El Parlamento debatir¨¢ la creaci¨®n de centros para drogadictos encarcelados

VIENE DE LA P?GINA 1 El Partido Socialista ha presentado una proposici¨®n no de ley ante el Parlamento en la que pide la creaci¨®n de centros, que cumpliendo las medidas de seguridad pertinentes, den respuesta a las necesidades sanitarias de los drogadictos. La autora de la iniciativa, la parlamentaria Gemma Zabaleta, es partidaria de crear una red de centros, a caballo entre las actuales comunidades terap¨¦uticas regentadas por ONGs, donde cumplen condena en tratamientos de desintoxicaci¨®n los drogadictos que han cometido infracciones de escasa gravedad, y las tres c¨¢rceles que hay en Euskadi.

El debate impulsado va servir de alguna manera para que el Gobierno se decante por el sistema penitenciario que le gustar¨ªa desarrollar en el futuro, cuando recale en Euskadi la transferencia de prisiones: el mantenimiento de los tres grandes centros que hay ahora o la apuesta por instalaciones m¨¢s peque?as y descentralizadas, con posibilidad de que colectivos como los enfermos mentales y los toxic¨®manos dispongan de una atenci¨®n m¨¢s espec¨ªfica.

Para la parlamentaria del PSE, las medidas de deshabituaci¨®n de las drogas se deben plantear de manera individualizada, pormenorizada, algo muy complicado en las prisiones. En la actualidad, casi 800 toxic¨®manos est¨¢n incluidos en el programa de Intervenci¨®n en toxicoman¨ªas, recibiendo alg¨²n tratamiento de desintoxicaci¨®n en las prisiones de Basauri (Vizcaya), Martutene (Guip¨²coa) y Nanclares (?lava). Este programa, financiado con 48 millones de pesetas por la direcci¨®n de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, es desarrollado en Nanclares por la Asociaci¨®n de Psiquiatras Lur Gizen; en Basauri por la cooperativa Edex, y en Martutene por la Asociaci¨®n Agipad.

"Altamento positivos"

Seg¨²n el departamento, los resultados del programa durante 1999 han sido "altamente positivos" en los tres centros penitenciarios. El proceso de intervenci¨®n comienza en algunos casos desde los servicios de asistencia y orientaci¨®n al detenido. En estos servicios se orienta al toxic¨®mano sobre todas las posibilidades de tratamiento a las que puede acceder y dependiendo de su situaci¨®n incluso se propone al juez una medida alternativa a la prisi¨®n en un centro de tratamiento o comunidad terap¨¦utica.

Sin embargo, este tipo de comunidades, dirigidas por ONGs como proyecto Hombre o la Fundaci¨®n Etorkintza, no suelen tratar a personas catalogadas de delincuentes peligrosos, condenadas a una pena importante de prisi¨®n, y que, por ejemplo, han empleado armas de fuego en la comisi¨®n de sus infracciones o est¨¢n implicadas en delitos que crean una gran alarma social (contra la libertad sexual). Es precisamente para este tipo de personas, que en la actualidad tienen que cumplir sus penas en la c¨¢rcel, hacia las que ir¨ªan dirigidos los centros especiales que propugna el PSE.

De momento, la intenci¨®n del departamento es potenciar una serie de recursos de apoyo al sistema penitenciario (centros de acogida para libertades provisionales, centros de d¨ªa para terceros grados, residencias para enfermos de sida), como f¨®rmula de prevenci¨®n para acoger a los toxic¨®manos con un historial delictivo de escasa gravedad.

Uno de los inconvenientes con los que se encuentran los programas de desintoxicaci¨®n que se realizan en las tres prisiones es el n¨²mero de abandonos. Seg¨²n los informes correspondientes a 1999 de las tres asociaciones, en Nanclares es del 60%, en Martutene del 57% y en Basauri del 25%. Las razones para la salida del programa son variadas: conducciones y los tralados de c¨¢rcel, quedar en libertad, pasar al r¨¦gimen abierto o quebrantamientos de condena.