La URV asegura que no hay testigos que avalen a la profesora sancionada

La Universidad Rovira i Virgili (URV) emiti¨® ayer un informe sobre el proceso judicial abierto contra el rector Llu¨ªs Arola, acusado de prevaricaci¨®n por haber apartado de las pruebas de selectividad a la profesora Josefina Albert, que reparti¨® dos ejemplares del cuestionario en castellano. La URV niega ahora los hechos, despu¨¦s de haberlos asumido durante meses, y anuncia el argumento de la defensa del rector al asegurar: "Nadie, con excepci¨®n de la se?ora Albert ha presenciado los hechos denunciados".

"Ante la desproporcionada difusi¨®n que ha tenido este hecho", advierte el informe, la URV asegura que la ¨²nica constancia que tuvo de la existencia de incidentes durante las pruebas de acceso a la Universidad de 1998 fue a trav¨¦s del Defensor del Pueblo, que se dirigi¨® a la URV para reclamar informaci¨®n por las quejas de dos profesores, que denunciaron la discriminaci¨®n del castellano en los ex¨¢menes. El Defensor del Pueblo, se?ala la URV, les indic¨®: "Los presidentes de los tribunales en los que participaron recibieron la orden de no repartir los pocos ejemplares de las pruebas impresos en castellano y, como consecuencia de ello, a dos alumnos del tribunal n¨²mero uno se les deneg¨® la solicitud de obtener un ejemplar".La URV niega ahora tajantemente que se produjera alguna irregularidad en las pruebas de selectividad, dice que en las actas no const¨® queja alguna formulada por los alumnos, y sentencia: "Nadie, a excepci¨®n de la se?ora Albert, ha presenciado los hechos denunciados".

La universidad puntualiza que, de ser cierto lo que la profesora Albert asegura , ¨¦sta tendr¨ªa que haber denunciado los hechos al presidente del tribunal para evitar problemas a los alumnos. La profesora, por el contrario, mantiene que no pod¨ªa quejarse al mismo presidente que le hab¨ªa conminado a que "bajo ning¨²n concepto entregara los cuestionarios en castellano", y que si se dirigi¨® en primer lugar al Defensor del Pueblo fue porque, asegura, "si acud¨ªa al rector me jugaba que no me volvieran a convocar".

Sin embargo, cuando el caso sali¨® a la luz p¨²blica, la URV explic¨® que los dos profesores que hab¨ªan denunciado la discriminaci¨®n del castellano fueron apartados porque no cumplieron con los pasos que se debe seguir en caso de que alg¨²n alumno despu¨¦s de recibir el cuestionario en catal¨¢n hubiera expresado alguna duda. De acuerdo con la normativa, en ese caso el profesor debe tratar de aclarar las dudas del alumno de forma oral. S¨®lo si ¨¦ste sigue sin comprender los enunciados, debe entreg¨¢rsele un ejemplar en castellano.

Ahora, sin embargo, el informe de la URV indica que la exclusi¨®n de los dos profesores se llev¨® a cabo "en uso de la discrecionalidad legal que tiene para decidir los nombramientos", y se debe a que aqu¨¦llos no se dirigieron al presidente del tribunal cuando observaron irregularidades.

Campa?a pol¨ªtica

La universidad admite que en principio la comunicaci¨®n de la exclusi¨®n se hizo de forma oral y, posteriormente, por escrito, y que ¨¦sta la firm¨® el profesor coordinador de las pruebas, Joan Igual, que tambi¨¦n est¨¢ involucrado en el caso y para el que la fiscal¨ªa demanda asimismo ocho a?os de inhabilitaci¨®n. La URV alude a la posibilidad de que la instituci¨®n sea v¨ªctima de una campa?a pol¨ªtica en su contra al recordar que Albert tiene un abogado de una agrupaci¨®n presidida por el conservador Aleix Vidal-Quadras.

Los abogados de la URV, en el recurso de queja que interponen contra la apertura de juicio oral decretado por el titular del juzgado n¨²mero 3 de Tarragona, se refieren tambi¨¦n a la falta de pruebas existente en el caso, as¨ª como a la ausencia de testigos o quejas registradas por los incidentes en la selectividad.

La apertura de juicio oral y la suspensi¨®n del reglamento de usos ling¨¹¨ªsticos de la URV ha supuesto el inicio de las movilizaciones en apoyo del rector por parte de los estudiantes.