La APM defiende al Gobierno y Jueces para la Democracia ve riesgo de inconstitucionalidad

La reforma legal que buscaba el PP ha recibido al fin el espaldarazo del Gobierno, aunque no ser¨¢ tan dura como anunciaba el Ejecutivo en su anteproyecto. Determinadas observaciones aportadas por el Poder Judicial y el Consejo de Estado han calado. Son las referentes, principalmente, al reagrupamiento familiar, la asistencia letrada en puestos fronterizos y diversas especificaciones garantistas en los recursos contra las expulsiones y los retornos forzosos. Frente a otros colectivos de jueces, la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) apoy¨® la decisi¨®n de que no se reconozcan derechos pol¨ªticos a los "ilegales".

Cambios en 13 art¨ªculos

La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura considera "razonables" los argumentos del Gobierno para rechazar la recomendaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial de incluir en el proyecto de ley el reconocimiento de los derechos de huelga, sindicaci¨®n, reuni¨®n y asociaci¨®n a los inmigrantes en situaci¨®n irregular. El Ejecutivo ve "poco sentido" a esa propuesta, y recurre a la inexistencia de precedentes para justificar su rechazo. Las asociaciones Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia, sin embargo, consideran acertado el informe del CGPJ y lamentan que el Gobierno haya deso¨ªdo algunas de su propuestas. "Que no exista precedente no quiere decir que no podamos ser nosotros los pioneros", declar¨® a Europa Press Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria. Por su parte, Jos¨¦ Luis Requero, de la APM, reconoce que alg¨²n derecho, como el de reuni¨®n, puede extenderse a todo el mundo, pero no as¨ª otros como el de sindicaci¨®n o el de huelga, que corresponden a la condici¨®n de trabajador y, en consecuencia, "legal".

"Hay derechos ligados a la condici¨®n de persona, como el derecho a la vida, y otros ligados a la condici¨®n de ser nacional o a la situaci¨®n de legalidad en un pa¨ªs", subray¨®. Por eso ve "razonable" que el Ejecutivo haya rechazado reconocer estos derechos a los inmigrantes en situaci¨®n de ilegalidad. "No es una medida arbitraria, ni inhumana, ni contraria a los derechos humanos, y no parece que se conculque la Constituci¨®n", apostill¨®.

No opina as¨ª Ricardo Bodas, de Jueces para la Democracia, que considera que la ley actual posibilita una "salida integradora" para los inmigrantes, por lo que rechaza una modificaci¨®n del texto. "La vigente ley cubre esas expectativas de forma generosa y razonable y el CGPJ se hizo eco de esa voluntad de integraci¨®n al pedir que se aseguraran los derechos de las personas", se?al¨®. Por eso, lamenta que se haya deso¨ªdo al CGPJ y advierte al Gobierno de que la nueva ley "va a salir coja, con menos consenso del necesario y con el riesgo de que sea impugnada ante el Tribunal Constitucional", ya que, asegura, los convenios internacionales tienden a reconocer que los derechos laborales son inherentes al trabajador, tenga o no papeles.

Gonz¨¢lez Armengol (Francisco de Vitoria) apoya las tesis del CGPJ, cuyo informe "era correcto y se ajustaba al esp¨ªritu constitucional", y se pregunta por qu¨¦ Espa?a no puede ser "pionera" en el reconocimiento de estos derechos a las personas que se encuentran en situaci¨®n irregular. S¨ª apuesta por reforzar los controles preventivos policiales para que no haya "entradas masivas" de ilegales a Espa?a, pero, se?ala, una vez que est¨¢n dentro "no hay que discriminar entre nacionales y extranjeros". En su criterio, todav¨ªa no se ha comprobado la bondad o maldad de la actual norma, un texto que, a su juicio, es "t¨¦cnicamente bueno", si bien s¨ª es posible "aquilatar" algunos puntos.

Las sugerencias del Poder Judicial y del Consejo de Estado tenidas en cuenta por el Gobierno modifican 13 art¨ªculos del texto que hab¨ªa sido aprobado el 13 de junio sin previa consulta a ambos organismos. Las principales modificaciones se destacan en el cuadro adjunto.En el art¨ªculo 5, sobre el derecho a la libre circulaci¨®n, se recoge la demanda del CGPJ para que se motiven de forma individualizada, y atendiendo a las circunstancias que concurran, las razones que obligan a limitar los movimientos de un inmigrante. En el art¨ªculo 9 se reconoce la educaci¨®n no s¨®lo como un derecho sino como un deber, que era una de las propuestas del Consejo de Estado.

En el art¨ªculo 17, el Gobierno ha desechado las recomendaciones del CGPJ que ped¨ªan extender el derecho de reagrupaci¨®n familiar a todos los familiares que llegaran a Espa?a, en beneficio de la consideraci¨®n del Consejo de Estado que, en sentido contrario, ped¨ªa que este derecho se limite al residente.

En el art¨ªculo 20, sobre el derecho a la asistencia jur¨ªdica gratuita, se reconoce el derecho a un abogado gratuito y a un int¨¦rprete para aquellos extranjeros a los que se les haya negado la entrada en un puesto fronterizo. Esto supone una variaci¨®n, inducida por el CGPJ, con respecto al borrador inicial, que s¨®lo le reconoc¨ªa este derecho a los extranjeros que se encontrasen en Espa?a y no a aquellos que hubiesen sido detenidos en frontera o intentando entrar ilegalmente en el pa¨ªs.