Las v¨ªctimas de Pinochet denuncian que el pacto con los militares chilenos garantiza la impunidad

Los abogados querellantes contra el ex general Augusto Pinochet y la mayor¨ªa de los familiares de las v¨ªctimas de la represi¨®n chilena rechazan el acuerdo suscrito por las Fuerzas Armadas y un grupo de abogados de derechos humanos para la b¨²squeda de los cuerpos de desaparecidos durante la dictadura. Van a presentar un recurso de protecci¨®n por denegaci¨®n de justicia contra este pacto. Si este recurso no prosperara, no dudar¨¢n en apelar a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos. El acuerdo, aseguran, es una v¨ªa para la impunidad de los culpables. Los familiares consideran que el compromiso no contempla en momento alguno la b¨²squeda de los criminales y su castigo legal.

La mayor¨ªa de las organizaciones de familiares de las v¨ªctimas y defensoras de los derechos humanos en Chile est¨¢n unidas en un rechazo frontal al acuerdo, salvo los cuatro abogados (de dilatada trayectoria en la defensa de las v¨ªctimas) que participaron en la mesa de negociaci¨®n con los militares, y cuyo acuerdo fue difundido el martes. Estas asociaciones consideran que el compromiso facilita la impunidad de los responsables de las torturas y desapariciones durante la etapa de la dictadura.El acuerdo establece que las Fuerzas Armadas se comprometen durante seis meses, prorrogables por otros seis, a realizar los "m¨¢ximos esfuerzos posibles" para encontrar los restos de los desaparecidos (bajo el secreto profesional), entregar la informaci¨®n al presidente, Ricardo Lagos, para que ¨¦ste la remita a la Corte Suprema, que designar¨¢ jueces especiales para investigar el paradero o destino final de los desaparecidos. Lagos calific¨® el pacto alcanzado de "gran paso" hacia la reconciliaci¨®n nacional en una ceremonia a la que asistieron representantes de todos los poderes del Estado, y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.

"Por supuesto que nos interesa que se puedan encontrar cuerpos de las v¨ªctimas", pero "queremos la verdad plena y tambi¨¦n la justicia", afirm¨® Viviana D¨ªaz, presidenta de la Agrupaci¨®n de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Recuerda D¨ªaz que en 1995 se hallaron dos cuerpos de desaparecidos que permanecieron 20 a?os sepultados clandestinamente en el Fuerte Arteaga, un cuartel del Ej¨¦rcito "y nunca nadie investig¨® por qu¨¦ estaban all¨ª, qui¨¦n los hab¨ªa llevado y sepultado, y quienes guardaron silencio".

Carmen Hertz, una de las abogadas que solicit¨® el desafuero de Pinochet y viuda de una v¨ªctima de la Caravana de la Muerte, critica que la declaraci¨®n de la mesa intente "solucionar el problema de las Fuerzas Armadas y de los militares en retiro, que est¨¢n siendo procesados por los tribunales". Hertz opina que el compromiso de los militares en el acuerdo es "laxo y ambiguo" y les deja abierta la puerta para que digan, al terminar el plazo que no han logrado la informaci¨®n.

En el acuerdo, los militares manifiestan que en estos momentos no disponen de informaci¨®n sobre los desaparecidos, aunque se compromenten a buscarla y difundirla. Seg¨²n la declaraci¨®n de la mesa, dice Hertz, no se investigar¨¢n las circunstancias de la detenci¨®n, qui¨¦n detuvo, d¨®nde, a qu¨¦ lugar fueron llevadas las v¨ªctimas, qu¨¦ ocurri¨® con ellas, c¨®mo fueron ejecutadas. "La verdad se reduce al encuentro de restos", asegura.

De no prosperar este recurso, los denunciantes presentar¨¢n un alegato contra el Estado chileno, ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, basado en que la declaraci¨®n de la mesa contraviene lo que esta comisi¨®n ha indicado al Estado de Chile en dos ocasiones: que debe adecuar su legislaci¨®n a la Convenci¨®n Interamericana de Derechos Humanos, dejar sin efecto la autoamnist¨ªa dictada por el r¨¦gimen de Pinochet, investigar los cr¨ªmenes, individualizar a los culpables, sancionarlos y garantizar el derecho a la justicia de las v¨ªctimas.