El juez rechaza las pruebas sobre el espionaje del Cesid pedidas por HB

La investigaci¨®n judicial sobre el espionaje del Centro Superior de Informaci¨®n de la Defensa (Cesid) en la sede de Herri Batasuna (HB) de Vitoria, descubierto el 31 de marzo de 1998, ha entrado en un callej¨®n sin salida. Marino Herrero, titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 2 de Vitoria, ha rechazado las diligencias solicitadas por el abogado de la coalici¨®n abertzale, ??igo Iruin, alegando que el asunto ha sido clasificado como secreto por el Consejo de Ministros y que el Supremo no ha admitido revisar esta decisi¨®n.

Entre otras diligencias, el letrado de la acusaci¨®n particular hab¨ªa pedido que declarasen como imputados los dos ¨²ltimos responsables del servicio secreto bajo el Gobierno del PSOE, los generales F¨¦lix Miranda y Jes¨²s del Olmo, y los ex jefes de la Agrupaci¨®n Operativa de Misiones Especiales (AOME) del centro de inteligencia Manuel L¨®pez Fern¨¢ndez y Antonio Lago Palomeque.El juez recuerda que su antecesora al frente del juzgado, Carmen Lasanta, elev¨® una exposici¨®n razonada al Ministerio de Defensa en la que solicitaba la desclasificaci¨®n de los datos referidos al espionaje a HB. En su reuni¨®n del 24 de julio de 1998, el Consejo de Ministros respondi¨® negativamente a la demanda de la juez y refrend¨® el car¨¢cter reservado de la informaci¨®n.

El abogado ??igo Iruin present¨® un recurso contra esta decisi¨®n ante el Tribunal Supremo, confiando en que ¨¦ste revocase el acuerdo gubernamental, como ya hizo en el caso de los papeles del Cesid sobre la guerra sucia.

Sin embargo, la secci¨®n s¨¦ptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo no admiti¨® a tr¨¢mite el recurso de la acusaci¨®n alegando un defecto de forma. Ello se debe a que Iruin present¨® su recurso el 4 de diciembre de 1998, un d¨ªa antes de que concluyera el plazo, ante el juzgado de guardia de Madrid. Seg¨²n el Supremo, la presentaci¨®n en el juzgado de guardia s¨®lo es v¨¢lida cuando no es posible acudir al tribunal competente, lo que no ocurr¨ªa en este supuesto, pues el d¨ªa 5 a¨²n era h¨¢bil.

Ahora, el juez de Vitoria recuerda que la inadmisibilidad del recurso por parte del Supremo ha otorgado firmeza al acuerdo del Consejo de Ministros y que no cabe plantear peticiones sobre materias reservadas cuya desclasificaci¨®n no ha sido posible.

Otros imputados

Aunque el auto afecta a los cuatro ex directivos ya citados, la doctrina en ¨¦l contenida deber¨ªa aplicarse en buena l¨®gica a los dem¨¢s implicados. Tanto el actual director del Cesid, Javier Calder¨®n, como el militar que lo dirigi¨® entre 1982 y 1995, Emilio Alonso Manglano, comparecieron como imputados en el juzgado de Vitoria y se negaron a declarar apelando al car¨¢cter secreto de la operaci¨®n. Lo mismo hicieron otros agentes cuyos datos personales se encontraron en el registro de la base operativa instalada sobre la sede de HB.

La juez Carmen Lasanta ya adver¨ªa en su exposici¨®n razonada al Gobierno de que, si no obten¨ªa respuesta a sus preguntas, "simple y llanamente esta instrucci¨®n est¨¢ abocada al fracaso". Este pron¨®stico parece confirmarse a la luz del auto firmado por su sucesor el pasado d¨ªa 2.

El descubrimiento de las escuchas del Cesid a HB caus¨® en su momento un gran esc¨¢ndalo y oblig¨® a comparecer al entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, ante el Congreso, donde anunci¨® la destituci¨®n de un coronel y un capit¨¢n de nav¨ªo destinados en la Divisi¨®n Interior del servicio secreto. El primero de ellos, responsable directo de la base de Vitoria, muri¨® dos meses despu¨¦s debido a un infarto.

El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, afirm¨® en abril de 1998 ante el Parlamento que el Cesid "cumpl¨ªa con su obligaci¨®n" al espiar a HB.