?Una oportunidad perdida en Espa?a?.

El autor entra en la pol¨¦mica por la adjudicaci¨®n de licencias de telefon¨ªa multimedia y opina que Espa?a podr¨ªa haber tenido mayores ingresos.

El Gobierno brit¨¢nico ingres¨® 6,3 billones de pesetas en la subasta de adjudicaci¨®n de licencias de telefon¨ªa m¨®vil de tercera generaci¨®n (UMTS). En Alemania se espera recaudar unos 10 billones. Francia, consciente del valor de las licencias, las conceder¨¢ por concurso pero las compa?¨ªas seleccionadas deber¨¢n pagar al Estado un total de 3,29 billones de pesetas. En Espa?a, por el contrario, el Gobierno ha optado por un concurso sin subasta que ha obtenido 85.000 millones de pesetas. A pesar de su trascendencia, este proceso se ha desarrollado sin repercusi¨®n alguna, en plena campa?a electoral y con un Gobierno en funciones, sin que haya existido el exigible debate acerca de la oportunidad pol¨ªtica y racionalidad econ¨®mica de la decisi¨®n adoptada. Adem¨¢s, dos de los contendientes que no obtuvieron licencia han recurrido el concurso espa?ol alegando supuestas irregularidades en el proceso y denunciando la absoluta opacidad de los criterios utilizados.La Teor¨ªa de las Subastas, desarrollada entre otros por el profesor Klemperer, de la Universidad de Oxford, que combina fundamentos de la Teor¨ªa Econ¨®mica con principios como los que se derivan de la Teor¨ªa de Juegos, demuestra que las subastas son mecanismos eficientes de distribuci¨®n de recursos productivos escasos. Generalmente, en una subasta, un postor est¨¢ dispuesto a desembolsar una suma equivalente a los beneficios futuros que espera obtener de los activos que adquiere. Las subastas aseguran derechos de uso a aquellos que est¨¢n dispuestos a pagar m¨¢s por ellos y no a los que son capaces de ejercer una mayor influencia pol¨ªtica en el proceso de concesi¨®n, tal y como reconoce el profesor Milgron, de la Universidad de Stanford. En una subasta formal, los contendientes generan y liberan mucha informaci¨®n acerca del mercado sobre el que est¨¢n disputando derechos, al tiempo que todos aprenden de las acciones del resto. De esta manera el Gobierno puede obtener y utilizar aisladamente m¨¢s cantidad de informaci¨®n que en un concurso tradicional, o concurso de belleza, como los llama Kemplerer, de modo que el resultado final comprende un grado de eficiencia y transparencia dif¨ªcil de igualar.

La mec¨¢nica de una subasta de licencias es sencilla. Una empresa puja lo m¨ªnimo que considera suficiente para asegurarse el lote que persigue. La cantidad apostada depende tambi¨¦n de lo que estima que van a ofrecer los competidores. En ocasiones, el exceso de optimismo puede llevar a la bancarrota, posibilidad que, sin embargo, no representa su principal problema pr¨¢ctico. Los inconvenientes m¨¢s graves de las subastas est¨¢n relacionados con la posibilidad de que varios contendientes se pongan de acuerdo, provocando situaciones de colusi¨®n o generando barreras de entrada en el mercado.

El ¨¦xito de una subasta depende de su dise?o, adaptado a cada situaci¨®n particular, y de c¨®mo est¨¦n definidos los derechos de los que participan en la misma. Su resultado es funci¨®n de factores como el n¨²mero de participantes y de licencias en juego, as¨ª como de la proporci¨®n de nuevos competidores potenciales frente a los que ya est¨¢n establecidos. En el caso brit¨¢nico hab¨ªa m¨¢s licencias en juego que empresas de telefon¨ªa m¨®vil ya instaladas en ese mercado. Por esta raz¨®n, los operadores ya instalados, ante la amenaza real de que otros nuevos entrasen en ¨¦l, evitaron pujar por debajo del valor de las licencias, o incurrir en pr¨¢cticas colusivas de manera impl¨ªcita, por el riesgo, el m¨¢s grande al que se enfrenta una empresa en una subasta, de quedarse fuera de ¨¦sta. Klemperer estima que la deficiente concepci¨®n de la subasta alemana de telefon¨ªa m¨®vil de 1999 permiti¨® a Mannesmann y T-mobil aprovecharse impl¨ªcitamente de la misma. Este experto particip¨® en el dise?o de la subasta brit¨¢nica, que persegu¨ªa la soluci¨®n m¨¢s eficiente desde una perspectiva de mercado y tambi¨¦n, lo que parece haberse obviado en Espa?a, la mejor soluci¨®n desde una perspectiva social.

Los detractores de las subastas argumentan que este sistema, por el coste de las licencias, puede llegar a comprometer la viabilidad futura de las empresas y sobre todo su capacidad de inversi¨®n a corto y medio plazo. Sin embargo, las empresas que m¨¢s arriesgan en las subastas suelen ser tambi¨¦n las que m¨¢s se esfuerzan e invierten para recuperar el coste de su licencia, y si s¨®lo incurren en p¨¦rdidas siempre existir¨¢ la posibilidad de vender la licencia. Adem¨¢s, la cantidad desembolsada por la licencia puede considerarse como un coste fijo, un montante que no afecta a la rentabilidad marginal de la inversi¨®n, ni, por tanto, a los beneficios adicionales que se puedan derivar de esa inversi¨®n en el futuro. En la pr¨¢ctica tampoco se verifica esta posibilidad. Las empresas que obtuvieron licencias UMTS en Espa?a, invert¨ªan al mismo tiempo cantidades billonarias para adquirir portales de Internet o productoras de contenidos mientras pujaban, tambi¨¦n billonariamente, en el concurso brit¨¢nico (antes de retirarse del proceso, otra opci¨®n importante). En Espa?a existen ejemplos de pujas elevadas, en contra de todos los pron¨®sticos, pero que a la postre se han demostrado adecuadas y ajustadas, como la realizada por el Banco Santander sobre Banesto.

El sistema de subastas es tambi¨¦n criticado por razones de car¨¢cter pol¨ªtico o administrativo. En este sentido, el argumento de sus contrarios es que el principal objetivo de los Gobiernos cuando sacan al mercado licencias no debe ser recaudar dinero, sino permitir que la sociedad acceda a nuevas tecnolog¨ªas y servicios que contribuyan a mejorar la eficiencia de la econom¨ªa y a generar riqueza. Sobre este aspecto, apuntado, por ejemplo, por Gaspar Ari?o, es dif¨ªcil no estar de acuerdo. Por ello, frente a las subastas, defiende el sistema de concurso con criterios claros y rigurosos, en el que queden fijados con m¨¢xima claridad los fines p¨²blicos a los que las licencias deben servir, evitando cualquier tipo de arbitrismo pol¨ªtico. Sin embargo, lo que es m¨¢s dif¨ªcil de argumentar al apoyar la alternativa del concurso es que ese fin ¨²ltimo de maximizaci¨®n del bienestar social se alcance de manera ¨®ptima y justa cediendo gratuitamente esos derechos y no subast¨¢ndolos. Normalmente, este planteamiento se complementa con la afirmaci¨®n de que el Estado no es el titular de esos derechos de dominio p¨²blico, que s¨®lo pertenecen a la comunidad, sino ¨²nicamente su administrador, y que, por tanto, no tiene derecho a apropiarse de los mismos y subastarlos. Y es aqu¨ª donde el acuerdo es m¨¢s complicado. En el caso espa?ol se echa en falta una explicaci¨®n coherente de por qu¨¦ el Estado, administrador y no propietario, los ha transferido gratuitamente a empresas privadas. Si se tratara de licencias para explotar otro tipo de factor, como petr¨®leo obtenido en aguas nacionales, probablemente a nadie le parecer¨ªa razonable obrar como se ha hecho.

La ¨²nica evidencia para la comunidad es que unos recursos de dominio p¨²blico, objetivamente valorables en el mercado, han sido transferidos a empresas privadas a cambio de nada. No existen indicios de que el precio de las licencias pusiera en peligro las inversiones necesarias, que tampoco son descomunales, ni existen garant¨ªas de que, por no haber tenido que pagar por ellas, esas inversiones est¨¦n m¨¢s aseguradas. Adem¨¢s, existen soluciones intermedias. En el Reino Unido, el debate actual es qu¨¦ hacer con ese dinero. En Espa?a, evidentemente, este debate es ya imposible, si bien parte de esas cantidades, si hubieran existido, pod¨ªan haber sido destinadas a inversiones en infraestructuras de red y en formaci¨®n y educaci¨®n t¨¦cnica de usuarios y profesionales, ¨¢mbitos en los que Espa?a sufre una preocupante infradotaci¨®n respecto al resto de Europa.

Estas medidas, adem¨¢s, redundar¨ªan en el uso y, por tanto, rentabilidad futura de estos nuevos servicios. Por otra parte, Eurostat va a permitir que los ingresos obtenidos por esta v¨ªa sirvan para reducir el d¨¦ficit p¨²blico. ?ste es el debate que se est¨¢ produciendo en otros pa¨ªses, Reino Unido, Francia, Alemania, etc., y que aqu¨ª, incomprensiblemente, se ha silenciado. En definitiva, cuando menos puede afirmarse que el sistema elegido para adjudicar licencias de telefon¨ªa m¨®vil UMTS es m¨¢s que dudoso. Por la dimensi¨®n de la cuesti¨®n y por el volumen de la transferencia de recursos y de renta futura que se ha producido, quiz¨¢s tanto como todo lo recaudado por el conjunto de privatizaciones en Espa?a, parece que merece una mayor atenci¨®n que la que se le ha dedicado en los ¨²ltimos meses.

Juan Moscoso del Prado Hern¨¢ndez es profesor asociado de econom¨ªa de la Universidad Carlos III de Madrid.