Cronolog¨ªa de un conflicto ling¨¹¨ªstico

El examen. Dos profesores de la Facultad de Letras, Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez y Josefina Albert, se dirigen en el verano de 1998 al Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda. El primero cuestiona la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica aplicada en las pruebas de acceso a la universidad y la segunda informa de que durante los ex¨¢menes de junio se neg¨® a dos alumnos el examen en castellano. Seg¨²n Albert, un estudiante le pidi¨® el cuestionario en castellano y ella traslad¨® la petici¨®n al presidente del tribunal. ?ste le facilit¨® un ejemplar en castellano, pero le advirti¨® que no se lo entregara al alumno, sino que lo usara para explicar ella, de forma oral, el contenido del cuestionario. Otra alumna pidi¨® entonces el examen tambi¨¦n en castellano. "A pesar de que me jugaba el no volver a participar en las pruebas, decid¨ª por mi cuenta hacer fotocopias y entregar la versi¨®n castellana a quien lo solicitara", explic¨® la profesora al Defensor.El Defensor act¨²a. En noviembre de 1998, el Defensor se dirige a la URV para reclamar informaci¨®n sobre las dos quejas, que la universidad asegura que no conoce. El rector y el coordinador de las pruebas deciden entonces excluir a los dos profesores de los tribunales de correcci¨®n alegando que han vulnerado las instrucciones que rigen para todas las universidades catalanas, seg¨²n las cuales, de entrada no se repartir¨¢n cuestionarios en castellano, y adem¨¢s han denunciado el incidente al Defensor sin haberlo comunicado antes al tribunal de las pruebas.

Reglamento. Paralelamente, el claustro de la URV aprueba, en enero de 1999, el reglamento de usos ling¨¹¨ªsticos que ratifica al catal¨¢n como idioma oficial del campus y regula la lengua de las rotulaciones, informes y documentos. El reglamento establece que los profesores que quieran optar a una plaza en esta universidad o promocionarse en ella deber¨¢n acreditar un nivel de catal¨¢n.

Interviene Vidal-Quadras. Convivencia C¨ªvica Catalana (CCC), presidida por el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras, interpone recurso contencioso-administrativo contra el reglamento ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) por inconstitucionalidad, y solicita la suspensi¨®n. El TSJC lo admite en mayo.

Demanda. Los profesores que han acudido al Defensor del Pueblo se enteran de su exclusi¨®n del tribunal de correcci¨®n de pruebas. Mientras que Fern¨¢ndez llega a un acuerdo con el equipo rectoral y desiste de interponer demanda, Josefina Albert presenta en junio una denuncia por prevaricaci¨®n contra el rector, Llu¨ªs Arola; contra el vicerrector, Estanislau Pastor, y contra el coordinador de las pruebas, Joan Igual.

Informe del Defensor. Pese a que tendr¨ªa que haberse inhibido por existir una causa penal, el Defensor del Pueblo emite un informe en el que no s¨®lo recomienda a la URV la restituci¨®n de los dos profesores a los tribunales de evaluaci¨®n, sino que cuestiona en su totalidad la pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de la selectividad. El defensor considera que los cuestionarios deber¨ªan repartirse desde el principio tanto en catal¨¢n como en castellano. La normativa de las pruebas, que se aplica en todas las universidades catalanas, establece que los cuestionarios se repartir¨¢n s¨®lo en catal¨¢n y que si un alumno reclama la prueba en castellano, el profesor le har¨¢ una traducci¨®n oral. S¨®lo si persiste en que no entiende, se le entregar¨¢ el cuestionario en castellano. El Defensor asegura que la URV ha represaliado a los profesores por haber recurrido a ¨¦l.

Traslado. El TSJC se declara incompetente y decide en septiembre el traslado de la causa al Juzgado de lo Contencioso-administrativo n¨²mero 1 de Tarragona. La aceptaci¨®n del recurso por la alta instancia ha supuesto la paralizaci¨®n del apartado n¨²mero 6 del reglamento, que regula los conocimientos de catal¨¢n de los profesores aspirantes.

Derechos vulnerados. En noviembre, el S¨ªndic de Greuges de la URV, Maties Vives, informa de que la actuaci¨®n de la universidad en este caso ha sido correcta, pero reconoce que el centro lesion¨® los derechos de los docentes cuando no les inform¨® por escrito y de forma motivada sobre las causas de su exclusi¨®n. Tambi¨¦n afirma que Albert actu¨® al margen de las instrucciones recibidas al repartir los cuestionarios en castellano.

Juicio oral y suspensi¨®n. Los procesos judiciales comienzan a complicarse para la universidad a finales de marzo. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Tarragona ordena la apertura de juicio oral por un delito de prevaricaci¨®n contra Arola e Igual. El juez Pedro Casas asegura en su auto que cualquier normativa que suponga una limitaci¨®n de uso del castellano es anticonstitucional. Los abogados de la URV critican que un juez de primera instancia se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de un reglamento sobre el cual el Tribunal Constitucional no ha dictaminado nunca. Dos d¨ªas despu¨¦s del auto, el juzgado contencioso-administrativo ordena la suspensi¨®n cautelar de la totalidad del reglamento por entender que su aplicaci¨®n pod¨ªa afectar a terceras personas. La URV anuncia la interposici¨®n de un recurso. El caso volver¨¢, pues, al TSJC.

Satisfacci¨®n. Vidal-Quadras muestra, en la presentaci¨®n de la secci¨®n de CCC en Tarragona, su satisfacci¨®n por la suspensi¨®n del reglamento y asegura que el recurso se ha interpuesto en Tarragona "porque existe un contexto social m¨¢s favorable a la demanda de libertad".

Petici¨®n fiscal. La Fiscal¨ªa de Tarragona pide ocho a?os de inhabilitaci¨®n para el rector. El fiscal sostiene que trat¨® de represaliar a los docentes y no les inform¨® sobre el proceso que llev¨® a su exclusi¨®n de las pruebas. Mientras tanto, todos los partidos del Parlamento, a excepci¨®n del PP, apoyaron el reglamento de usos ling¨¹¨ªsticos de la URV.