Condenados a seis meses de prisi¨®n dos polic¨ªas por la muerte del etarra Anuk

La Audiencia de Bilbao ha condenado a los comisarios del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, Mauricio Pastor y Manuel ?lvarez, a sendas penas de seis meses de prisi¨®n como autores del delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte en la persona del miembro de ETA Xabier Kalparsoro, Anuk, fallecido en 1993 al caer por una ventana del segundo piso de la Jefatura Superior de Bilbao. Otros dos polic¨ªas imputados han sido absueltos. Las acusaciones hab¨ªan solicitado para cada uno de ellos cuatro a?os de prisi¨®n.

La sentencia tambi¨¦n suspende a los dos mandos policiales condenados en el ejercicio de sus funciones durante el tiempo de condena, as¨ª como a pagar una indemnizaci¨®n de 6.250.000 pesetas a la madre del fallecido, por los da?os y perjuicios causados. Adem¨¢s, el tribunal declara la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Por contra, los otros dos agentes acusados, un inspector jefe y un inspector, que actuaron como instructor y secretario, respectivamente, de las diligencias, han sido absueltos, ya que ordenaron una custodia correcta del detenido.Los magistrados de la Secci¨®n Primera de la Audiencia de Bilbao consideran que Manuel ?lvarez y Mauricio Pastor, que en el momento de los hechos desempe?aban los cargos de inspector-jefe de servicios y jefe de la brigada de informaci¨®n, respectivamente, cometieron un delito de imprudencia temeraria. La sentencia subraya que, aun sabiendo que Kalparsoro era miembro de ETA y hab¨ªa mostrado con anterioridad s¨ªntomas de embriaguez, ordenaron que se le mantuviera en un habitaci¨®n en la que las ventanas no ten¨ªan sistemas de seguridad, sin esposar, y custodiado por una sola persona.

Xabier Kalparsoro falleci¨® el 26 de septiembre de 1993, dos d¨ªas despu¨¦s de caer por la ventana de la Jefatura Superior de Polc¨ªa de Bilbao, donde se encontraba detenido. En la sentencia se afirma que los polic¨ªas no ten¨ªan intenci¨®n de causar el da?o finalmente producido, y que no consideraron probable que Kalparsoro saltara por una ventana situada en el segundo piso, a unos ocho metros de la calle.

No obstante, y dado que no tomaron las medidas correctas de trasladarle a una dependencia m¨¢s segura y ordenar que fuera custodiado por dos agentes, cometieron un delito de imprudencia por omisi¨®n.

Kalparsoro fue arrestado por la Polic¨ªa Municipal de Durango (Vizcaya) el 24 de septiembre de 1993, poco despu¨¦s de que fuera sorprendido por una mujer cuando intentaba robar una furgoneta de reparto en un supermercado. Desde el primer momento, los agentes municipales apreciaron en el detenido un comportamiento "raro", seg¨²n declararon en el juicio. Kalparsoro manifest¨® claramente que era miembro de ETA, pidi¨® a los agentes que le dejaran escapar y, tras su negativa, la emprendi¨® a cabezazos con quienes le vigilaban en el calabozo municipal. La m¨¦dica forense que le visit¨® en estas dependencias asegur¨® que su impresi¨®n fue que estaba "bebido", ya que ol¨ªa a alcohol y no manten¨ªa bien el equilibrio. Todos estos datos fueron recogidos en un informe que se entreg¨® a los agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa que acudieron a recogerle a Durango por orden de la Audiencia Nacional. No obstante, el comisario Mauricio Pastor asegur¨® que Kalparsoro estaba "normal" y que no se le espos¨® porque su comportamiento no fue violento en ning¨²n momento y los etarras "no son peligrosos en dependencias policiales". Las pruebas m¨¦dicas que se realizaron al detenido en el hospital, donde fue ingresado tras caer por la ventana, dieron una tasa de alcoholemia calificada por el director del Instituto Forense de Bilbao, Rafael Alcaraz, como "estado de embriaguez en un sujeto no acostumbrado a beber".

En el juicio por la muerte de Anuk, la acusaci¨®n particular (en nombre de la familia Kalparsoro) y la acusaci¨®n popular (por la Asociaci¨®n contra la Tortura y el Ayuntamiento de Zumaia, de donde era natural el fallecido) solicitaron cuatro a?os de prisi¨®n y seis de inhabilitaci¨®n para cada uno de los cuatro polic¨ªas acusados, adem¨¢s de 25 millones de pesetas de indemnizaci¨®n.

El ministerio fiscal no present¨® acusaci¨®n contra los agentes por falta de pruebas y por considerar que los polic¨ªas no ten¨ªan datos para poder prever el comportamiento del detenido.