El Consejo de Estado advierte al Gobierno de que su plan para RTVE es inconstitucional

El plan del Gobierno para mejorar la gesti¨®n de Radio Televisi¨®n Espa?ola (RTVE) "plantea el problema de una posible inconstitucionalidad". As¨ª de rotundo se muestra el Consejo de Estado en el dictamen que aprob¨® a finales de julio y en el que analiza los dos borradores de decreto ley de "reordenaci¨®n del sector p¨²blico empresarial" elaborados por el Ejecutivo y que prev¨¦n la adscripci¨®n del control de la gesti¨®n financiera de RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -que agrupa las empresas p¨²blicas y depende de Hacienda- , as¨ª como su "dependencia funcional" de Presidencia.

El Consejo de Estado, ¨®rgano consultivo, pero cuyas opiniones tienen un gran peso, considera que el traspaso de RTVE a la SEPI -proyecto muy criticado por la oposici¨®n- "debe producirse mediante norma con rango de ley" y no por decreto. En el dictamen, el ¨®rgano que preside ??igo Cavero no oculta su recelo por las consecuencias de una iniciativa que llega a calificar de "inmadura", "apresurada" y "aparentemente excesiva".Una frase, rotunda, resume la opini¨®n del Consejo: "La adscripci¨®n [de RTVE] a la SEPI implica el sometimiento a la determinaci¨®n externa de unos criterios que no pueden dejar de incidir en la actividad del ente p¨²blico; cabr¨ªa pensar que s¨®lo en lo puramente econ¨®mico, pero un elemental ejercicio de realismo llevar¨ªa a reconocer que quiz¨¢ tuviera trascendencia respecto de su misma orientaci¨®n".

La conclusi¨®n final del dictamen es, por lo tanto, demoledora para el Ejecutivo. "A juicio del Consejo de Estado, no debe procederse a la modificaci¨®n del Estatuto de RTVE" como pretende el Gobierno. Esa modificaci¨®n, por decreto, cambiar¨ªa la esencia de la Ley 4/1980 que prev¨¦ el control parlamentario de RTVE y el nombramiento de sus consejeros por el Congreso y el Senado.

En todo caso, y si el Ejecutivo persiste en su idea, el Consejo recomienda "ejercer las iniciativas legislativas pertinentes mediante la remisi¨®n a las Cortes Generales de proyectos de ley", renunciando a la v¨ªa del decreto por las repercusiones para el funcionamiento del ente, las repercusiones sobre los derechos recogidos en la Constituci¨®n "y por la inmadurez de que adolece la iniciativa en su apresurada y aparentemente excesiva pretensi¨®n -bajo el pretexto de atender a un problema concerniente a un concreto ente p¨²blico- de abordar una reordenaci¨®n del sector p¨²blico en t¨¦rminos que dif¨ªcilmente pueden ajustarse a la exigencia del Tribunal Constitucional de que las medidas adoptadas por real decreto-ley sean concretas y de eficacia inmediata".

En los borradores legales enviados el 20 de julio al Consejo de Estado (ver EL PA?S del 31 de julio), el Gobierno justificaba el recurso al decreto para mejorar la gesti¨®n del ente p¨²blico en la dif¨ªcil situaci¨®n financiera que atraviesa RTVE -con una deuda de 650.000 millones- y en la obligaci¨®n de cumplir los compromisos asumidos con la Uni¨®n Europea en materia de estabilidad presupuestaria.

Pero el Consejo de Estado recuerda al Gobierno que el real decreto-ley que propone el Ejecutivo "plantea el problema de una posible inconstitucionalidad al carecer de un contenido directamente aplicable, pues el Tribunal Constitucional exige que las medidas requeridas para hacer frente a la situaci¨®n extraordinaria y urgente necesidad (sic) sean concretas y de eficacia inmediata". En otras palabras, en este caso, la v¨ªa del decreto no se justifica. Para que no quede duda, el dictamen remacha: "La necesidad no es sobrevenida ni imprevista, ya que la situaci¨®n deficitaria de RTVE es end¨¦mica, aunque el d¨¦ficit pudiera venir aumentando en a?os recientes".

Por si el argumento no estuviera suficientemente claro, el Consejo de Estado abunda en otro de sus extremos. Seg¨²n el dictamen aprobado, la adscripci¨®n de RTVE a la SEPI requerir¨ªa una modificaci¨®n de su Estatuto, ya que legalmente, el organismo que dirige Pedro Ferreras s¨®lo puede hacerse cargo de empresas que tengan forma jur¨ªdica mercantil, es decir, que tengan acciones, lo que no es el caso de RTVE. El problema surge a la hora de cambiar el Estatuto de la SEPI, que est¨¢ recogido en la Ley 5/1996 de 10 de enero. Como en el caso del Estatuto de RTVE, una modificaci¨®n de la ley requiere otra ley, no un simple decreto.