Vascos, gallegos, catalanes...

El pasado d¨ªa 13, el Congreso vot¨® a Enrique M¨²gica como Defensor del Pueblo.En la edici¨®n del d¨ªa 14, EL PA?S ofreci¨® la noticia, en la secci¨®n de Espa?a, destacando en el titular que la elecci¨®n se hizo "por amplia mayor¨ªa".

El antet¨ªtulo aclaraba que "le apoyaron PP, PSOE, CiU y CC, y se opusieron vascos y gallegos".

Roberto L. Blanco Vald¨¦s, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, se ha dirigido al Defensor para mostrar su desasosiego ante lo que interpreta como un uso abusivo de estos t¨¦rminos al equipararlos a nacionalistas vascos, gallegos o, en su caso, catalanes.

Blanco Vald¨¦s explica, con indudable iron¨ªa, que, en un primer momento y tras leer el antet¨ªtulo, se extra?¨® de que "los diputados gallegos del PSOE y del PP (22 de los 25 que Galicia env¨ªa al Congreso) hubieran votado de forma diferente a su partido".

Tras comprobar, en el texto de la noticia, que tanto unos como otros hab¨ªan apoyado a M¨²gica, el lector razona que s¨®lo tuvo dos alternativas para interpretar el titular: o el desconocimiento de que "en Galicia el 78% del total de los votantes lo hacen por el PSOE y el PP", o bien que la noticia daba por hecho que "s¨®lo son votantes gallegos, en Galicia, los que lo hacen por el BNG".

Blanco Vald¨¦s concluye que "tanto una como otra interpretaci¨®n resulta profundamente desasosegante para quien, siendo gallego desde hace 42 a?os, no vota, sin embargo, y al igual que la inmensa mayor¨ªa de los electores de Galicia, al BNG".

Hay una primera explicaci¨®n, profesional, que debe ofrecerse al lector: la tiran¨ªa insoslayable del espacio de los titulares. Tal y como est¨¢ redactado hace imposible incluir la palabra nacionalistas para anteponerla a vascos y gallegos. No hay otro prop¨®sito en ese titular que no sea economizar palabras para componer un texto coherente.

Se da por hecho que los lectores sobreentienden el sustantivo nacionalista al escribir el adjetivo de la nacionalidad correspondiente.

Pero la queja del catedr¨¢tico gallego merece ser atendida, en un momento en que las pretensiones nacionalistas, especialmente algunas, preocupan seriamente a la sociedad y, sin duda, a muchos lectores del peri¨®dico.

El lenguaje no es inocente nunca y su utilizaci¨®n, en cualquier peri¨®dico de influencia, debe ser rigurosa para evitar, aunque sea involuntariamente, la difusi¨®n, m¨¢s o menos subliminal, de ideas que atentan contra principios b¨¢sicos constitucionales y, aun antes, de mera convivencia.

La pretensi¨®n de cualquier nacionalismo, apenas disimulada, consiste en identificar su planteamiento parcial, con la totalidad de la poblaci¨®n del territorio donde se desenvuelve, dando por hecho que lo vasco, lo catal¨¢n o lo gallego son entidades sim¨¦tricas y coincidentes con el nacionalismo que predican y hasta el punto de tachar como antivascos, o anticatalanes, a cualquiera que formule un reproche frontal al nacionalismo correspondiente.

Llevar al subconsciente colectivo la identificaci¨®n de la parte nacionalista con el todo de la regi¨®n, o pa¨ªs, o naci¨®n, es un ejercicio que debe evitarse, acudiendo, simplemente, al rigor period¨ªstico. El ¨²nico valor que debe contemplarse en esta columna.

Para abonar la necesidad de ese rigor bastar¨ªan los datos electorales, tal y como los maneja el lector en su referencia expresa a Galicia.

Como argumento de autoridad puede tomarse la opini¨®n de un nacionalista vasco democr¨¢tico, poco dudoso de sus convicciones. Joseba Arregui, en el libro Ser nacionalista, afirma que "plantear el nacionalismo como construcci¨®n de algo nuevo no significa abandonar nada de lo que existe, sino incorporar todos los elementos que existen con una ¨²nica condici¨®n: el abandono de la pretensi¨®n de representar en exclusiva a toda la sociedad vasca".

Matrimonio y pareja

El mismo problema de utilizaci¨®n subliminal del lenguaje, aunque no sea ¨¦se el prop¨®sito del peri¨®dico, aparece en otro ¨¢mbito muy distinto al anterior: las relaciones de pareja, heterosexuales u homosexuales.

La lucha de las parejas de hecho heterosexuales, o de las homosexuales, por conseguir reconocimiento y efectos jur¨ªdicos a su situaci¨®n viene logrando resultados, en el ¨¢mbito judicial y legislativo desde hace tiempo.

La equiparaci¨®n de estas uniones a la del matrimonio, en cuanto ofrecen la imagen externa de convivencia en pareja y de forma estable, es f¨¢cil de comprender.

Pero conviene volver al rigor como exigencia period¨ªstica insoslayable.

Pabl¨® Gin¨¦s, desde Barcelona, se dirigi¨® al Defensor hace varias semanas para protestar por un titular publicado en la secci¨®n de Sociedad: "Vermont, primer Estado norteamericano que aprueba el matrimonio entre gay''.

Como en tantas ocasiones, el texto era correcto y se refer¨ªa exclusivamente a "uniones civiles, semejantes a las bodas". Pero la preponderancia que ostentan los titulares es algo que limita muy seriamente la posterior exactitud y el rigor de cualquier noticia que encabecen.

En este caso, el lector advierte que "legalmente, no podemos llamar matrimonio a cualquier cosa. Todav¨ªa no".

Tiene raz¨®n y el hecho de que la difusi¨®n de este tipo de noticias apoye, sin duda, la pretensi¨®n de cualquier tipo de pareja para alcanzar derechos, no debe confundirse con la necesidad de claridad y de precisi¨®n.

El Libro de estilo exige a los redactores del peri¨®dico que rechacen "cualquier presi¨®n de personas, partidos pol¨ªticos, grupos econ¨®micos, religiosos o ideol¨®gicos que traten de poner la informaci¨®n al servicio de sus intereses".

Ni en el ejemplo de los grupos nacionalistas, ni en el del concepto de matrimonio aplicado a uniones de homosexuales, o en otros muchos que podr¨ªan espigarse, ha existido ning¨²n tipo de presi¨®n externa.

Precisamente por eso deber¨ªa extremarse la atenci¨®n para no dejarse arrastrar por ninguna corriente, ni utilizar ning¨²n tipo de expresiones que favorezcan, directa o indirectamente, intereses muy lejanos, o abiertamente contrarios, a las normas jur¨ªdicas y sociales admitidas por la inmensa mayor¨ªa.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electr¨®nico (defensor@elpais.es), o telefonearle al n¨²mero 91 337 78 36.