Coces contra el aguij¨®n

Resulta sorprendente el empe?o de los partidos nacionalistas firmantes de la Declaraci¨®n de Barcelona en desconocer la realidad del Estado Auton¨®mico espa?ol. Si estuvi¨¦ramos en el inicio de la transici¨®n se podr¨ªa entender que se afirmara que el Estado "no es una sola cosa, ni tampoco 17, sino que somos cuatro realidades nacionales", como hizo Pere Esteve en el curso de la reuni¨®n que celebraron los parlamentarios de los mencionados partidos nacionalistas el pasado mi¨¦rcoles en el Senado. De Constitucione ferenda ser¨ªa una postura sostenible. Si la estructura del Estado tuviera que ser definida todav¨ªa constitucionalmente o si se estuviera planteando un proyecto de reforma de dicha estructura, ser¨ªa perfectamente posible que se defendiera la posici¨®n de que Catalu?a, el Pa¨ªs Vasco y Galicia debieran tener un status diferenciado respecto de los dem¨¢s territorios que integran el Estado espa?ol. Incluso se podr¨ªa defender una estructura en la que hubiera ¨²nicamente tres comunidades aut¨®nomas y el resto del Estado fuera un continuo territorial articulado en demarcaciones no pol¨ªticas, sino puramente administrativas.Pero no estamos en 1975, sino en 2000. La estructura del Estado est¨¢ definida. Y est¨¢ definida por la Constituci¨®n y por los 17 Estatutos de Autonom¨ªa. Con base en la Constituci¨®n y a trav¨¦s de los Pactos Auton¨®micos suscritos en 1981 por el Gobierno de la UCD y el PSOE y en 1992 por el Gobierno del PSOE y el PP se ha acabado definiendo una estructura del Estado en la que todas las comunidades aut¨®nomas tienen la misma naturaleza, la misma estructura organizativa y un nivel competencial que si inicialmente fue distinto es ya o est¨¢ ya a punto de ser el mismo. ?sta es la realidad. La posici¨®n jur¨ªdica de cada comunidad aut¨®noma es la misma en la estructura del Estado. Pod¨ªa no haber sido as¨ª, pero as¨ª ha sido. Y no parece que esta estructura vaya a ser revisada, al menos en el tiempo en que es posible hacer predicciones.

Que despu¨¦s cada una de las comunidades aut¨®nomas, independientemente de su igual posici¨®n jur¨ªdica, tiene un peso pol¨ªtico distinto y ejerce su derecho a la autonom¨ªa de forma asimismo distinta es evidente. Entre Andaluc¨ªa, con m¨¢s de siete millones de habitantes, y La Rioja, con algo menos de 300.000, hay diferencias, como las hay entre Catalu?a y Cantabria. Pero hay diferencias, como las hay entre California y Montana. Todas son unidades subcentrales de un Estado ¨²nico, aunque pol¨ªticamente descentralizado. ?sta es nuestra estructura del Estado, confirmada en cinco o m¨¢s elecciones auton¨®micas en todas las comunidades.

Dicho de otra manera: el pueblo espa?ol en el ejercicio del poder constituyente no ha aceptado nunca, y no es previsible que vaya a hacerlo en el futuro, que el Estado est¨¦ integrado por cuatro naciones: Catalu?a, el Pa¨ªs Vasco, Galicia y Espa?a. Ha considerado que Espa?a es una Naci¨®n (con may¨²sculas) integrada por "nacionalidades y regiones". ?sta es la definici¨®n que figura en el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n, que no ha sido objeto todav¨ªa de ninguna propuesta de reforma.

Espa?a no es una realidad pol¨ªtico-administrativa. Espa?a no es lo que no es Catalu?a, el Pa¨ªs Vasco y Galicia. Como recordaba Emilio Lamo de Espinosa hace unos meses en su columna de los lunes, la inmensa mayor¨ªa de los ciudadanos de las distintas comunidades aut¨®nomas, incluidas las llamadas nacionalidades hist¨®ricas, aunque con una significativa diferencia en el Pa¨ªs Vasco, no consideran incompatible su afirmaci¨®n simult¨¢neamente como catal¨¢n, gallego, andaluz, asturiano... y espa?ol. El porcentaje de ciudadanos que considera incompatible su condici¨®n de catal¨¢n o de gallego con su condici¨®n de espa?ol es muy reducido. Incluso en el Pa¨ªs Vasco era minoritario. La teor¨ªa de las cuatro naciones dista mucho de tener el apoyo m¨ªnimamente exigible para traducirse en norma jur¨ªdica. Si no pudo imponerse esa interpretaci¨®n constitucional de la historia de Espa?a en el momento de la transici¨®n y en la interpretaci¨®n inicial del T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n, es mucho menos probable que se pueda imponer ahora, cuando el Estado Auton¨®mico es una realidad plenamente consolidada. Negarse a aceptarlo es dar coces contra el aguij¨®n.