El fiscal jefe de Sevilla pide que se retrase un a?o la ley penal del menor

El fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, se ha sumado a las peticiones que reclaman una pr¨®rroga de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, prevista para enero de 2001. Flores considera que ya no queda tiempo para tener a punto los medios materiales y el personal judicial y administrativo previstos en la ley, por lo que, a su juicio, ser¨ªa imposible cumplir con las garant¨ªas constitucionales de todos aquellos a los que se aplique esta norma.

"Lo ¨²nico que podemos garantizar es el incumplimiento [de la Constituci¨®n]", aseguraba ayer con una sorna cr¨ªtica Flores, mientras presentaba la segunda parte de la memoria fiscal de Sevilla de 1999. Y es que la ley penal del menor deja, por primera vez en Espa?a, la instrucci¨®n en manos de los fiscales, por lo que Flores quiere que salten todas las alarmas. Por el momento, la consejera de Justicia, Carmen Hermos¨ªn, que se re¨²ne hoy con el fiscal jefe, se ha mostrado partidaria de ce?irse a los plazos previstos, tanto en la ley penal del menor como en la de Enjuiciamiento Civil.La citada ley penal del menor se aplicar¨¢ a los j¨®venes comprendidos en la horquilla de edad que va desde los 14 a los 18 a?os. Adem¨¢s, a discreci¨®n del juez instructor, se podr¨ªan derivar al ¨¢rea penal de menores los casos de j¨®venes de hasta 21 a?os. La fiscal¨ªa sevillana ha calculado que el pr¨®ximo a?o se tramitar¨¢n alrededor de 4.000 casos relacionados con menores de los que en cerca de 2.500 se llegar¨ªa a formalizar acusaci¨®n.

El fiscal jefe sevillano considera que se necesitar¨ªan al menos cuatro jueces (uno de ellos itinerante) en Sevilla para que se comience a aplicar esta ley y entre 15 y 20 fiscales nuevos. Por el momento, son siete los fiscales que van a llegar.

Pero es que esta ley prev¨¦ hasta siete tipos diferentes de centros de acogida con mayor o menor grado de restricci¨®n de la libertad o inclinados a la reinserci¨®n social y tutela. Seg¨²n Flores, en Sevilla no hay ni uno s¨®lo de estos edificios. Tambi¨¦n se necesitar¨¢n nuevas sedes judiciales, equipos de atenci¨®n psicot¨¦cnica a los menores, secretarios de administraci¨®n de Justicia, polic¨ªas (la ley deja estos casos para la auton¨®mica) y funcionarios.

Flores teme que no se puedan asegurar los derechos que la Constituci¨®n prev¨¦ para cada acusado penalmente y que los fiscales tendr¨¢n que actuar alguna vez desde la distancia por fax o incluso por tel¨¦fono. A su juicio, una pr¨®rroga de una a?o con un calendario estricto para cumplir con construcciones y oposiciones podr¨ªa evitar el, a su juicio, desastre que se avecina.