El Gobierno niega derechos pol¨ªticos a los "ilegales" pese al criterio del Poder Judicial

"Esta ley permitir¨¢ hacer una pol¨ªtica de inmigraci¨®n efectiva porque distingue entre inmigrantes legales e ilegales". ?sta es la clave de la reforma de la Ley de Extranjer¨ªa que ayer aprob¨® el Consejo de Ministros desoyendo el criterio de organizaciones sociales y partidos pol¨ªticos. La diferencia entre extranjeros legales e ilegales, seg¨²n expres¨® el vicepresidente Mariano Rajoy, justifica que se haya desestimado la sugerencia del Consejo General del Poder Judicial de reconocer a todos los inmigrantes, sin distinciones, derechos pol¨ªticos de ejercicio colectivo, como los de asociaci¨®n y huelga. De las 17 observaciones del Poder Judicial se han incluido 12, y de las 10 del Consejo de Estado se aceptan 5. A consecuencia de ello, se modifican 13 art¨ªculos de la ley.

Los derechos de reuni¨®n, asociaci¨®n, manifestaci¨®n, sindicaci¨®n y huelga no les ser¨¢n reconocidos a los inmigrantes que se encuentren en situaci¨®n de irregularidad en Espa?a. Si finalmente sale adelante la reforma de la actual Ley de Extranjer¨ªa aprobada ayer en Consejo de Ministros, s¨®lo los residentes "legales" podr¨¢n disfrutar de esos derechos. As¨ª se desprende del proyecto de reforma de la Ley de Extranjer¨ªa que el Gobierno ha dejado listo, para su remisi¨®n a las Cortes, antes de iniciar las vacaciones de verano. "Se trata de derechos pol¨ªticos", explic¨® Rajoy. "No tiene sentido reconocerle el derecho de huelga, por ejemplo, a un persona que se encuentra ilegalmente en el pa¨ªs, es metaf¨ªsicamente imposible", argument¨®. A la hora de aplicar tales derechos pol¨ªticos, el informe del CGPJ no hac¨ªa distinci¨®n entre inmigrantes legales e ilegales, por considerar que los derechos de reuni¨®n, asociaci¨®n, manifestaci¨®n, sindicaci¨®n y huelga son todos ellos derechos fundamentales -y as¨ª es como est¨¢n recogidos en la Constituci¨®n-. Pero Rajoy no entiende que se pueda dar estos derechos a los "ilegales". "No lo hemos llegado a entender a pesar de hacer un esfuerzo colosal", ironiz¨® sobre tal recomendaci¨®n del Poder Judicial.

Adem¨¢s, indic¨® que algunas de las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial se contradicen con las del Consejo de Estado, "de forma que se plantea la duda de qui¨¦n tiene raz¨®n".

Sin embargo, otras sugerencias del informe que el Poder Judicial remiti¨® al Gobierno s¨ª han sido incluidas en el texto de reforma que llegar¨¢ al Parlamento. Entre ellas destacan las que se refieren a que exista una mayor especificaci¨®n sobre las limitaciones a la libre circulaci¨®n de los inmigrantes y sobre las garant¨ªas procedimentales. As¨ª, deber¨¢ hacerse expl¨ªcita la posibilidad de presentar recursos, indicando en qu¨¦ instituciones y en qu¨¦ plazos. Tambi¨¦n se incluye el derecho a la asistencia letrada y a int¨¦rprete para aquellos extranjeros a los que se les impida el paso en la frontera.

El proyecto de ley ser¨¢ enviado al Parlamento para que se tramite por la v¨ªa de urgencia y, seg¨²n afirm¨® Rajoy, se pretende que la normativa est¨¦ aprobada para finales de este a?o. "El Gobierno pretende acertar", dijo el vicepresidente primero del Gobierno, "con una posici¨®n de sensatez, equilibrio y responsabilidad". Para ello, explic¨®, es necesario "empezar por regular los procedimientos de entrada en Espa?a para garantizar que todas las personas que lleguen a Espa?a vivan con dignidad".

Este argumento fue utilizado por Rajoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para revelar las ¨²ltimas cifras de extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Seg¨²n Rajoy, en cuesti¨®n de un a?o y medio, el n¨²mero de inmigrantes asegurados ha pasado de 229.748, en diciembre de 1998, a 400.040 a finales de junio de este a?o.

A la celeridad que el Ejecutivo ha impuesto a la aprobaci¨®n del proyecto de ley -sale adelante en los 100 primeros d¨ªas del nuevo Gobierno, que goza de mayor¨ªa absoluta- se enfrentaba la propuesta del PSOE de aplazarla un mes en aras de un posterior pacto de Estado. No s¨®lo no ha sido as¨ª, sino que Rajoy aprovech¨® para criticar la actitud del principal partido de la oposici¨®n. "Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. No se pueden hacer afirmaciones contradictorias como las que hoy ha realizado el partido socialista, pidiendo por una parte que frenemos la inmigraci¨®n de menores y, por otra, que aplacemos la aprobaci¨®n de la reforma", ironiz¨®.

No obstante, en nombre del Ejecutivo, el vicepresidente afirm¨® que est¨¢ abierto a todo tipo de propuestas y negociaciones, siempre que no impliquen aceptar la ley actual, aprobada, a finales de la pasada legislatura, en contra del criterio del PP. Y aprovech¨® para recordar que esta reforma obedece a un compromiso electoral.

Reiter¨® que Espa?a debe ser un pa¨ªs de acogida, y subray¨® que no hay ning¨²n pa¨ªs del mundo que no regule la entrada de personas. "Decir a los ciudadanos del mundo que a Espa?a se puede entrar sin ning¨²n tipo de requisitos es enga?ar a la gente", afirm¨®. En este mismo sentido, argument¨® que la reforma tiene que ir en la l¨ªnea del resto de los pa¨ªses de la UE, donde "pronto va a existir una pol¨ªtica de inmigraci¨®n com¨²n".

Las posibles expulsiones

Con respecto a todos aquellos inmigrantes que permanecer¨¢n en situaci¨®n de irregularidad por no haberse podido acoger al proceso extraordinario de regularizaci¨®n que se cerr¨® el pasado 31 de julio, Rajoy afirm¨® que el Gobierno tiene dos opciones: "Aplicar la ley o no aplicarla". La obligaci¨®n del Ejecutivo, dijo, es acatar la ley. Esto significa que si, finalmente y como recoge el texto del proyecto de reforma, se convierte en motivo de expulsi¨®n el hecho de carecer de papeles, el Gobierno podr¨¢ proceder a la expulsi¨®n de quienes se encuentren en Espa?a sin la documentaci¨®n en regla. No obstante, Rajoy, neg¨® que se vaya a realizar una deportaci¨®n masiva y garantiz¨® que "Espa?a har¨¢ el mayor esfuerzo del que sea capaz para intentar que los pa¨ªses de donde proceden las personas que intentan entrar en el pa¨ªs tengan un mejor nivel de vida."