Treinta familias del poblado de La Rosilla recurren contra su realojamiento lejos de Vallecas

Hay vecinos reacios al realojamiento de chabolistas en sus barrios o municipios, pero tambi¨¦n hay habitantes de poblados marginales de la capital que rechazan ser trasladados a otras localidades. Treinta familias del poblado vallecano de La Rosilla, casi todas las que quedan en este n¨²cleo ya medio desmantelado, se niegan a que la Comunidad de Madrid les realoje en zonas alejadas de su barrio actual. Todas han presentado un recurso de alzada para hacer valer "el derecho al retorno que tiene todo inquilino al que le derriban su casa en una operaci¨®n urban¨ªstica".

Los responsables del Instituto de Realojamiento e Integraci¨®n Social (IRIS), del Gobierno regional, aseguran que han ofrecido a estas familias pisos de alquiler en Ciudad Lineal, Latina, Carabanchel, Usera, Vic¨¢lvaro, San Blas, M¨®stoles, Alcorc¨®n, Getafe, Navalcarnero y Collado Villalba. Pero los afectados replican, y as¨ª lo ratifica su abogado, Rafael Garc¨ªa Merino, que s¨®lo se les ha propuesto M¨®stoles, Parla, Latina y Fuenlabrada, por lo que recurrir¨¢n a los tribunales."La Rosilla no la tiran porque las casas se caigan, sino porque el presidente Ruiz-Gallard¨®n se lo prometi¨® a las asociaciones de vecinos de Vallecas Villa; lo que no puede ser es que para cumplir sus planes nos quieran llevar por decreto a sitios tan lejanos como Collado Villalba o Fuenlabrada, donde tenemos que empezar de cero", asegura Manuel Jim¨¦nez, uno de los recurrentes.

El presidente regional se comprometi¨® con las asociaciones de vecinos de Vallecas a desmantelar en esta primavera La Celsa y La Rosilla, dos poblados de realojamiento de chabolistas construidos hace menos de siete a?os, que pronto se convirtieron en hipermercados de la droga.

"Tenemos nuestra vida hecha en la zona de Vallecas, Usera, San Blas y Moratalaz y la ley est¨¢ de nuestra parte, por eso no aceptamos que nos trasladen a cualquier sitio", a?ade Jim¨¦nez. "Como los responsables del IRIS no se han dignado a reunirse con nosotros y tampoco nos han presentado una oferta aceptable, vamos a pedir auxilio a los jueces", concluye.

Buena parte de las 30 familias recurrentes, todas gitanas, est¨¢n emparentadas. Se trata en muchos casos de parejas que comparten domicilio con sus hijos casados y sus nietos.

El recurso de alzada que han presentado se basa en el derecho al retorno recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Seg¨²n esta norma, cuando una operaci¨®n urban¨ªstica conlleva el derribo de una casa, su inquilino tiene derecho a que el arrendador de la finca (en este caso la Comunidad) le facilite otra vivienda "que est¨¦ ubicada en el mismo solar o en el entorno del edificio demolido".

Inseguridad jur¨ªdica

Estas familias consideran, adem¨¢s, que han sufrido "inseguridad jur¨ªdica" porque el IRIS les lleva notificando desde septiembre que les va a tirar la casa, que ellos ocupan en r¨¦gimen de alquiler social, sin especificarles c¨®mo va a ser la nueva vivienda en la que les va a realojar ni d¨®nde va a estar.

El letrado Garc¨ªa Merino explica que sus clientes no se niegan a marcharse de La Rosilla y que s¨®lo reclaman ser realojados en el entorno de las autov¨ªas de Valencia y Andaluc¨ªa. "No queremos dificultar los planes de la Comunidad, s¨®lo pretendemos que se respeten los derechos de estas familias, que tienen un contrato de alquiler en regla. Reclamamos una actuaci¨®n ajustada a derecho y no cesarista", a?ade. "Es contradictorio que un instituto llamado de integraci¨®n social desarraigue a unas familias de su entorno habitual", apostilla.

Luis Peral, viceconsejero de Obras P¨²blicas, Urbanismo y Transportes, destaca las dificultades del IRIS para armonizar los intereses de los chabolistas que no quieren desubicarse; los de los vecinos de Vallecas, que rechazan m¨¢s realojamientos en su zona, y los de los alcaldes de los municipios del sur, que reclaman que tambi¨¦n haya realojamientos en el noroeste rico. En el ¨²ltimo a?o y medio se han producido movilizaciones en Getafe, Legan¨¦s y Alcal¨¢ de Henares contra la llegada de nuevas familias chabolistas.

"Esperamos llegar a un acuerdo, pero, aunque no fuese posible, este problema no dilatar¨¢ el derribo de La Rosilla porque creemos que los jueces, al ver que nos comprometemos a realojar a los afectados en pisos dignos, nos autorizar¨¢n las demoliciones", concluye Peral.

El gerente del IRIS, Florencio Mart¨ªn, considera que el derecho de retorno s¨®lo existe cuando al arrendatario se le tira la casa por una operaci¨®n urban¨ªstica, "algo que no ocurre en La Rosilla, donde no se sabe a¨²n qu¨¦ se va a hacer con el terreno".

De las 164 familias que viv¨ªan hace un a?o en La Rosilla quedan 34 por realojar, entre ellas las del recurso.