El Gobierno reformar¨¢ el Cesid y nombrar¨¢ por primera vez un director civil el pr¨®ximo a?o

Responsables de servicios secretos de ocho pa¨ªses participar¨¢n, entre el 10 y el 14 de julio, en el curso sobre "Seguridad y Democracia. El futuro de los servicios de inteligencia", organizado por la Universidad Complutense de Madrid. El director del curso es el ex ministro de Defensa con UCD Alberto Oliart y su adjunto, el director general del Cesid, Javier Calder¨®n. Ya han confirmado su presencia en El Escorial (Madrid) directivos o ex directivos de los servicios de informaci¨®n de Alemania, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido, Canad¨¢ y Jordania, adem¨¢s del propio Cesid. Han declinado la invitaci¨®n tanto la CIA como el Mossad israel¨ª, que no acostumbran a intervenir en actos p¨²blicos, ni siquiera en un marco acad¨¦mico, como es este caso.El objetivo impl¨ªcito del curso es trasladar a la sociedad espa?ola, que todav¨ªa recela de sus servicios secretos, la necesidad que todos los pa¨ªses tienen de dotarse de un centro de este tipo y la posibilidad de que act¨²e en un marco democr¨¢tico, sujeto a los controles legales.

El seminario de El Escorial no es el ¨²nico hecho que contribuir¨¢ a poner en primer plano el papel del Cesid. Oliart, junto al ex ministro de Interior socialista Antoni Asunci¨®n y al ex secretario de Estado para la Seguridad Ricardo Mart¨ª Flux¨¤, presentar¨¢ hoy en Madrid el libro "Servicios secretos", de Joaqu¨ªn Bardav¨ªo, Pilar Cernuda y Fernando J¨¢uregui.

Seg¨²n el libro, el Cesid mantiene relaciones directas con 108 servicios extranjeros y representantes oficialmente acreditados en unos 30 pa¨ªses. Estas relaciones habr¨¢n facilitado, sin duda, la organizaci¨®n del curso de El Escorial.

Los agentes secretos espa?oles est¨¢n pendientes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso del caso de las escuchas del Cesid. La sentencia dictada el 26 de mayo del a?o pasado por la Audiencia Provincial de Madrid ha sido el golpe m¨¢s duro sufrido por el centro durante el mandato de Calder¨®n. Aunque los hechos enjuiciados -las escuchas aleatorias a pol¨ªticos, empresarios y periodistas- se remontan a la etapa de Emilio Alonso Manglano al frente del Cesid, sus efectos son muy actuales. Lo que cay¨® como una bomba en el centro no fue tanto la condena de Manglano y Perote a seis meses de arresto, de improbable ejecuci¨®n, sino la de cinco agentes en activo a seis a?os de inhabilitaci¨®n absoluta.

Se trata, en la mayor¨ªa de los casos, de funcionarios subalternos que trabajaban en el Gabinete de Escuchas siguiendo las instrucciones de sus superiores. La condena, si el Supremo la ratifica, supondr¨¢ la p¨¦rdida de su carrera militar, los que la tienen, y en todos los casos el despido.

Para los miembros del Cesid esta sentencia es la prueba de la inseguridad jur¨ªdica en que se encuentran y de la urgencia de una ley que defina qu¨¦ pueden hacer y en qu¨¦ condiciones sin arriesgarse a acabar en los tribunales.

Aunque el fiscal de Madrid, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, que defendi¨® en el juicio la absoluci¨®n de todos los acusados salvo Perote, prepar¨® el recurso para el Supremo, ¨¦ste nunca lleg¨® a presentarse. El entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, se entrevist¨® con el fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, para explicarle la importancia del asunto, pero la gesti¨®n no tuvo ning¨²n efecto, m¨¢s all¨¢ de las buenas palabras.

La piedra angular de la reforma del Cesid ser¨¢ precisamente la aprobaci¨®n de una ley que regule sus mecanismos de control. Seg¨²n el proyecto que Serra discuti¨® con los grupos de la oposici¨®n en la pasada legislatura, y que al final qued¨® aparcado, el control judicial corresponder¨ªa a un magistrado del Supremo, designado por el Consejo General del Poder Judicial, encargado de autorizar y controlar las intervenciones telef¨®nicas y entradas en domicilio. Con el aval de un juez, se trabaja m¨¢s tranquilo.