El alcalde acepta pagar con dinero municipal el derribo de la parte ilegal de la iglesia y su reforma

El Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, ha decidido pagar con fondos de las arcas municipales el derribo y posterior reforma de la esquina ilegal de la iglesia de Nuestra Se?ora de las Fuentes (barrio del Pilar), sobre la que pesa una orden judicial de demolici¨®n desde hace seis a?os. As¨ª lo ha comunicado el gerente de Urbanismo, Luis Armada, al Arzobispado de Madrid, propietario del templo, en una reuni¨®n celebrada en la ma?ana del pasado mi¨¦rcoles entre miembros del Ayuntamiento, encabezados por Armada, y representantes de la curia madrile?a.

En esta reuni¨®n con representantes del Arzobispado, el gerente de Urbanismo, Luis Armada, acord¨® que la demolici¨®n de la parte ilegal de la iglesia (unos 12 metros) se llevar¨¢ a cabo a lo largo del mes de julio. El Ayuntamiento manifest¨® su compromiso de pagar los costes tanto del derribo como de la reconstrucci¨®n. El concejal de Urbanismo, Ignacio del R¨ªo (PP), justific¨® as¨ª ayer el hecho de que el Ayuntamiento asuma el pago de la operaci¨®n: "El Ayuntamiento, en 1986, dio la licencia para construir esa iglesia. Luego los tribunales han fallado que esa licencia es ilegal, con lo que la culpa, y la responsabilidad, es del municipio. Igual pas¨® hace poco", a?adi¨® Del R¨ªo, "con una licencia que dio el Ayuntamiento para un bloque de pisos en [la calle de Antonio Arias] Retiro que emparedaba a unos vecinos. El Ayuntamiento, tras escuchar a estos vecinos, ha tenido que revocar la licencia, pero tambi¨¦n ha debido compensar a la empresa constructora". En el Arzobispado de Madrid ya se est¨¢n haciendo los planos para la reforma de la iglesia una vez que la piqueta tire abajo la parte que acoge en la actualidad el altar mayor. El derribo de la parte ilegal de esta iglesia pondr¨¢ fin a la dura batalla que ha mantenido la Secci¨®n Primera del Tribunal Superior de Justicia con el Ayuntamiento de Madrid para conseguir que ¨¦ste ejecute una sentencia dictada hace seis a?os y que cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo, ante el que recurri¨® el Arzobispado en un intento de evitar que se tirase su templo. El conflicto, traducido en siete autos que conminan al Ayuntamiento a cumplir la sentencia, ha dejado en el camino serias secuelas penales para 23 concejales, incluido el alcalde, y para el gerente de Urbanismo. El tribunal puso como l¨ªmite m¨¢ximo para derribar la iglesia el pasado 18 de marzo. Sin embargo, d¨ªas antes de expirar ese plazo, el Ayuntamiento acudi¨® all¨ª con una excavadora y por su cuenta decidi¨® posponer la operaci¨®n aduciendo que 300 feligreses se hab¨ªan apostado frente al templo para impedir su derribo, hecho que comunic¨® al tribunal como excusa del incumplimiento de la orden.

"Inter¨¦s de todo el barrio"

Algunos de los vecinos se siguen oponiendo al derribo. Isabel Devesa, una de ellos, considera que la demolici¨®n "inflige a la parroquia un da?o que es muy superior al beneficio que obtienen las dos viviendas [que han recurrido]". "?Es posible que el inter¨¦s de dos personas prevalezca sobre el de todo el barrio?", a?ade.

Los jueces, tras la oposici¨®n vecinal, dictaron otro auto en el que rechazaron esa excusa y recordaron al Consistorio que deb¨ªa emplear los medios coercitivos necesarios para dar cumplimiento a su obligaci¨®n constitucional: respetar y cumplir los mandatos judiciales.

La sentencia a¨²n da la raz¨®n a dos vecinos de un inmueble adyacente a la iglesia que acudieron a los tribunales alegando que el templo se hab¨ªa construido, en 1988, contraviniendo las normas del planeamiento urban¨ªstico; es decir, a menos de cuatro metros de sus casas, y que sus elevadas paredes imped¨ªan el acceso de la luz natural a sus casas durante todo el a?o.

Tras el taxativo auto del Tribunal Superior en el que rechazaba como excusa para posponer el derribo la presencia de feligreses, el Ayuntamiento, en un pleno celebrado el 24 de marzo, acord¨® iniciar los tr¨¢mites para legalizar la parte ilegal de la iglesia mediante un estudio de detalle. Los jueces se apresuraron a recordarle que ello no era posible y que la orden de derribo segu¨ªa vigente. Y, a la vez, decidieron abrir diligencias penales por presunta prevaricaci¨®n contra los 23 concejales que hab¨ªan votado a favor de iniciar tales tr¨¦mites. Veinti¨²no de los concejales eran del PP y dos de IU. ?stos dos ediles se han dirigido por escrito con posterioridad a los jueces para indicarles que votaron ese acuerdo enga?ados por el concejal Del R¨ªo. "Nos dijo que el tema judicial que gravitaba sobre la iglesia estaba solucionado y que no hab¨ªa ning¨²n problema para legalizarla", se?al¨® el edil de IU Justo Calcerrada.

Durante toda esta pol¨¦mica, los jueces han llegado a acusar al Ayuntamiento de actuar en connivencia con el Arzobispado de Madrid para esquivar y demorar la demolici¨®n del templo, y se mostraron extra?ados de que los feligreses hubiesen sido informados del d¨ªa en que se iba a desplazar all¨ª la piqueta con el supuesto fin de cumplir la sentencia.