El edil de Salud contrata a dos firmas que conoc¨ªan las bases antes de aprobarse

El PSOE aprecia un "flagrante delito de prevaricaci¨®n" en dos contratos de menor cuant¨ªa (alrededor de cuatro millones) otorgados a empresas relacionadas con el soci¨®logo Amando de Miguel por el edil de Salud, Sim¨®n Vi?als (PP). Formalmente compitieron por el contrato tres empresas distintas, pero las tres firmas comparten sede y administrador ¨²nico, un hijo del citado profesional. Las empresas presentaron sus ofertas tres d¨ªas antes de aprobado el pliego de condiciones.

En la calle de Santa Engracia comparten piso tres empresas: T¨¢bula V, T¨¢bula Ik¨®nica y Artek V. Tienen un mismo administrador: Ignacio Javier de Miguel Garc¨ªa, hijo de Amando de Miguel. Estas tres empresas presentaron ofertas a dos contratos por procedimiento negociado (sin concurso) en las que expresaban su conocimiento y aceptaci¨®n del pliego de prescripciones t¨¦cnicas elaborado por el Ayuntamiento. Los escritos de esas tres empresas estaban fechados tres d¨ªas antes de que los pliegos de prescripciones estuvieran redactados y aprobados y, por tanto, pudieran ser conocidos por los interesados. El PSOE considera este hecho una prueba de prevaricaci¨®n y de trato de favor a "los amigos" del PP. Uno de los contratos recay¨® en Artek, y el otro, en T¨¢bula Ik¨®nica.Artek, la empresa del hijo de Amando de Miguel, fue contratada por Vi?als el pasado 21 de febrero para un estudio sobre la seguridad en la alimentaci¨®n, pero fue Amando de Miguel, su padre, quien entreg¨® el trabajo, seg¨²n el edil de Salud: "La empresa es de Amando de Miguel. Vino ¨¦l mismo a presentarnos el trabajo". Formalmente, el trabajo hab¨ªa sido otorgado a Artek V por considerarse "la m¨¢s favorable a los intereses municipales" de las "tres ofertas comerciales distintas" presentadas. Y la adjudicaci¨®n rubricada por Vi?als habla de que se otorga el contrato a Artek, "previa concurrencia de ofertas". Ni eran ofertas comerciales distintas ni hubo tal concurrencia, seg¨²n el PSOE. Una la firmaba el propio Amando de Miguel en nombre de T¨¢bula Ik¨®nica; otra la firmaba su hijo en nombre de Artek V, y la tercera, un apoderado de la empresa T¨¢bula V. S¨®lo esta ¨²ltima daba como domicilio Santa Engracia, aunque comparten las tres esas oficinas, seg¨²n reconoce su administrador, Ignacio Javier de Miguel. Las tres misivas ten¨ªan un punto singular. Cada uno de los ofertantes se dec¨ªa "enterado del pliego de condiciones t¨¦cnicas por las que regir¨¢ la contrataci¨®n de elaboraci¨®n de cuestionario y dise?o muestral y ejecuci¨®n de un trabajo para una encuesta sobre los madrile?os y la seguridad alimentaria". Se daban por enterados de un pliego de condiciones los d¨ªas 13 y 14 de diciembre de 1999. Y el pliego de condiciones se redact¨® y aprob¨® el 17 de diciembre, seg¨²n figura en el expediente municipal.

Consultas anteriores

Vi?als no ve extra?o que lo conocieran de antemano. "A veces se realizan consultas o sondeos con las empresas antes de que se redacte el pliego". Las condiciones fijadas eran por un importe m¨¢ximo de dos millones. Las tres empresas tambi¨¦n lo adivinaron. Artek V se lo qued¨® porque pidi¨® 1,9 millones de pesetas, mientras que sus dos rivales pidieron entre 50.000 y 75.000 pesetas m¨¢s.

Este mismo escenario se repiti¨® con otro contrato otorgado a T¨¢bula Ik¨®nica el pasado 21 de febrero por 1,9 millones de pesetas para realizar un sondeo sobre las actitudes de los madrile?os hacia el euro. Aqu¨ª, las diferencias son de 50.000 y 75.000 pesetas entre las ofertas. Pero las tres coinciden en darse, nuevamente, por enteradas del pliego de condiciones d¨ªas antes de ser aprobado.Vi?als afirma que ignoraba que las tres empresas estuvieran vinculadas. "No lo sab¨ªa". Y asegura que no ve fraude en ello. "Pero si lo hubiera estar¨ªa en contra", se defiende. Tampoco ve irregularidad alguna el director de Servicios de Consumo, Juan Ignacio Rojas Ponce. "La ley s¨®lo nos exige que el gasto est¨¦ aprobado y que se presente una factura. Y todo ha sido conducido reglamentariamente y con la aprobaci¨®n del interventor general, que no ha puesto reparos". Pero Rojas no explica por qu¨¦ conoc¨ªan los detalles del contrato las tres empresas antes de que fuera redactado el pliego de condiciones: "Yo no s¨¦ si lo sab¨ªan. Eso lo dices t¨²". Mantiene tal respuesta cuando se le leen las redacciones id¨¦nticas de los tres ofertantes. Asegura que ignoraba que las tres empresas pertenecieran a la misma persona: "Ni lo sabemos ni entramos en ese tipo de cuestiones". Ignacio Javier de Miguel, que admite ser due?o de las tres firmas, declara que no se explica c¨®mo pudieron conocer de antemano las bases del pliego de condiciones antes de que fueran redactadas, pero aventura una hip¨®tesis: "Hay una continua colaboraci¨®n con esta concejal¨ªa y a veces nos piden propuestas, y sobre estas propuestas realizan los pliegos de condiciones". Para lo que tiene respuesta es por qu¨¦ presenta a trav¨¦s de sus tres empresas sendas ofertas para un mismo contrato. "En temas administrativos no entro. Pero todo lo que hacemos est¨¢ sujeto a los controles del Ayuntamiento; ahora, si me he equivocado en algo, asumir¨¦ mi responsabilidad".

Rafael Merino, concejal socialista, denuncia al gobierno municipal: "Estos contratos constituyen una aut¨¦ntica chapuza que ha sido realizada por el PP para favorecer a sus amigos, lo que puede constituir un flagrante caso de prevaricaci¨®n. Llama la atenci¨®n que la fecha en que se presentaron las propuestas es anterior al d¨ªa en que se publicaron los pliegos de condiciones, lo que indica que los responsables municipales filtraron interesadamente su contenido a una empresa para que fuera la ¨²nica que pudiera participar y dejar fuera a las dem¨¢s, y esto no s¨®lo no es ¨¦tico, sino que es ilegal".

Merino considera incorrecta y sospechosa la actuaci¨®n de los dirigentes de la Concejal¨ªa de Sanidad: "Los responsables municipales han hecho la vista gorda a que las empresas pertenec¨ªan a la misma persona. Vamos a pedir en la comisi¨®n de vigilancia la anulaci¨®n del contrato".

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