Petici¨®n para ampliar la responsabilidad civil por el crimen de la Villa Ol¨ªmpica

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que est¨¢ personado en el caso del crimen de la Villa Ol¨ªmpica como acusaci¨®n particular, ha solicitado del juez que ampl¨ªe al Estado, a la Generalitat y a la discoteca en cuyos alrededores se produjo la muerte, la declaraci¨®n de responsable civil subsidiario, que hasta ahora recae sobre el Ayuntamiento de Barcelona. La petici¨®n argumenta que estos organismos tambi¨¦n tienen competencias sobre el orden p¨²blico y los horarios de estos locales.

El magistrado Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a impuso al Ayuntamiento de Barcelona una fianza de 200 millones de pesetas como responsable civil subsidiario de la muerte de Carlos Javier Robledo, ocurrida el 1 de abril tras recibir una brutal paliza, al entender que el consistorio no hab¨ªa adoptado "las m¨ªnimas medidas de seguridad" para proteger la seguridad del Puerto Ol¨ªmpico. Frente a esa acusaci¨®n de dejaci¨®n de funciones, el juez censuraba que el Ayuntamiento ejerc¨ªa una "voracidad impositiva" contra esos locales que no iba acompa?ada de una protecci¨®n p¨²blica de la zona.Contra esa resoluci¨®n, notificada el pasado jueves a las partes, ha recurrido el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet al considerar que los mismos argumentos que explica el juez son aplicables al Estado, porque es al Cuerpo Nacional de Polic¨ªa al que corresponde principalmente el mantenimiento del orden p¨²blico y es tambi¨¦n el organismo que cobra tributos a las discotecas. Del mismo modo, el recurso, redactado por el abogado Ferm¨ªn Morales, explica que tambi¨¦n deber¨ªa declararse responsable civil subsidiario a la Generalitat porque tiene competencias sobre la ordenaci¨®n del sector recogidas en una orden de 1 de julio de 1994 dictada por el Departamento de Gobernaci¨®n.

Esa orden establece los horarios de los locales dedicados a los espect¨¢culos p¨²blicos y en su art¨ªculo 9 atribuye competencias a las fuerzas de seguridad para efectuar inspecciones en los locales. Esas competencias, recuerda el recurso del Ayuntamiento de Santa Coloma, no se limitan a la polic¨ªa municipal y, adem¨¢s, la orden de la Generalitat establece tambi¨¦n que las infracciones observadas podr¨¢n ser sancionadas por la Administraci¨®n auton¨®mica, de acuerdo con una ley de 1990. Por todo ello, el recurso solicita del juez que confirme la fianza de 200 millones, pero que la haga extensiva a esas dos administraciones y a la discoteca Back Fire.

Carlos Javier Robledo, de 22 a?os, resid¨ªa en Santa Coloma de Gramenet, motivo por el cual el consistorio decidi¨® ejercer la acci¨®n popular movido por un "inter¨¦s institucional" para reparar el da?o causado a las familias de las v¨ªctimas por la agresi¨®n efectuada por 10 j¨®venes.