Pujol pide que las autonom¨ªas intervengan para fijar su propio cupo de inmigrantes
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El presidente catal¨¢n, Jordi Pujol, quiere que las comunidades aut¨®nomas intervengan a la hora de determinar el contingente anual de inmigrantes, fijando la cuant¨ªa y caracter¨ªsticas de la mano de obra extranjera que cada una est¨¢ dispuesta a asumir. Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) ya ha remitido al delegado del Gobierno para la Inmigraci¨®n, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, las modificaciones que pretende introducir en la Ley de Extranjer¨ªa, aprobada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Fuentes de CiU han indicado que su apoyo a la reforma tiene condiciones y "no es un cheque en blanco".
Raza y nacionalidad
CiU reconoce que la decisi¨®n definitiva sobre el contingente anual de extranjeros corresponde al Gobierno, pero reclama que las comunidades con competencia en materia de ejecuci¨®n de la legislaci¨®n laboral, como Catalu?a, intervengan en su determinaci¨®n. Las mismas fuentes subrayan que las autoridades auton¨®micas son las que mejor conocen las necesidades de su mercado de trabajo, por lo que son las id¨®neas para determinar la cuant¨ªa y caracter¨ªsticas del cupo.El hecho de que el primer permiso de trabajo pueda limitarse a un territorio determinado hace m¨¢s necesaria la intervenci¨®n de las comunidades. Para CiU, el actual tr¨¢mite de audiencia al Consejo Superior de Pol¨ªtica de Inmigraci¨®n, en el que las autonom¨ªas est¨¢n representadas, es insuficiente.
Pujol ya sugiri¨® esta demanda en un art¨ªculo publicado en El Mundo el pasado 6 de junio. "No es lo mismo intentar integrar centroamericanos en Madrid, magreb¨ªes en El Ejido o subsaharianos en Girona", dec¨ªa. "No s¨®lo son diversos los que llegan, sino tambi¨¦n los que reciben. Por tanto, el volumen y el tipo de inmigraci¨®n deber¨ªan ser susceptibles, en algunos casos, de ser determinados por las comunidades aut¨®nomas. Atendiendo, entre otras, a las necesidades del mercado laboral".
El presidente catal¨¢n alud¨ªa a dos cuestiones: el cupo de extranjeros y su nacionalidad. Respecto al primer punto, CiU reclama que las consejer¨ªas de trabajo fijen no s¨®lo el n¨²mero de empleos para extranjeros, sino tambi¨¦n los sectores y su cualificaci¨®n profesional.
M¨¢s problem¨¢tico es predeterminar la raza o nacionalidad. Las autoridades canarias abiertamente, y otras de forma soterrada, han expresado su preferencia por acoger inmigrantes latinoamericanos o de Europa del Este, en vez de magreb¨ªes o subsaharianos, apelando a la mayor facilicidad de su integraci¨®n. Fuentes de CiU admiten, sin embargo, que no se puede incluir en la ley un principio de discriminaci¨®n de este tipo.Hasta ahora el Gobierno s¨®lo ha admitido, para ganarse el apoyo de Coalici¨®n Canaria, que el Ejecutivo del archipi¨¦lago pueda, con car¨¢cter excepcional, elevarle "propuestas sobre trabajo y residencia de extranjeros".
El documento remitido por CiU a Fern¨¢ndez-Miranda plantea, adem¨¢s de la intervenci¨®n de las autonom¨ªas en el cupo, otros cambios. Entre ellos, el reconocimiento a los inmigrantes irregulares de los derechos de asociaci¨®n, manifestaci¨®n y reuni¨®n; la suavizaci¨®n del r¨¦gimen de sanciones, para que trabajar sin permiso no sea causa de expulsi¨®n; la flexibilizaci¨®n del contingente, de modo que no incluya cualquier oferta de trabajo; o la necesidad de que se comunique esta circunstancia a quienes sean rechazados por estar incluidos en el sistema Schengen. Ninguna de estas sugerencias se ha incorporado al texto aprobado el viernes. Al contrario, el Gobierno lo ha rectificado para dejar claro que el permiso de trabajo lo da el ministerio y subrayar que la ley se dicta al amparo del art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n, que regula las materias que son "competencia exclusiva" del Estado.
El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo en asuntos de trascendencia
La inmigraci¨®n no es un "asunto de Estado al que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusi¨®n". As¨ª, al menos, cabe deducirlo del hecho de que el Gobierno no haya considerado necesario solicitar un dictamen al Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Extranjer¨ªa aprobado el pasado viernes. En caso contrario, habr¨ªa tenido que reclamar dicho informe, que tiene car¨¢cter preceptivo, aunque no vinculante, seg¨²n la Ley Org¨¢nica del Consejo de Estado, de 22 de abril de 1980. Esa ley tambi¨¦n obliga al Gobierno a pedir opini¨®n a su m¨¢ximo ¨®rgano consultivo cuando se trate de "anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecuci¨®n, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales".Parad¨®jicamente, el Gobierno siempre ha insistido en que la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa viene impuesta por los compromisos alcanzados en la cumbre celebrada por la Uni¨®n Europea en Tampere (Finlandia) en oto?o de 1999.
La consulta al Consejo de Estado resulta m¨¢s oportuna por las dudas que se han arrojado sobre la constitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de julio de 1987, ya anul¨® varios preceptos de la entonces vigente Ley de Extranjer¨ªa. Dos de los art¨ªculos anulados lo fueron por imponer limitaciones a los derechos de reuni¨®n y asociaci¨®n de los extranjeros. El texto aprobado por el Gobierno s¨®lo reconoce dichos derechos a los inmigrantes legales.
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