Medias medidas

El debate parlamentario sobre las medidas de liberalizaci¨®n del Gobierno no ha conseguido despejar las dudas sobre su eficacia para dotar de m¨¢s competencia y transparencia a los mercados espa?oles de bienes y servicios estrat¨¦gicos. Ni Rato, ni Montoro ni ?lvarez Cascos, que se repartieron la defensa de las medidas en las ¨¢reas energ¨¦tica, fiscal y de vivienda-transporte, consiguieron transmitir la idea de que son las reformas estructurales que la econom¨ªa espa?ola necesita para mejorar sus mercados y evitar el desbordamiento de la inflaci¨®n. Por el contrario, se refuerza la impresi¨®n de que el equipo econ¨®mico est¨¢ apostando por una pol¨ªtica de intervenci¨®n discrecional en las empresas privadas sin que a cambio se impongan reformas profundas que beneficien a los ciudadanos.El anuncio del PSOE de que recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional el Decreto de Medidas Fiscales -uno de los cinco de que consta el abigarrado plan liberalizador del Gobierno-, puesto bajo la sospecha de favorecer desproporcionadamente a las rentas del capital frente a las del trabajo, apunta a otro de los grandes desequilibrios de la pol¨ªtica econ¨®mica de los Gobiernos de Aznar: el sesgo persistente de sus medidas fiscales a favor de las rentas m¨¢s elevadas.

Frente a la insistencia gen¨¦rica del Gobierno en que su plan liberalizador bajar¨¢ los precios -aunque a medio plazo-, "reforzar¨¢ la estabilidad econ¨®mica" y corregir¨¢ "las rigideces del mercado provocadas por el aumento de la demanda", las cr¨ªticas de la oposici¨®n, aunque escasamente precisas, parecen m¨¢s certeras.

Es muy dif¨ªcil confiar en que las limitaciones a las grandes operadoras petroleras para que adquieran o construyan nuevas estaciones de servicio en los pr¨®ximos a?os modificar¨¢n sustancialmente la red de distribuci¨®n, sobre todo si se tiene en cuenta que tanto Repsol como Cepsa ya hab¨ªan moderado significativamente su ritmo de apertura de gasolineras; tampoco es muy cre¨ªble que la limitaci¨®n de la potencia instalada en el pr¨®ximo quinquenio a las grandes compa?¨ªas el¨¦ctricas reduzca su poder en el mercado, porque los grupos el¨¦ctricos invertir¨¢n ahora en renovar sus plantas obsoletas de carb¨®n, incluso con financiaci¨®n p¨²blica; las vagas medidas encaminadas a reducir el precio del suelo carecen de m¨²sculo para bajar, siquiera a medio plazo, el coste de la vivienda, claramente disparado; los adelantos en la liberalizaci¨®n del bucle telef¨®nico local son muy t¨ªmidos, y el amplio rechazo de los peque?os comerciantes a la libertad de horarios comerciales, as¨ª como el conflicto de los libros de texto, hace pensar que el Gobierno ha sido incapaz de negociar adecuadamente con sus representantes.

Se observa, adem¨¢s, una clara tentaci¨®n intervencionista en algunas de las medidas. La rebaja de tarifas el¨¦ctricas, por ejemplo, planteada como si fuera un m¨¢ximo del 9% en tres a?os, implica en realidad la garant¨ªa pol¨ªtica y legal a las empresas de que el recibo de la luz bajar¨¢ menos de esa cantidad, y los organismos independientes de regulaci¨®n, como el Tribunal de Defensa de la Competencia, no han recibido ni m¨¢s medios econ¨®micos ni m¨¢s atribuciones legales para luchar contra la concentraci¨®n de los mercados. Por el contrario, el Gobierno mantiene su pol¨ªtica de incapacitar de hecho a los organismos independientes de regulaci¨®n del mercado y sigue autoatribuy¨¦ndose las facultades discrecionales de control sobre precios y tama?o del mercado.

El ejemplo m¨¢s notable de este intervencionismo rancio, que tendr¨¢ grav¨ªsimas consecuencias para la evoluci¨®n del mercado de valores, es la decisi¨®n del Gobierno de que las OPA (ofertas p¨²blicas de adquisici¨®n de acciones) sean comunicadas previamente al Ejecutivo y su aplicaci¨®n quede en suspenso mientras no se pronuncie la autoridad pol¨ªtica. Con el pretexto de limitar las concentraciones, el Gobierno establece una especie de censura previa a decisiones empresariales que no le competen. Si finalmente se aplica ese mecanismo de visto bueno pol¨ªtico previo, significar¨¢ la eliminaci¨®n del mercado de compraventa de empresas en Espa?a. Primero, porque acabar¨¢ con el factor sorpresa, que es un elemento decisivo en la estrategia de fusiones y adquisiciones; despu¨¦s, porque abrir¨¢ la puerta a amplias posibilidades de filtraciones y de uso de informaci¨®n privilegiada, y, por ¨²ltimo, porque solamente incentivar¨¢ el dise?o de operaciones manifiestamente bien recibidas por el Gobierno. Esta ins¨®lita recuperaci¨®n de la censura previa define perfectamente la profunda contradicci¨®n pol¨ªtica de un Gobierno que pretende liberalizar mercados en los que sobreviven poderosos oligolopios a trav¨¦s de medidas de un talante profundamente intervencionista.