Con y sin papeles

Terminado el plazo extraordinario de regularizaci¨®n de extranjeros residentes de hecho en Espa?a, al que ha intentado acogerse cerca de un cuarto de mill¨®n de ciudadanos, la principal inc¨®gnita es qu¨¦ va a pasar con las personas que no hayan obtenido el permiso de residencia. El secretario de Estado de Extranjer¨ªa, Enrique Fern¨¢ndez Miranda, declar¨® ayer que, "lamentablemente, no podr¨¢n quedarse con nosotros". El supuesto afectar¨¢ a varias decenas de miles de personas, las cuales podr¨ªan ser expulsadas hacia sus pa¨ªses de origen. Ello ser¨¢ m¨¢s dif¨ªcil de evitar si prospera la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa, seg¨²n el anteproyecto que con toda probabilidad aprobar¨¢ ma?ana el Consejo de Ministros, pese a la petici¨®n de aplazamiento planteada ayer por los socialistas.Hasta ahora se han tramitado unos 100.000 expedientes, de los que se han resuelto favorablemente cerca de 85.000. Ello significa que entre 30.000 y 50.000 solicitudes ser¨¢n denegadas. La ley actual, aprobada en enero con un ampl¨ªsimo respaldo, favorece la regularizaci¨®n permanente y dificulta la expulsi¨®n. ?se fue uno de los argumentos aducidos por el Gobierno para su reforma: que se difuminaba la distinci¨®n entre legales e ilegales y en la pr¨¢ctica era casi imposible la expulsi¨®n de los segundos. Por ello mismo, es improbable que acceda a la moratoria solicitada por los socialistas, que anunciaron ayer estar preparando un documento que permita recomponer el consenso sobre la cuesti¨®n.

La reforma figuraba en el programa electoral del PP, y aunque el Gobierno siempre ha hablado de la conveniencia de un amplio acuerdo que evite la confrontaci¨®n, trabaja con la red de su mayor¨ªa absoluta, que le asegura en todo caso sacar adelante la reforma. La manera como la ha abordado indica que su opci¨®n es tratar de resolver el asunto cuanto antes. Es decir, pasar r¨¢pidamente el trago de rectificar lo aprobado hace apenas medio a?o en las circunstancias conocidas: el PP respald¨® su articulado dando por supuesto que no habr¨ªa tiempo de aprobarla antes de la disoluci¨®n de las Cortes, pero fallaron las cuentas y qued¨® atrapado en su propia trampa.

Las prisas por rectificar el error de c¨¢lculo se manifestaron en el incumplimiento del tr¨¢mite de someter el anteproyecto al preceptivo dictamen del Consejo del Poder Judicial, lo que dej¨® sin efecto la aprobaci¨®n por el Gobierno, el 7 de julio, de un primer anteproyecto. Fern¨¢ndez Miranda indic¨® ayer que el nuevo texto incorpora las recomendaciones del CGPJ, esencialmente en lo relativo a las garant¨ªas judiciales frente a actuaciones administrativas.

Pero el Consejo tambi¨¦n criticaba las prisas por reformar una norma sin dejar tiempo suficiente para comprobar su funcionamiento en la pr¨¢ctica. Los sindicatos y otras asociaciones interesadas han insistido en ese aspecto, discutiendo que existan datos reales que demuestren la existencia de un supuesto efecto llamada y tambi¨¦n que sea una ley tan a contrapelo de la legislaci¨®n europea como sostiene el Gobierno. En todo caso, algunos expertos, incluyendo personas pr¨®ximas al PP, han defendido que un buen reglamento -que el Gobierno se ha abstenido de redactar- habr¨ªa sido suficiente para evitar eventuales efectos indeseables de la ley.

Por su parte, la petici¨®n de demora de los socialistas, solicitada p¨²blicamente ayer, es bastante ins¨®lita. Proponer al Gobierno que espere a que la oposici¨®n cuente con un proyecto alternativo, susceptible de ser consensuado, es algo que seguramente contar¨¢ con pocos precedentes. Es cierto que dar¨ªa al Gobierno la oportunidad de demostrar que iba en serio cuando hablaba de no supeditar las posibilidades de consenso a la ventaja de la mayor¨ªa absoluta. Pero una audacia semejante s¨ª que ser¨ªa ins¨®lita.