El Ayuntamiento de Barcelona no pagar¨¢ la fianza que ha impuesto el juez por el crimen de la Villa Ol¨ªmpica
El Ayuntamiento de Barcelona anunci¨® ayer que no depositar¨¢ la fianza de 200 millones de pesetas impuesta por el juez Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a al declararlo responsable civil subsidiario de la muerte de Carlos Javier Robledo, ocurrida el 1 de abril pasado en la Villa Ol¨ªmpica tras recibir una brutal paliza por parte de un grupo de 10 j¨®venes.Francesc Jufresa, abogado externo del Ayuntamiento de Barcelona, compareci¨® ayer en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 14 de Barcelona para anunciar que el consistorio recurrir¨¢ contra la decisi¨®n del juez, porque considera que ¨¦ste ha interpretado equivocadamente la ley, y que agotar¨¢ todas las v¨ªas judiciales posibles para hacer valer sus argumentos.
La presentaci¨®n de esos recursos no paraliza la decisi¨®n judicial, por lo que Jufresa anunci¨® que el Ayuntamiento utilizar¨¢ alguna f¨®rmula jur¨ªdica para no incurrir en responsabilidad penal por desobediencia.
La f¨®rmula que el letrado plante¨® como m¨¢s probable es que el consistorio dicte un decreto por el que se reservar¨¢ una partida de 200 millones de pesetas para cubrir la fianza con cargo a alguno de los apartados del presupuesto municipal. De esta forma, el Ayuntamiento cumplir¨ªa la decisi¨®n del juez, pero sin recurrir a la forma m¨¢s habitual de cubrir una fianza, es decir, la presentaci¨®n de un cheque o de un aval bancario en el juzgado. El abogado municipal sostiene que, a diferencia de lo que ocurre con un particular o una empresa, al Ayuntamiento de Barcelona no se le podr¨ªa embargar si no depositara la fianza.
PASA A LA P?GINA 6
El consistorio de Barcelona alega que no es responsable ¨²nico de la seguridad
VIENE DE LA P?GINA 1 La resoluci¨®n judicial emitida por el magistrado Fern¨¢ndez Oubi?a basa la declaraci¨®n de responsabilidad civil en que el Ayuntamiento de Barcelona no adopt¨® "las m¨ªnimas medidas de seguridad" para proteger una zona "tan conflictiva" como el Puerto Ol¨ªmpico. El crimen se cometi¨® poco antes de las ocho de la ma?ana en una zona de ocio nocturno y los implicados sal¨ªan de una discoteca que hab¨ªa incumplido la normativa sobre horario de cierre.
El juez afirmaba en su auto que correspond¨ªa al consistorio ejercer la protecci¨®n de la zona "en m¨¢s que justa reciprocidad" a la "voracidad impositiva" del Ayuntamiento hacia estas salas de fiesta.
Frente a estas argumentaciones, el abogado del Ayuntamiento, Francesc Jufresa, considera que la decisi¨®n judicial no est¨¢ amparada por la jurisprudencia. En opini¨®n de Jufresa -que tambi¨¦n tiene entre sus clientes al financiero Javier de la Rosa y al consejero Pere Macias-, la interpretaci¨®n que realiza el juez en su resoluci¨®n es "novedosa y desconocida", y contiene una "gran creatividad jur¨ªdica". El letrado tampoco ahorr¨® calificativos para referirse al juez Fern¨¢ndez Oubi?a, de quien dijo que "le gusta crear derecho, adem¨¢s de aplicarlo".
Otros responsables
El Ayuntamiento entiende que con los mismos argumentos con que el juez le declara responsable civil subsidiario por los hechos, se podr¨ªa haber incluido tambi¨¦n a la Generalitat de Catalu?a, responsable de fijar los horarios de las salas de fiestas, y al Estado, porque la seguridad del orden p¨²blico corresponde al Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y no a la Guardia Urbana de Barcelona. Y descalific¨® la resoluci¨®n del juez por entender que no existe ninguna relaci¨®n de dependencia jer¨¢rquica entre los 10 j¨®venes procesados por los hechos y el consistorio barcelon¨¦s.
Francesc Jufresa explic¨® que el consistorio utiliza todos los medios a su alcance en los locales que resultan conflictivos por el incumplimiento de horarios y record¨® que "ordenar su cierre no es una decisi¨®n f¨¢cil de adoptar porque no tiene demasiado amparo legal".
En la misma l¨ªnea, record¨®: "Durante los a?os que llevo ejerciendo como abogado, he defendido a varios cargos p¨²blicos acusados precisamente de prevaricaci¨®n por clausurar establecimientos conflictivos".
El abogado municipal explic¨® durante su encuentro con el juez que la discoteca Back Fire, en cuyos alrededores sucedieron los hechos, acumula 55 denuncias por incumplimiento de horarios y tiene tres expedientes abiertos por diversas irregularidades.
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