El caso de los mafiosos

El contencioso jur¨ªdico abierto entre Espa?a e Italia a prop¨®sito de los mafiosos refugiados en nuestro pa¨ªs corre el riesgo de derivar en un indeseable y absurdo conflicto pol¨ªtico entre pa¨ªses de la Uni¨®n Europea que tienen sistemas penales equiparables e igualmente respetuosos con los derechos del justiciable. El asunto ha trascendido el ¨¢mbito judicial para ser tratado, con preocupaci¨®n, por el presidente espa?ol, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, y el jefe del Gobierno italiano, Giuliano Amato, en su reuni¨®n de N¨¢poles. Expertos de ambos pa¨ªses se reunir¨¢n para ver la forma de desatar el nudo jur¨ªdico en que parece haberse convertido el asunto.Ni Espa?a ni Italia pueden, por cuestiones de procedimiento o de interpretaci¨®n legal, dejar impunes las actividades del crimen organizado. Pero es lo que est¨¢ sucediendo: al menos 600 mafiosos italianos, juzgados y condenados en su pa¨ªs en rebeld¨ªa, campan por sus respetos en el nuestro, sin cortapisas a sus movimientos y actividades. Si los sistemas legales permiten este desprop¨®sito es evidente que hay que reformarlos. Cuanto antes.

Pero no parece que haga falta llegar a ese extremo. Sin descartar una armonizaci¨®n penal m¨¢s a la letra, debe ser posible arbitrar f¨®rmulas transitorias de cooperaci¨®n judicial capaces de resolver el problema. El Tribunal Constitucional (TC) espa?ol considera que la inexistencia en Espa?a del equivalente al italiano juicio en ausencia representa un obst¨¢culo insalvable para extraditar a Italia a quien ha sido condenado en esas circunstancias, salvo que se garantice una revisi¨®n. La justicia italiana, sin embargo, mantiene que esta figura procesal no supone merma de derechos, especialmente el de defensa, ni bloquea la v¨ªa de los recursos. No queda claro, en todo caso, si el TC espa?ol exige un nuevo juicio o simplemente que Italia se comprometa a "garantizar una posible impugnaci¨®n de la sentencia condenatoria dictada en rebeld¨ªa". Un compromiso de este tipo podr¨ªa ser asumido por la justicia italiana. No parece que esa impugnaci¨®n quede fuera de los mecanismos de su sistema penal.

El asunto es lo suficientemente grave como para que los tribunales de ambos pa¨ªses no se encastillen en sus posiciones. La doctrina del TC espa?ol no puede suponer ninguna carta de impunidad para criminales que han delinquido en otro pa¨ªs. Tampoco puede servir de amparo a la pasividad de la polic¨ªa espa?ola frente a las ¨®rdenes de busca y captura de los jueces italianos o al bloqueo por parte de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional de las demandas de extradici¨®n. Aznar deber¨ªa mirar m¨¢s bien a estos ¨¢mbitos, y no al Constitucional, cuando trata de resaltar lo disparatado de la situaci¨®n. La justicia italiana puede tambi¨¦n flexibilizar su postura ofreciendo f¨®rmulas que, sin violentar sus procedimientos, facilitaran la tarea de los tribunales espa?oles.