Pinochet, vencido, sin gloria ni fuero

La noche del jueves pasado, d¨ªa 10 de agosto, Luc¨ªa Hiriart, esposa del general Augusto Pinochet, particip¨® en una cena de recolecci¨®n de fondos ben¨¦ficos, a la que acudieron alrededor de 200 personas. La esposa del ex dictador calific¨® el desafuero de su marido, hecho p¨²blico el martes 8 por la Corte Suprema de Justicia de Chile, como una decisi¨®n "cobarde e injusta". Se pregunt¨® en voz alta: "?Por qu¨¦ no le hicieron un juicio pol¨ªtico cuando dej¨® la presidencia?". La que fuera primera dama de Chile durante la dictadura se respondi¨® a s¨ª misma: "No, esperaron a que estuviera enfermo, viejo y sin poder. ?Es eso justo? ?Somos un pa¨ªs en el que de verdad reina la justicia?".Enfermo, viejo y sin poder. Recuerda a Napole¨®n: "Pero vivir vencido y sin gloria es morir todos los d¨ªas".

Una mayor¨ªa de 14 contra 6 ministros (magistrados) vot¨® en la Corte Suprema de Justicia el pasado martes 1 de agosto a favor de anular el fuero parlamentario del que gozaba el senador vitalicio Pinochet, autodesignado en 1990. El ministro (magistrado) Juan Guzm¨¢n Tapia, que instruye 154 querellas criminales contra el ex dictador, hab¨ªa solicitado la anulaci¨®n de dicho fuero para poder tomar declaraci¨®n a Pinochet y, eventualmente, procesarle por su participaci¨®n como autor, c¨®mplice o encubridor en los cr¨ªmenes de la llamada Caravana de la Muerte, una comitiva que en octubre de 1973 sembr¨® de 75 cad¨¢veres el norte y sur de Chile.

El fallo favorable al desafuero -que confirmaba el adoptado con anterioridad, el 25 de julio, por la Corte de Apelaciones de Santiago- trascendi¨® inmediatamente, pero el tribunal opt¨® por no informar el resultado de la votaci¨®n con el argumento de que hasta que no se plasmara por escrito los ministros pod¨ªan modificar el voto. Finalmente, el pasado martes 8, ya redactados y firmados los fallos de mayor¨ªa y minor¨ªa, la Corte oficializ¨® el resultado: una resoluci¨®n de contenido jur¨ªdico tan dura como mayoritaria.

Aun cuando todos los poderes, oficiales y f¨¢cticos, conoc¨ªan el resultado de la votaci¨®n, la oficializaci¨®n del resultado estremeci¨® a Chile. El Gobierno de Ricardo Lagos no quiso hacer sangre quiz¨¢ para no aumentar la tensi¨®n con la derecha y los militares, y prefiri¨® vincular el futuro procesal de Pinochet a los ex¨¢menes m¨¦dicos y a la posible aplicaci¨®n de la Ley de Amnist¨ªa. Los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros se reunieron y decidieron visitar ese mismo martes 8 al general Pinochet en su chal¨¦ de La Dehesa, en un barrio residencial de Santiago. Los partidos de la derecha, unidos en Alianza por la Democracia, atacaron el fallo y solicitaron una sesi¨®n del Senado para debatir lo que ocurri¨® en Chile el 11 de septiembre de 1973. La sesi¨®n fue convocada por el presidente del Senado, el democristiano Andr¨¦s Zald¨ªvar, para el pr¨®ximo mi¨¦rcoles 16 de agosto.

En todo el estruendo pol¨ªtico de la derecha chilena, una voz destac¨® por su mesura: la de Joaqu¨ªn Lav¨ªn, candidato a la alcald¨ªa de Santiago en las elecciones del pr¨®ximo mes de octubre. El que fuera candidato a las presidenciales de diciembre y enero pasado por la Uni¨®n Dem¨®crata Independiente (UDI), cuyos resultados se quedaron a s¨®lo 30.000 votos del ganador, el socialista Ricardo Lagos, dijo que las resoluciones judiciales deben ser respetadas. Lavin tampoco acudi¨® a La Dehesa para honrar al ex dictador con su solidaridad. Dijo que estaba muy absorbido por la campa?a puerta a puerta de las elecciones municipales.

Lav¨ªn est¨¢ subiendo en las encuestas. Y esas mismas encuestas indicaban los pasados jueves y viernes que un 52% de los chilenos es favorable al desafuero del general Pinochet. Por tanto, Lav¨ªn no quiere fotos con Pinochet.

El fallo de la mayor¨ªa del tribunal es una resoluci¨®n muy dura para Pinochet, pues rechaza todos los argumentos procesales, incluyendo en primer¨ªsimo lugar los ex¨¢menes m¨¦dicos solicitados, dirigidos a bloquear de partida la posibilidad de imputar al ex dictador en los cr¨ªmenes de la Caravana de la Muerte.

Los magistrados que han elaborado los argumentos del fallo fueron Marcos Libedinsky, un magistrado que ya fue ministro en la Corte de Apelaciones de Santiago, y Urbano Mar¨ªn, ministro que fue designado recientemente en la Corte Suprema.

Libedinsky es un penalista reconocido, pero no se le puede considerar un revolucionario. Fue uno de los magistrados contados con los dedos de una sola mano que se atrevi¨® a conceder recursos de habeas corpus durante la dictadura, pero no es menos cierto que aplic¨®, en 1993, la Ley de Amnist¨ªa a los asesinos del funcionario espa?ol de Naciones Unidas Carmelo Soria, nieto del urbanista Arturo Soria, asesinado por agentes de la polic¨ªa secreta de Pinochet, la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional, el 15 de julio de 1976. Libedinsky, tras ser identificados los asesinos, cerr¨® el caso sin agotar todas las diligencias solicitadas, aplic¨¢ndole la ley de autoamnist¨ªa. Una apelaci¨®n a la Corte Suprema logr¨® que se revocara la decisi¨®n de Libedinsky. En 1994, el ministro de la Corte Suprema Eleodoro Ortiz, el primero nombrado por el presidente Eduardo Frei, reabri¨® las diligencias. En 1996, Ortiz decidi¨®, finalmente, archivar la causa. Tambi¨¦n Ortiz, por cierto, ha votado a favor del desafuero de Pinochet en la Corte Suprema.

Hay dos puntos que ayudan a entender la posici¨®n de los magistrados, tanto de la Corte de Apelaciones como de la Suprema.

El primero es la presi¨®n internacional. En 1995, el Gobierno de Bill Clinton presion¨® al Gobirno de Frei para que se juzgara al todopoderoso general Manuel Contreras, jefe de la DINA bajo Pinochet. Y fue juzgado y condenado a siete a?os de prisi¨®n. El fallo fue redactado, precisamente, por el ministro Eleodoro Ortiz. En este a?o 2000, tras el arresto del general Pinochet durante casi diecisiete meses en Londres, ya no es Espa?a, sino la comunidad internacional quien exige mano dura.

Con todo, aun con toda la presi¨®n, la causa Caravana de la Muerte aporta un material probatorio indiciario fundamental contra Pinochet. Porque ha quedado acreditado por el juez Guzm¨¢n, en las declaraciones y diligencias de careo que Pinochet envi¨® al general Sergio Arellano Stark, ya procesado por estos hechos, en calidad de "oficial delegado" suyo a realizar las ejecuciones y asesinatos en octubre de 1973. Los magistrados se?alan en su fallo que la "verticalidad" en el Ej¨¦rcito apunta a la responsabilidad de Pinochet "como autor, c¨®mplice o encubridor".

El juez Guzm¨¢n ha anunciado que tomar¨¢ declaraci¨®n, como inculpado, al general Pinochet una vez que la Corte Suprema le env¨ªe la causa y pueda preparar las preguntas. El juez visitar¨¢ al ex dictador en su chal¨¦ y le formular¨¢ las preguntas. En cuanto a los ex¨¢menes m¨¦dicos, ¨¦stos, seg¨²n el C¨®digo de Procedimiento Penal vigente, pueden realizarse en cualquier momento para personas de m¨¢s de 70 a?os.