pugna fratricida se ha reflejado en la incapacidad gubernamental de atender y solucionar los problemas sociales m¨¢s urgentes, planteados con mucha antelaci¨®n al estallido de los conflictos de esta semana en Cochabamba y otras zonas del pa¨ªs. Muchos ciudadanos ven el Parlamento como una instituci¨®n alejada de la realidad e inoperante a la hora de dar soluciones a las reivindicaciones de las regiones m¨¢s pobres.

Los anunciados programas de lucha contra la pobreza, llamados tambi¨¦n de reactivaci¨®n econ¨®mica, no se han ejecutado plenamente. La necesidad de crecer a un ritmo superior al 6% o el 8% anual para hacer frente a las necesidades es, cada vez m¨¢s, una meta lejana e inalcanzable.

C¨ªrculo vicioso de miseria

La escasa capacidad de ahorro de la poblaci¨®n se suma a la dificultad del Gobierno de atraer inversiones extranjeras a un pa¨ªs con mercados marginales, p¨¦simas infraestructuras y escasa capacidad de consumo. En definitiva, un c¨ªrculo vicioso.

Existe otro elemento de irritaci¨®n social: la corrupci¨®n, que ha llegado a unos l¨ªmites insospechados. Frente a esa lacra, los ciudadanos se defienden con el cinismo y la desesperanza. ?se es el sentimiento m¨¢s extendido entre los pobladores de Cochabamba, que reclaman la inmediata rescisi¨®n del contrato de la administradora del servicio de agua potable que se adjudic¨® una empresa p¨²blica con un patrimonio de unos 300 millones de d¨®lares (51.000 millones de pesetas) y un capital social declarado en el acta de constituci¨®n de apenas 8.000 d¨®lares (1,36 millones de pesetas) y, seg¨²n explicaron las autoridades, con una cuenta bancaria de poco m¨¢s de 10 millones de d¨®lares. Con ese resplado financiero deben encarar inversiones por valor de 200 millones de d¨®lares para ejecutar el proyecto de explotaci¨®n de los recursos h¨ªdricos.

La Iglesia cat¨®lica, numerosos movimientos ciudadanos y algunos de los partidos que sustentan al actual Gobierno ya se han sumado a la campa?a contra la empresa de agua potable y exigen medidas inmediatas. El Gobierno prefiere esperar.

El presidente B¨¢nzer, que encabez¨® un Gobierno militar de siete a?os de duraci¨®n entre los a?os 1971 y 1977, dispuso como medida inicial el estado de sitio por un periodo de 90 d¨ªas. ?sta es la sexta vez que, desde la recuperaci¨®n de la democracia (octubre de 1982), se dicta una medida de excepci¨®n de este tipo para controlar los estallidos sociales, enraizados siempre en la situaci¨®n econ¨®mica de los bolivianos. Como los anteriores, lejos de resolver el problema de fondo, lo camuflan.