Listas de pederastas

Los padres que reclaman conocer el nombre y la direcci¨®n de los pederastas que habitan en su localidad o barrio ni est¨¢n locos ni son furiosos fascistas. La suya es una exigencia comprensible desde el leg¨ªtimo temor de cualquier padre a que sus hijos sean v¨ªctimas de abusos. Pero de ah¨ª a la publicaci¨®n por la prensa sensacionalista de las listas de agresores sexuales fichados por la polic¨ªa, como ha sucedido en el Reino Unido y B¨¦lgica recientemente, hay un abismo. La campa?a Nombra y Averg¨¹enza, lanzada por el peri¨®dico News of the World, es, adem¨¢s de oportunista (el diario aprovech¨® la terrible muerte de la ni?a inglesa Sarah Payne), un cortocircuito intencionado en las reglas propias de un Estado de derecho.La publicaci¨®n de los archivos de pederastas no s¨®lo dificulta la labor policial y de los servicios sociales que tratan de controlar y rehabilitar a estas personas, sino que quiebra la convivencia entre los ciudadanos. Los resultados de la barbaridad de esa publicaci¨®n amarilla son: el suicidio de dos personas en espera de juicio, ataques contra pederastas que ya hab¨ªan cumplido condena y contra inocentes, la huida de algunos agresores por temor a ser linchados. Y una poblaci¨®n convertida en una turba ansiosa por tomarse la justicia por su mano.

Hoy son los pederastas, pero ma?ana, la ciudadan¨ªa puede exigir las listas de enfermos de sida, de drogadictos, de personas con antecedentes policiales o, simplemente, de los clientes de un videoclub que alquilan a menudo pel¨ªculas pornogr¨¢ficas. Y as¨ª, hasta llegar a un Estado parapolicial donde la denuncia arbitraria -no hay que olvidar la lamentable iniciativa, r¨¢pidamente subsanada, del Partido Popular de abrir en su p¨¢gina web un espacio para tramitar denuncias de ciudadanos contra supuestos narcotraficantes- y la ley de Lynch campar¨ªan a sus anchas.

El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y a las administraciones corresponde neutralizar la amenaza que suponen los agresores sexuales. Pero de forma civilizada, con la ley en la mano, la vigilancia policial bien organizada y aplicando tratamientros que permitan la rehabilitaci¨®n de los pederastas. Un pederasta colgado, lapidado por los medios de comunicaci¨®n o repudiado por sus vecinos es la barbarie en estado puro; y una perversi¨®n de la democracia.